Por qué la Procuraduría anunció un seguimiento especial a la discusión de la reforma pensional en la Cámara de Representantes: necesitan subsanar artículos devueltos por la Corte Constitucional

Luego de la decisión de que la Cámara de Representantes deba retomar el debate para cumplir la orden de la Corte Constitucional de corregir vicios de procedimiento en nueve disposiciones de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, la Procuraduría General de la Nación anunció un seguimiento especial al trámite que se adelante en el órgano legislativo.

La intervención del Ministerio Público, reproducida por Blu Radio, se produjo en la semana en la que vence el plazo fijado por el alto tribunal para que la Cámara vote nuevamente los apartes devueltos. La discusión está prevista para el martes 27 de octubre en la plenaria, en la que los representantes revisarán una lista de proposiciones rrelacionadas con esta iniciativa.

Al respecto, la procuradora delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y de la Seguridad Social, María Andrea Ulloa Ruiz, envió una comunicación al presidente de la Cámara, el representante conservador Nicolás Barguil, para advertir que el ente de control disciplinario vigilará el cumplimiento de las decisiones judiciales y los procedimientos legislativos aplicables.

Procuraduría pidió cumplir la orden de la Corte dentro del plazo establecido

En la carta, Ulloa Ruiz señaló que la intervención de la Procuraduría busca acompañar el proceso sin interferir en la autonomía del Congreso. La funcionaria recordó que corresponde a la Cámara adelantar las actuaciones necesarias para responder de forma integral a lo ordenado por el alto tribunal, que ordenó restablecer debate de parte del articulado.

“En atención a lo anterior y con pleno respeto por la autonomía del Congreso de la República y las competencias propias de la función legislativa, consideramos de especial importancia que se continúen adelantando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento integral y oportuno a lo ordenado por la Corte Constitucional”, indicó la delegada en la comunicación.

El pronunciamiento de la Procuraduría centró la atención sobre un trámite que definirá si la reforma puede completar las correcciones exigidas por el tribunal antes del vencimiento del término. La Corte mantuvo vigente la mayor parte de la ley, aunque condicionó la aplicación de varios artículos a la subsanación de fallas detectadas durante su aprobación en el Congreso.

En consecuencia, la discusión se concentrará en nueve apartes que requieren una nueva decisión de la Cámara, como la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, las reglas de inversión de los recursos y las disposiciones para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, además de la reducción de semanas exigidas a las mujeres con hijos.

Modificación en la Cámara abriría la puerta a una nueva conciliación con el Senado

El debate legislativo puede tener efectos sobre los tiempos del proyecto. Si la Cámara de Representantes modificó alguno de los textos que regresaron por orden judicial, el Congreso deberá convocar una nueva conciliación con el Senado de la República para unificar el contenido final de la norma, tal y como exige la normativa para la aprobación de esta y otras reformas.

Ese eventual paso tendría un plazo adicional, aunque aumentaría la presión sobre el legislativo para concluir el trámite y evitar que persistan los cuestionamientos de procedimiento. La discusión se desarrolla mientras la Corte Constitucional analiza otras solicitudes relacionadas con los efectos de la entrada en vigor de la entrante ley.

En medio de lo que debe ser esta discusión en la Cámara, el Ministerio de Hacienda presentó un incidente de impacto fiscal ante el tribunal. Este recurso buscaría que el alto tribunal module las consecuencias financieras de su decisión y tome en cuenta la disponibilidad de recursos públicos para responder por las obligaciones previstas en el nuevo sistema.

Según la posición del Gobierno, mantener sin cambios la orden judicial implicaría un faltante de más de $16 billones para atender esos compromisos. Tras esta petición, será decisión de la Corte resolver esa petición, que se sumaría a las definiciones legislativas pendientes en la Cámara, y que, de ser subsanadas, entrarían en vigencia a partir del 1 de abril de 2027.

¿Qué fue lo que avaló la Corte Constitucional?

Es válido destacar que la sentencia C-264 de 2026 validó cerca del 90% de la reforma y confirmó la estructura central del modelo propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro. La norma reemplaza, en ese orden de iideas,la competencia entre el régimen público y los fondos privados por un esquema de complementación, que quedó organizado en cuatro pilares.

El solidario está dirigido a adultos mayores en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad que no lograron cotizar; el semicontributivo contempla beneficios para los que hicieron aportes insuficientes para pensionarse; el contributivo reúne a trabajadores formales e independientes con capacidad de pago; y el de ahorro voluntario permite aportes adicionales.

En el componente contributivo, las cotizaciones serán obligatorias en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos. Los trabajadores con ingresos superiores deberán aportar el excedente en las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), que reemplazarán la función de las actuales administradoras de fondos de pensiones.

En ese sentido, la reforma conserva las edades de jubilación: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Los hombres deberán cumplir 1.300 semanas de cotización, mientras que para las mujeres, el requisito bajará de manera gradual hasta llegar a 1.000 semanas en 2036, con un beneficio adicional vinculado con los hijos, hasta tres, con un máximo de 150 semanas.

A su vez, la ley también mantiene un régimen de transición para los que ya acumulen un número determinado de semanas cuando entre en vigor el nuevo modelo. Permanecerán bajo las reglas anteriores los hombres con al menos 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 semanas o más, con lo que se avaló lo propuesto y aprobado en su trámite en el Congreso.