
Cuatro días después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara a Viviane Morales, la primera ministra de Educación de su mandato, como nueva consejera comisionada de paz, la Presidencia de la República finalmente publicó su hoja de vida en la página de aspirantes.
En la plataforma oficial, a la nueva consejera se le cargó la hoja de vida con su más reciente experiencia como ministra, pese a haber durado apenas 39 días al frente de la cartera nacional y salido por cuestiones personales.
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El 23 de octubre, la Presidencia había publicado un comunicado en el que oficializaba el nombramiento, con la misión de impulsar una revisión de los compromisos alcanzados en La Habana y desmontar lo que el Ejecutivo denomina la “falsa paz”.
Tras surtir los trámites necesarios y ser posesionada por el presidente Abelardo de la Espriella, la ahora funcionaria deberá asumir tareas vinculadas con más de 10 millones de víctimas, la reincorporación de unos 13.000 excombatientes y sus familias, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en 170 municipios y la ejecución de 16 planes nacionales sectoriales.

Su nuevo puesto la ubicará en una dependencia con comunicación directa con el presidente, mientras el Gobierno examina los resultados de la implementación y cuestiona varias de sus estructuras.
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Las dificultades presupuestales de organismos como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización también podrían limitar el desarrollo de sus labores. La entidad atiende procesos vinculados con quienes dejaron las armas y sus familias.
La revisión de compromisos, recursos y estructuras estatales
El mandato de Morales incluirá una evaluación exhaustiva de la implementación, el cumplimiento de los compromisos y la destinación de recursos públicos. También deberá identificar las fallas institucionales que, según el Gobierno nacional, han impedido avances en justicia, reparación a las víctimas y seguridad.
“Esta decisión responde a la determinación del Gobierno nacional de examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”, señaló el Ejecutivo.
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Morales también promoverá la revisión de las políticas vigentes, las reformas que el Gobierno considere necesarias y el desmonte de las estructuras que, a su juicio, se hayan apartado de sus propósitos institucionales.
El comunicado presidencial sostuvo que la política estatal no mantendrá ese enfoque: “La falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas”.
Entretanto, la designación abre interrogantes sobre el futuro de los acuerdos de La Habana. El Gobierno de De la Espriella ratificó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su compromiso con el proceso, pero ha expresado críticas sobre los resultados de su implementación.
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El canciller Omar Bula afirmó el 12 de octubre que el reconocimiento de los avances y el respeto al derecho internacional no liberan al Estado de examinar los resultados.
“Tenemos la responsabilidad moral, constitucional e histórica que el Estado colombiano ha adquirido con los colombianos para evaluar los resultados del Acuerdo de Paz, revisar con rigor y objetividad su verdadero alcance y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales y los desafíos que aún persisten y que han impedido alcanzar una paz real y duradera”, dijo.
El cambio frente a los anuncios del presidente electo

Antes de asumir, De la Espriella había anticipado una transformación de la política de paz, con una Alta Consejería concentrada en la seguridad. También anunció que desaparecerían varias consejerías, entre ellas la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
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Esa unidad fue creada durante el gobierno de Gustavo Petro, después de que se eliminara la Consejería para la Estabilización de Iván Duque. El entonces presidente electo planteó trasladar sus funciones a la Alta Consejería para la Paz.
“El comisionado para la Paz se acaba porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, había dicho De La Espriella días antes de su posesión.
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Sin embargo, el comunicado oficial confirmó que la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación continuarán operando. Ambas quedaron bajo la conducción de Morales, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los compromisos y las estructuras creadas para ejecutarlos.
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