La reforma pensional fue aprobada en la Cámara de Representantes: se subsanaron los nueve artículos devueltos por la Corte Constitucional

La reforma pensional volvió a avanzar en el Congreso luego de que su trámite en la Cámara de Representantes desatara una tormenta política en 2024. En ese momento, la corporación aprobó el texto proveniente del Senado sin tener en cuenta las proposiciones presentadas.

La Cámara corrigió los nueve artículos que la Corte Constitucional había devuelto a la corporación. El proceso se resolvió con rapidez en las últimas horas y sin necesidad de una conciliación con el Senado, a diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto General de 2027, que se cayó a última hora por falta de tiempo.

Así, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro sale adelante tras el 7 de agosto de 2026, aunque mantiene los reparos de sectores cercanos al presidente Abelardo de la Espriella. Entre ellos está el Centro Democrático, que propuso una contrarreforma.

Reforma pensional tuvo trámite en la Cámara

El 25 de agosto de 2026, la Corte Constitucional aprobó buena parte de la reforma pensional que fue aprobada en 2024 en la Cámara de Representantes, pero devolvió nueve artículos porque no se discutieron las proposiciones desde el Senado, lo que causó una serie de demandas.

Durante la sesión del 28 de octubre, un día antes de que se terminara el plazo emitido por la corte, la Cámara informó que se subsanaron las proposiciones de todos los artículos de la reforma, al negarse o retirarse todas ellas, lo que facilitó su aprobación y mantener el mismo texto del Senado.

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, entregó detalles de cómo fue el debate de las 10 proposiciones, en un video publicado por Red+ Noticias: “Cumplimos con la sustanciación ordenada por la Corte Constitucional frente a la reforma pensional. En la plenaria dimos un debate serio, responsable y con garantías para todas las bancadas, en el que estudiamos las diez proposiciones devueltas por la Corte. Todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos”.

“Como las proposiciones fueron negadas y no se introdujeron cambios al articulado, no hay lugar a conciliación. Cumplimos con nuestro deber constitucional, respetamos las decisiones judiciales y garantizamos un debate democrático con todas las garantías”, añadió.

Por su parte, el representante Santiago Osorio, del Partido Verde, celebró la decisión: “Reafirmamos la voluntad popular y democrática de avanzar hacia un sistema de protección para la vejez más incluyente. Esta reforma representa una conquista social por la que hemos luchado durante décadas. Millones de colombianos y colombianas que trabajaron toda su vida sin alcanzar una pensión podrán contar con una protección económica en su vejez”.

Los reparos del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda advirtió durante la sesión en la Cámara que algunas de las modificaciones propuestas en la reforma pensional elevarían los costos fiscales y reducirían los ingresos operativos de las administradoras privadas.

La cartera de Miguel Gómez pidió conservar la redacción original del artículo 23, que autoriza una comisión de hasta 0,7% sobre el saldo de los recursos gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual.

La cartera sostuvo que eliminar ese cobro afectaría los recursos necesarios para que esas entidades cumplan las tareas operativas asignadas por las leyes 100 de 1993 y 2381 de 2024. También reduciría en forma sustancial sus ingresos por administración. El Ministerio cuantificó el impacto en las actuales AFP: “De suprimirse la mencionada comisión, los ingresos por administración de las actuales AFP se reducirían en un 77%”.

Otro cambio examinado plantea modificar el cálculo de los bonos pensionales y las equivalencias previstas en el artículo 14, para que esos procedimientos se definan mediante un cálculo técnico actuarial fijado por el Departamento Nacional de Planeación. Hacienda considera que la Oficina de Bonos Pensionales de la propia cartera posee la experiencia para determinar los valores correspondientes y realizar los cálculos actuariales y de títulos pensionales.

La proposición sobre reducir semanas de cotización para mujeres con hijos permitiría descontar 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo, con un límite de tres hijos. Las mujeres podrían acceder a la pensión con un mínimo de 850 semanas.

El requisito vigente en la reforma es de 1.000 semanas, por lo que la reducción hasta 850 semanas sumaría una nueva carga al sistema. El Ministerio de Hacienda afirmó: “El anterior costo fiscal se sumaría al mayor pasivo pensional generado por la reducción a 1.000 semanas que ya está incluido en la ley y que corresponde al 19,4 % del PIB de 2025”.

La ‘contrarreforma’

El Centro Democrático radicó un proyecto para modificar la reforma pensional de Gustavo Petro y, para los afiliados que no logren pensionarse, propuso que “podrían escoger entre la devolución completa del saldo, incluidos rendimientos; la indemnización sustitutiva, o una mensualidad vitalicia”.

La iniciativa, liderada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, mantendría la edad de pensión en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. A la vez, permitiría que quienes reciban hasta 2,3 salarios mínimos decidan si cotizan en Colpensiones o en un fondo privado.

El documento sostiene que la reforma impulsada por el Gobierno habría incrementado el déficit del sistema en 470 billones de pesos. La propuesta plantea que los afiliados puedan cambiar de administradora cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría; entre fondos privados, el traslado sería posible cada seis meses. Para quienes coticen por encima de ese umbral, el proyecto fija un plazo de seis meses para elegir la entidad que manejará el excedente. “Si no lo hacen, se les asignaría uno de manera aleatoria”, establece la iniciativa.

Antes de habilitar las opciones para quienes no alcancen una pensión, el texto prevé revisar mecanismos como las semanas reconocidas por hijos, la pensión familiar, el sistema actuarial de equivalencias y la garantía de pensión mínima. La mensualidad vitalicia tendría como piso la renta básica solidaria y como techo el 80 % de un salario mínimo.

La tasa de cotización se mantendría en 16 % del ingreso base: el empleador asumiría el 75 % y el trabajador el 25 %. El destino de los aportes dependería del componente que elija cada afiliado y de las reglas previstas en la iniciativa.

Para los hombres, el requisito seguiría en 1.300 semanas. En el caso de las mujeres, bajaría en 15 semanas por año, desde 1.135 semanas en 2026 hasta 1.000 en 2035; los afiliados a fondos privados podrían pensionarse a cualquier edad si reúnen capital para financiar el 110 % de una pensión mínima.