Wally, ahora senador, denunció que el gobierno de Abelardo de la Espriella no ha dado respuesta a los damnificados por el terremoto: “No hay ningún contrato”

Crecen las denuncias sobre la respuesta del Gobierno nacional a los afectados por el terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto de 2026 que azotó a gran parte del territorio colombiano.

En la plenaria del Senado del 27 de octubre, el senador Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally, miembro del Pacto Histórico, cuestionó la gestión oficial con base en respuestas que, afirmó, solicitó a la entidad nacional desde el 18 de agosto y amplió el 8 de septiembre.

“Vamos a ver si con lo que tengo aquí Abelardo va a seguir viendo sonrisitas, entregando balones o la nueva, entregando llaves de cartón del supuesto fondo milagro”, indicó el congresista de oposición al inicio de su intervención.

Según el congresista, la entidad respondió después de una tutela y una orden judicial, y los documentos no registraban contratos ni órdenes de proveeduría para atender la tragedia. Rodríguez sostuvo que, hasta la fecha, solo se había certificado el despacho de dos carrotanques.

“A la fecha no hay una sola orden de proveeduría para atender la tragedia, no hay ningún contrato. En más de 75 días de emergencia, lo único formalmente certificado por el gobierno fue el despacho de dos carrotanques. Cero compras, cero contratos y cero soluciones de fondo”, alertó.

Dudas ante el Fondo Milagro

También puso en duda la operatividad del Fondo Milagro, pues aseguró que el contrato fiduciario se firmó 56 días después del sismo y que el mecanismo aún carecía de manuales operativos y de contratación. “Es una estructura que solo existe en el papel mientras las comunidades sufren el abandono”, comentó.

Incluso, recalcó la situación que atraviesan los municipios afectados por el sismo. Uno de ellos es Dosquebradas, Risaralda, en el que señaló que el censo incluía más de 8.100 familias afectadas, pero que solo van 300 subsidios anunciados por el Ejecutivo. Además, denunció el aplazamiento, por parte de la Comisión Sexta del Senado, de un debate de control político para citar a los responsables de la atención.

Del mismo modo, Walter Alfonso Rodríguez, en declaraciones a El Reporte Coronell de Caracol Radio, afirmó que el Fondo Milagro duplicó funciones que podían atenderse a través de la Ungrd.

“El Fondo Milagro era un fondo que no había necesidad de hacer. Dentro de las funciones de la Ungrd y del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, pues se pueden hacer subcuentas, como la Subcuenta del Sismo, la cual, pues al verse reemplazada por el Fondo Milagro, pues no tiene ningún ingreso”, dijo al citado medio de comunicación.

Según Rodríguez, el plan de acción específico fue aprobado el 19 de octubre, no el 15 como se había anunciado, y sin los manuales requeridos el fondo no podía ejecutar recursos ni iniciar labores de atención. El congresista cuestionó además la composición del consejo directivo del Fondo Milagro, que, según dijo, cuenta con representantes de empresas privadas y entidades públicas.

“El Fondo Milagro no ha hecho ninguna clase de trabajo respecto al tema de la emergencia. Esa es la realidad bastante lamentable”, cuestionó.

Interrogantes frente a la reconstrucción

También planteó dudas sobre la financiación de la reconstrucción: afirmó que, aun si los aportes privados alcanzaran $2 billones, persistiría la necesidad de definir el origen de los demás recursos.

“En el presupuesto general de la nación, decretado por el Gobierno Nacional, que tiene noventa artículos (...) pues solamente dos artículos hablan de la tragedia y se nombra la palabra sismo dos veces y la palabra Fondo Milagro cuatro. Lo que se está diciendo es que no habrá recursos directos, sino que las obras de cada cartera pues se enviarán al Fondo Milagro, a un fondo de papel que en este momento no tiene ni manual de contratación ni manual operativo”, concluyó. La Procuraduría General de la Nación ya había advertido barreras para el registro de damnificados, la actualización de daños en viviendas y la entrega de auxilios económicos.

La denuncia del senador Rodríguez se suma a los contrastes de las dos intervenciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre el funcionamiento del Fondo Milagro.

Inicialmente, el 24 de agosto, en Quibdó (Chocó), el mandatario dijo que, bajo la dirección de Jaime Uribe, el fondo coordinaría la ejecución de recursos públicos y privados, además del trabajo de constructoras, proveedores, profesionales, autoridades locales y comunidades. En ese discurso afirmó que “cada centavo ejecutado deberá seguirse desde el momento en que ingresa al fondo hasta que se convierta en una casa, en una escuela, en un hospital, en un centro de salud, en una vía o en cualquier obra”.

El 28 de agosto, en Pereira, De la Espriella reiteró que el Fondo Milagro estaría encargado de coordinar la entrega de recursos públicos y privados para viviendas, escuelas y centros de salud.

Sin embargo, en una locución del 25 de octubre sostuvo que los aportes de empresarios, fundaciones y donantes privados no ingresaban al Fondo Patria Milagro ni al Presupuesto General de la Nación. Según explicó entonces, esos recursos serían administrados directamente por las empresas, fundaciones y sus organizaciones, mientras el Gobierno definiría proyectos y verificaría su ejecución conforme a las necesidades de las comunidades afectadas.

“Los aportes de los empresarios y las fundaciones y los donantes privados no ingresan al Fondo Patria Milagro ni al presupuesto general de la nación. Que quede absolutamente claro”, expresó De la Espriella.

El cambio entre ambas explicaciones fue uno de los puntos señalados por Rodríguez, quien sostuvo que el esquema dejó un fondo con dirección y participación privada para gestionar recursos públicos.

La emergencia mantiene un saldo de 335 víctimas mortales, 4.516 personas heridas y 103 desaparecidas, según el más reciente reporte citado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El Registro Único de Damnificados (RUD) contabilizaba 489.862 personas, pertenecientes a 305.791 familias, y la entidad reportaba 207.889 viviendas averiadas en 500 municipios de 16 departamentos.