El ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula afirmó que el contrato suscrito con la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes, por $240.352 millones, será una medida transitoria que debió tomarse debido a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: que suspendió de forma provisional los convenios entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia, heredados del Gobierno Petro. $240.352
“Esta es una solución temporal”, sostuvo el funcionario al referirse al acuerdo que se extenderá hasta diciembre de 2027 y además aseguró que la decisión busca evitar una interrupción en la entrega del documento. “El servicio de expedición de pasaportes funciona con normalidad y su continuidad está garantizada”, señaló el funcionario frente a un tema que causó especial interés.
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El canciller explicó que el Gobierno acudió a la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. y Thales Colombia S.A., tras evaluar sus condiciones de disponibilidad y capacidad operativa. Lo anterior a través de la declaratoria de urgencia manifiesta que permite contratar sin necesidad de adelantar una licitación pública.
“La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 presentó una propuesta que, frente a las condiciones de disponibilidad y de capacidad jurídica, técnica y financiera, era necesaria para garantizar la prestación de este servicio”, afirmó Bula en su declaración, con la que trató de responder a los señalamientos que vinieron, incluso, del expresidente de la República Gustavo Petro.
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“Dicho y hecho, esta era la contrapartida del uso del software privado donde se hicieron los usos irregulares del candado hash y algoritmos en las elecciones”, expresó el ex primer mandatario, en su intento de vincular este contrato con lo que, según él, sucedió en las elecciones a la presidencia, en la que la Registraduría, por intermedio de Thomas Greg & Sons, no brindó plenas garantías.

Contrato mantendrá los valores vigentes de los pasaportes
El jefe de la cartera indicó que el acuerdo conservará las tarifas aplicadas en las vigencias anteriores. Según dijo, no habrá ajustes asociados a la inflación ni a la variación de la tasa de cambio durante el período contractual; el contrato tendrá entonces una duración de 15 meses y buscará asegurar la expedición “bajo condiciones de seguridad, de eficiencia y de confiabilidad”.
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Bula sostuvo que la determinación respondió a la necesidad de garantizar el servicio mientras se define una solución de largo plazo. “Queda claro que nuestra responsabilidad como Gobierno con los colombianos es permanente”, declaró el ministro, en respuesta con un caso que también involucra a la Casa de la Moneda de Portugal, socio estratégico vinculado por Petro a los pasaportes.
Cancillería prepara una nueva licitación para reemplazar convenio con la Casa de la Moneda de Portugal
Mientras rige el contrato temporal, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanzará en la estructuración de una nueva licitación y en un cronograma para mantener la continuidad del sistema una vez finalice el acuerdo vigente. Con ello se reemplazará lo firmado en la anterior administración, que había establecido un convenio tripartito a 10 años y $1,3 billones.
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El canciller indicó que las etapas futuras serán comunicadas a la ciudadanía. “Cada etapa será informada oportunamente y se desarrollará con sujeción a la ley y los principios de transparencia”, destacó el funcionario, en relación con el proceso que contará con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.
Bula remarcó que la prioridad de la Cancillería es la atención de los usuarios dentro y fuera del país. “La labor de este Ministerio y de otros es para con los colombianos. Es un servicio para nuestros connacionales tanto del exterior como en este país”, señaló el ministro, que al final de su intervención, el canciller reiteró que los ciudadanos podrán continuar con sus trámites.
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“El servicio está garantizado. El servicio no se ha interrumpido”, concluyó Bula. En el plan original de la administración Petro, se preveía que la Casa de la Moneda de Portugal asumiera el papel de socio estratégico para transferir tecnología a la Imprenta Nacional, además de suministrar insumos y poner en marcha la infraestructura; no obstante, la referida decisión judicial le puso freno.
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