Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a 33 presos de San Andrés a cárceles de máxima seguridad en Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada por la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La remisión se cumplió el sábado 31 de octubre y, según la información divulgada por la Presidencia, los reclusos fueron enviados a establecimientos penitenciarios y carcelarios de máxima seguridad. Las autoridades no han publicado las identidades de los trasladados, los delitos por los que están privados de la libertad ni las cárceles específicas a las que fueron asignados.

El mandatario informó la decisión por medio de su cuenta en X. “He ordenado el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada entre nuestra gloriosa Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional”, escribió.

La operación se produjo en medio de los anuncios del Gobierno sobre medidas para limitar las acciones de organizaciones criminales desde los centros de reclusión. De la Espriella sostuvo que el Estado no permitirá que estructuras ilegales conserven capacidad de intimidación o coordinación delictiva desde las cárceles.

El Inpec divulgó imágenes del traslado aéreo desde San Andrés

La publicación del presidente estuvo acompañada de un video institucional del Inpec que registró parte de la remisión de los internos desde el archipiélago. En las imágenes se observa a los reclusos bajo custodia, su ingreso a aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y un desplazamiento posterior en vehículos terrestres.

La entidad señaló que estos operativos tienen como objetivo “fortalecer la seguridad, el control y la vigilancia en los establecimientos penitenciarios del territorio nacional”.

El traslado requirió la coordinación de las instituciones responsables de la custodia de los reclusos y de su movilización desde la isla hacia la capital. Aunque De la Espriella mencionó inicialmente a la Fuerza Aérea y a la Policía, los reportes sobre el operativo también confirmaron la participación del Inpec.

De acuerdo con la información conocida, los 33 internos fueron considerados por el Gobierno como reclusos de alto perfil delincuencial. No obstante, no se ha informado cuáles fueron los criterios aplicados para esa clasificación ni si alguno de ellos enfrenta procesos adicionales relacionados con actividades ilícitas desde prisión.

El presidente vinculó la medida con la lucha contra el crimen desde las cárceles

En su mensaje, De la Espriella aseguró que los traslados buscan impedir que las estructuras criminales mantengan influencia desde los centros de reclusión.

“No permitiremos que las estructuras criminales sigan sembrando el miedo ni pretendan desafiar al Estado desde las cárceles. Aquí no hay espacio para privilegios ni contemplaciones con la delincuencia”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario también lanzó una advertencia a las organizaciones delictivas. “A los criminales les digo con absoluta claridad: en la era del Tigre, la autoridad se respeta y las órdenes se cumplen”, señaló.

La Presidencia no precisó si el traslado corresponde a una investigación concreta contra los internos remitidos desde San Andrés ni si se adoptarán medidas judiciales complementarias. La información oficial se concentró en la operación de seguridad y en el objetivo de reforzar el control penitenciario.

Los movimientos de reclusos hacia cárceles de mayor seguridad suelen ser utilizados por las autoridades para modificar las condiciones de reclusión, aumentar los controles sobre determinados internos o responder a necesidades operativas del sistema penitenciario. En este caso, el Gobierno relacionó la medida con su estrategia contra las redes criminales que operan desde las prisiones.

El operativo se conoció tras anuncios de seguridad para San Andrés

El traslado ocurrió 15 días después de un Consejo de Seguridad realizado en San Andrés, en el que el Gobierno anunció medidas para reforzar la presencia institucional en el archipiélago.

En esa reunión participaron integrantes del gabinete y autoridades de seguridad. La Presidencia informó entonces que se fortalecerían los controles marítimos y aéreos, las labores de inteligencia, la investigación criminal, la videovigilancia y la presencia de la fuerza pública.

El Ejecutivo también indicó que esas acciones estarían orientadas a combatir delitos como el narcotráfico, el contrabando, el microtráfico, la extorsión y los préstamos ilegales conocidos como gota a gota.

Durante esa visita, De la Espriella dirigió advertencias a personas señaladas por las autoridades de tener vínculos con actividades criminales en la región insular. Sin embargo, el Gobierno no ha confirmado públicamente si alguno de los nombres mencionados en ese contexto hace parte del grupo de 33 reclusos trasladados a Bogotá.

El envío de los internos representa una de las medidas adoptadas luego de los anuncios de seguridad para el archipiélago. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevos traslados desde San Andrés ni sobre la duración de la permanencia de los reclusos en los establecimientos de máxima seguridad.