
Caldas dio un primer paso para la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto con un portafolio de 10 proyectos de infraestructura por $107.873 millones, destinado a recuperar servicios públicos y sociales en varios municipios del departamento.
El listado de proyectos forma parte de la transición entre la atención de emergencia y una etapa de recuperación de mediano y largo plazo. Aunque el portafolio representa una base para la gestión de recursos, las proyecciones oficiales muestran una brecha financiera amplia: las necesidades identificadas en 26 municipios, sin incluir a Manizales, ascienden a $2,217 billones. Al incorporar la capital y otros componentes, el costo de la reconstrucción podría superar los $4 billones.
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La programación inicial del departamento llega a $222.500 millones, una cifra inferior a los recursos requeridos según las evaluaciones preliminares de daños. El reto será transformar los proyectos ya estructurados en contratos, obras y servicios restablecidos para las comunidades afectadas.
Los proyectos incluyen hospitales, centros infantiles y estaciones de bomberos
El plan prioriza instalaciones vinculadas con la salud, la atención social y la respuesta ante emergencias. Las obras previstas abarcan los hospitales de Pácora, Supía y Viterbo, municipios donde se busca recuperar la capacidad de atención médica afectada por el terremoto.
También figuran centros de desarrollo infantil en Palestina, Victoria y San José. A estas iniciativas se suman intervenciones en las estaciones de bomberos de Aguadas y Belalcázar, el Centro de Protección al Adulto Mayor de Filadelfia y la Plaza de Mercado de Riosucio.
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Los proyectos buscan restablecer infraestructura esencial para la prestación de servicios públicos y sociales. Su ejecución dependerá de que las entidades responsables aseguren las fuentes de financiación y cumplan los procedimientos técnicos, presupuestales y administrativos requeridos.
Carlos Anderson, exsecretario de Planeación de Caldas, participó durante su gestión en la articulación de la estrategia para convertir las afectaciones detectadas en proyectos con estudios y soportes técnicos. El objetivo, según explicó, fue dejar una ruta que facilitara la obtención de recursos y permitiera avanzar hacia soluciones permanentes.
“Uno de los principales retos que identificamos fue la necesidad de pasar de la atención inmediata de la emergencia a una reconstrucción planificada. No se trataba solamente de cuantificar los daños, sino de dejar una ruta de proyectos que permitiera gestionar recursos y avanzar hacia soluciones definitivas para las comunidades afectadas”, señaló Anderson.
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La infraestructura educativa y hospitalaria concentra parte de las mayores necesidades
Las estimaciones del departamento incluyen inversiones cercanas a $300.000 millones para infraestructura educativa, un sector con necesidades que superan los proyectos incluidos en el primer portafolio. La recuperación de escuelas y otras sedes educativas será uno de los componentes que demandará mayores recursos durante la siguiente etapa.
El cálculo también contempla cerca de $80.000 millones para el Hospital Santa Sofía y alrededor de $120.000 millones para otros hospitales y centros de salud. Estas cifras amplían el alcance de la reconstrucción más allá de las 10 obras iniciales y reflejan la dimensión de los daños en la red de servicios del departamento.
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Anderson sostuvo que la recuperación debe incluir medidas que mejoren la seguridad de las edificaciones y fortalezcan la capacidad de los municipios para enfrentar nuevos eventos. “Desde Planeación entendimos que reconstruir no podía significar únicamente levantar nuevamente las estructuras afectadas. La prioridad debía ser recuperar servicios fundamentales y aprovechar las inversiones para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta de los municipios ante futuras emergencias”, afirmó.
Más de 1.200 hogares recibieron subsidios de arrendamiento
Mientras se consolidan las obras de mayor escala, la administración departamental informó medidas para atender las necesidades urgentes de las familias damnificadas. Entre ellas, entregó más de 1.200 subsidios de arrendamiento por cerca de $1.100 millones en 16 municipios.
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Además, destinó $6.873 millones a soluciones temporales de vivienda para 7.217 hogares. Esos recursos se encuentran en distintas fases de disponibilidad y legalización, de acuerdo con la información entregada por el departamento.
La respuesta inmediata también incluyó $3.500 millones para bancos de materiales en 19 municipios. La medida apunta a facilitar reparaciones menores en viviendas con daños que no requieren una reconstrucción total.
En el frente financiero, la administración trasladó $48.000 millones al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo y proyectó un crédito por $100.000 millones. Este último recurso depende de los trámites y las aprobaciones correspondientes.
El Plan de Acción Específico definirá las prioridades de recuperación

Con la evaluación de daños finalizada, el departamento avanza en la formulación del Plan de Acción Específico, que establecerá las prioridades, los proyectos y las responsabilidades institucionales para la recuperación. El documento deberá servir como hoja de ruta para coordinar las gestiones entre la Gobernación, las alcaldías y las entidades nacionales.
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La siguiente fase exige definir fuentes de financiación, montos y plazos para cada intervención. Los recursos propios del departamento y el crédito proyectado pueden cubrir una parte de las necesidades, pero la diferencia entre los $2,217 billones estimados para 26 municipios y la capacidad financiera actual obliga a buscar apoyo del Gobierno nacional.
“El desafío que tiene Caldas es enorme y exige continuidad institucional. Los proyectos estructurados representan un punto de partida, pero es indispensable consolidar una gestión conjunta con el Gobierno nacional para garantizar su financiación”, puntualizó Carlos Anderson.
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