Reforma tributaria: qué empresas pagarían más impuestos y cuáles podrían reducir su renta del 35% al 31%

La reforma tributaria plantea una reducción de la tarifa general de renta empresarial del 35% al 31% desde 2028, aunque varias compañías tendrían mayores pagos por aportes patronales, sobretasas o gravámenes aplicables a sus productos. El alcance definitivo dependerá de la discusión del proyecto en el Congreso de la República.

Según información de El Tiempo, el proyecto combina medidas para aumentar el recaudo con incentivos a inversiones de gran escala, ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA), cambios patrimoniales y facilidades para contribuyentes con obligaciones pendientes.

Las proyecciones incluidas en la iniciativa indican que los cambios para licores aportarían $2,08 billones adicionales; los de cerveza, $7,1 billones, y los impuestos a bebidas endulzadas, $1,8 billones desde 2028. En contraste, la reducción de la renta corporativa disminuiría los ingresos fiscales en $4,1 billones en 2027 y en $12 billones en 2028.

Esas cifras corresponden a medidas distintas y no representan una contribución homogénea de las empresas. Parte de los impuestos al consumo puede trasladarse al precio final de los productos y los mayores aportes laborales se destinan a la financiación de la seguridad social.

La tarifa general de renta bajaría de 35% a 31%

El artículo 57 del proyecto establece que la tarifa general de renta para sociedades bajaría al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.

El cambio recaería sobre la renta líquida gravable, no sobre las ventas. Una empresa con una base gravable de $1.000 millones pagaría $350 millones con la tarifa vigente, $330 millones en 2027 y $310 millones desde 2028, antes de aplicar deducciones, descuentos u otros tratamientos tributarios.

La tasa mínima de tributación depurada del 15% quedaría dirigida a entidades pertenecientes a grupos multinacionales con ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros durante el año anterior. Las compañías que no alcancen ese umbral seguirían obligadas a pagar renta bajo el régimen ordinario.

El sector financiero conservaría una sobretasa hasta 2030

La disminución de la tarifa general no aplicaría plenamente a las entidades financieras. Bancos, aseguradoras, reaseguradoras y otras instituciones del mercado de valores incluidas en la norma mantendrían una sobretasa de cinco puntos hasta 2030.

La tarifa total para esas empresas sería de 38% en 2027 y de 36% entre 2028 y 2030, siempre que registren una renta gravable igual o superior a 120.000 Unidades de Valor Tributario (UVT).

Además, el proyecto prevé que esas entidades anticipen el 100% de la sobretasa, en dos cuotas. La medida mantendría al sector financiero con una carga superior a la que tendría el resto de sociedades bajo la nueva tarifa corporativa.

Empresas con trabajadores que ganen más de dos mínimos asumirían mayores aportes

Los artículos 20 y 21 limitarían la exoneración de aportes patronales a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La exoneración permanecería para empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos. Cuando el ingreso sea superior a dos y llegue hasta tres salarios mínimos, el empleador pagaría 4% para salud, 1% para el Sena y 1% para el ICBF.

Para trabajadores con salarios superiores a tres mínimos, volverían a regir los aportes completos: 8,5% a salud, 2% al Sena y 3% al ICBF. En el caso de un trabajador que gane cuatro salarios mínimos y que hoy esté cubierto por la exoneración, esos tres pagos representarían un costo patronal equivalente al 13,5% de la base salarial.

El Ministerio de Hacienda estima que la recuperación de aportes patronales para salud generaría recursos para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) equivalentes al 0,38% del producto interno bruto en 2027.

Luis Fernando Mejía, presidente de Lumen, señaló que la medida busca una fuente de financiación para la salud. El economista ha propuesto que el umbral se ubique en tres salarios mínimos, frente a los dos incluidos en el proyecto. Los mayores aportes serían deducibles de renta, por lo que el efecto para las empresas también dependería de la reducción de la tarifa general.

Grandes proyectos de inversión podrían acceder a una renta del 20%

La iniciativa crearía el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), destinado a proyectos nacionales o extranjeros en infraestructura, energía, recursos naturales, industria, economía digital, agroindustria, turismo, servicios y otras actividades elegibles.

Los proyectos que inicien su ejecución en 2027 o 2028 podrían acceder a una tarifa de renta del 20% y a estabilidad en determinadas materias durante 16 años. Para inversiones que comiencen desde 2029, la tarifa sería del 26%.

El régimen excluiría a los sectores de comercio, finanzas, seguros e inmobiliario. También exigiría montos mínimos de inversión que irían desde 2,58 millones hasta 8,14 millones de UVT, según la actividad.

La compra de acciones, negocios existentes, terrenos o capital de trabajo no serviría para cumplir con esos mínimos. El proyecto permitiría depreciar hasta el 50% anual de maquinaria y equipos, y hasta el 10% anual de construcciones, sin superar el costo fiscal.

A cambio, las empresas tendrían que ejecutar normalmente el 40% de la inversión comprometida durante los primeros dos años. Al menos el 30% de las compras elegibles debería destinarse a proveedores nacionales y una tercera parte de ese porcentaje a mipymes o proveedores del departamento donde se realice el proyecto.

César Pabón, de Corficolombiana, ha resaltado la necesidad de reglas estables para las inversiones. Mejía, en cambio, ha advertido que el Estatuto Tributario requiere menos exenciones e incentivos sectoriales.

Licores, cerveza, tabaco y bebidas endulzadas tendrían nuevas cargas

La propuesta aumentaría el IVA de los licores del 5% al 19%. Además, el impuesto al consumo tendría un componente de $750 por grado de alcohol para una presentación de 750 centímetros cúbicos y otro del 35%.

Para la cerveza, se sustituiría el impuesto al consumo por uno a la producción. El gravamen sería de $330 por grado de alcohol en presentaciones de 330 centímetros cúbicos, más un 10% sobre el precio al público antes de impuestos. La cerveza sin alcohol no pagaría el componente asociado a la graduación alcohólica.

Los cigarrillos y el tabaco calentado tendrían un componente específico de $7.823 por cajetilla de 20 unidades en 2027 y de $11.200 desde 2028, además de un 10% sobre el precio al público. Para vapeadores y sucedáneos, la tarifa sería de $1.000 por mililitro en 2027 y de $2.000 desde 2028, junto con un componente del 30%.

Desde 2028, las bebidas con menos de nueve gramos de azúcar por cada 100 mililitros pagarían $45 por ese volumen. Las que tengan nueve gramos o más pagarían $76. Las bebidas sin azúcar añadida, pero con edulcorantes, entrarían en el primer tramo.

Cambios en IVA, patrimonio y facturación

Desde enero de 2028 desaparecería la tarifa de IVA del 5% y se reduciría el listado de bienes y servicios exentos o excluidos. El proyecto retira, entre otros beneficios, las exclusiones para licencias de software destinadas a contenidos digitales y para servicios de alojamiento web y computación en la nube.

La iniciativa elevaría el umbral del impuesto al patrimonio a 95.500 UVT, cerca de $5.002 millones a valores de 2026, para los contribuyentes obligados. La tarifa marginal máxima sería del 1% y estaría vigente hasta 2030.

También habilitaría en 2027 un mecanismo de normalización de activos omitidos y pasivos inexistentes con una tarifa del 15%. Para criptoactivos omitidos, la tarifa sería del 5% sobre su valor de mercado al primero de enero.

En materia de control, expedir facturas sin requisitos tendría una sanción del 5% de las operaciones afectadas, hasta 3.500 UVT. No facturar podría implicar una multa equivalente al mayor valor entre el 5% del ingreso neto del mes anterior y el 5% de la mediana mensual de la actividad económica.

La propuesta mantiene vigentes el régimen Simple, las zonas francas, las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y las Zonas Económicas y Sociales Especiales (Zese), según la revisión de Lisandro Junco. El texto aún puede cambiar durante el trámite en el Congreso.