La Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander ofrecieron una recompensa de hasta $40 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, un trabajador de 41 años vinculado a una empresa contratista de Ecopetrol.
El homicidio ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, en un pozo petrolero del corregimiento El Centro, ante otros empleados que cumplían su turno. La víctima se desempeñaba como maquinista del equipo Workover Braserv Rig 32, de la empresa Braserv, que presta servicios para operaciones de la industria petrolera en la zona.
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De acuerdo con las versiones preliminares, un grupo de hombres armados ingresó al lugar de trabajo, preguntó por él y le disparó en repetidas ocasiones. Sus compañeros intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, el trabajador falleció por la gravedad de las heridas.
El crimen motivó un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron autoridades locales, la Gobernación de Santander y la fuerza pública. Allí se definió el ofrecimiento económico y se anunciaron medidas para reforzar la presencia de la Policía, el Ejército y la Armada en El Centro y otros sectores de Barrancabermeja.
Hombres armados preguntaron por la víctima antes del ataque

El homicidio se registró en el pozo LC-2086, ubicado en la vereda Planta Nueva, dentro del corregimiento El Centro. Según la información conocida por las autoridades y organizaciones sindicales, los atacantes llegaron hasta las instalaciones petroleras durante la madrugada.
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La Unión Sindical Obrera (USO) indicó que los hombres armados y encapuchados intimidaron a los trabajadores presentes y les habrían quitado sus teléfonos celulares. Luego preguntaron de forma específica por Rodríguez Villalba. Cuando identificaron al maquinista, le dispararon presuntamente frente a sus compañeros. Tras el ataque, los responsables escaparon del lugar.
Las autoridades judiciales buscan establecer cómo ingresaron los agresores al pozo, cuál fue su ruta de salida y si contaron con información previa sobre los turnos de trabajo o la ubicación de la víctima dentro de las instalaciones.
También avanzan en la recolección de testimonios y en la verificación de elementos que permitan determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales del crimen.
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Las autoridades revisan posibles amenazas recibidas en 2024
Uno de los elementos que forma parte de la investigación son los panfletos intimidatorios que circularon en la región durante 2024 y en los que habría aparecido el nombre de Daison Jhoani Rodríguez Villalba.
Presuntamente, el trabajador habría sido mencionado en esos documentos. Por ahora, no existe una confirmación oficial que establezca una relación entre aquellas amenazas y el homicidio ocurrido en el pozo petrolero.
El secretario de Seguridad de Barrancabermeja, Didier González, afirmó que el objetivo de la recompensa es obtener datos concretos que permitan avanzar en la judicialización de los responsables.
“Se ha ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información veraz y oportuna que conduzca a la identificación, captura y judicialización de los responsables”, manifestó el funcionario.
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Campetrol y la USO pidieron mayores garantías de seguridad
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) rechazó el asesinato y expresó solidaridad con los familiares de Rodríguez Villalba, sus compañeros y la empresa Braserv, afiliada a ese gremio.
La organización señaló que la protección de la vida y la integridad de los trabajadores debe ser una prioridad en los territorios donde se desarrollan actividades de hidrocarburos.

“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, el respeto por la dignidad humana y la protección de la integridad de las personas”, expresó Campetrol en un comunicado divulgado después del homicidio.
Por su parte, la USO advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el corregimiento El Centro. Martín Ravelo, presidente del sindicato, rechazó el crimen y aseguró que el trabajador fue atacado mientras cumplía con sus labores.
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El sindicato pidió a las autoridades civiles, a Ecopetrol y a los organismos de seguridad adoptar medidas para proteger a la población del corregimiento y a quienes trabajan en los campos petroleros de la región.
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