La prohibición de los bicitaxis con motores de combustión entró en vigor el domingo 1 de noviembre de 2026 en Soacha (Cundinamarca), donde la Alcaldía anunció controles contra los vehículos que continúen prestando transporte de pasajeros por fuera de las condiciones legales.
La medida afecta a un servicio informal que, según cálculos oficiales, supera los 1.000 vehículos en el municipio. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, sostuvo que la decisión busca ordenar la movilidad, reducir riesgos viales y reforzar la seguridad en los sectores donde operan estos vehículos.
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“En Soacha, la seguridad vial es una responsabilidad de todos y todas”, afirmó el mandatario al anunciar la aplicación de la restricción a través de su cuenta personal en la red social X.
La norma impide la circulación de bicitaxis adaptados con motores a gasolina. En adelante, quienes ofrezcan transporte de pasajeros con estos vehículos podrán ser objeto de procedimientos administrativos y legales, incluida la inmovilización, de acuerdo con los controles que adelanten las autoridades.
Más de 1.000 vehículos operaban sin habilitación para transportar pasajeros
La Alcaldía estima que en el municipio circulaban más de 1.000 mototaxis o bicitaxis con motor de combustión. Sus conductores no cuentan con una habilitación formal para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, según la administración local.
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La preocupación institucional no se limita a la informalidad. La administración señaló que en los siniestros que involucran estos vehículos no siempre existe una persona o entidad que responda por daños materiales o lesiones. La falta de seguros, garantías para los usuarios y requisitos legales de operación dificulta la atención de esos casos.
Las autoridades también alertaron sobre el estado técnico-mecánico de parte de los bicitaxis, sus condiciones de seguridad y las velocidades que pueden alcanzar. Estos factores, indicó la Alcaldía, exponen a conductores, pasajeros, peatones y otros actores viales.
En su balance, el municipio añadió que ha identificado situaciones asociadas con presunto consumo de sustancias psicoactivas, hurtos y conductas que afectan la convivencia en zonas donde se concentra esta actividad. Esos señalamientos hacen parte de los argumentos de la administración para reforzar la vigilancia sobre el transporte informal.
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“La necesidad de transporte de la ciudadanía no se puede convertir en un riesgo para su vida ni para la convivencia en Soacha”, indicó la Alcaldía a Caracol Radio, al explicar el alcance de los operativos. La entidad aseguró que las acciones tendrán como objetivo prevenir nuevos siniestros y retirar de circulación vehículos que representen un riesgo.
Los controles ya habían derivado en protestas y bloqueos viales
La entrada en vigencia de la prohibición ocurre después de semanas de tensión entre las autoridades y los conductores. A comienzos de octubre, operativos de la Alcaldía y la Policía en sectores como Terreros, sobre la Autopista Sur, terminaron con la inmovilización de cerca de 20 bicitaxis que, según las autoridades, incumplían la normativa.
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Esos procedimientos provocaron manifestaciones de conductores y residentes. Hubo bloqueos en la Autopista Sur, afectaciones en la operación de TransMilenio y enfrentamientos que requirieron la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como Esmad, de acuerdo con la información entregada sobre las jornadas de protesta.
Tras esos hechos, Sánchez Perico defendió los controles y señaló que no permitirá bloqueos que afecten la movilidad del municipio. “No vamos a permitir que tomen de rehén a nuestra ciudad para imponer el incumplimiento de la ley”, manifestó el alcalde en una publicación en X.
El mandatario indicó que ya se habían instalado mesas de diálogo con el gremio. Sin embargo, insistió en que los vehículos solo podrán operar si cumplen los parámetros establecidos, entre ellos funcionar con pedal o energía eléctrica y no con gasolina.
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Según afirmó la Alcaldía, se han impulsado espacios de acompañamiento destinados a escuchar a los trabajadores y guiarlos sobre opciones ajustadas a la ley. “Entendemos que la transición implica retos económicos para algunas personas”, indicó la administración municipal a través de Caracol Radio.
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