Jennifer Pedraza alertó que memorando firmado entre Colombia y EE.UU. sería inconstitucional: “Viola la soberanía nacional”

El memorando de entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras, suscrito el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla (Colombia) entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, plantea una cooperación bilateral para fortalecer las cadenas de suministro y financiar proyectos de extracción y procesamiento.

El instrumento también contempla cartografía geológica, mecanismos de revisión de seguridad nacional en la venta de activos mineros, reciclaje y la simplificación de permisos. Según el Departamento de Estado, Rubio y el entonces canciller Omar Bula Escobar lo firmaron, mientras el presidente Abelardo de la Espriella participó como testigo de honor.

El documento ha sido objeto de críticas en el país. Sus cuestionamientos se centran en el alcance de los compromisos sobre recursos estratégicos y en la posibilidad de que carezca de validez jurídica, dado que el propio memorando señala que no crea obligaciones internacionales vinculantes.

Frente a esto último, se refirió Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso, que en una publicación en X sostuvo que el memorando no genera obligaciones jurídicas para el Estado colombiano, pero advirtió que algunas de sus disposiciones podrían afectar la soberanía nacional si se traducen en decretos o resoluciones.

“El MOU (abreviación del memorando en inglés) señala que, en la práctica, ante cualquier operación sobre minerales estratégicos, Colombia debe informar previamente a EE.UU. para que esta tenga su visto bueno”, denunció la congresista en su extensa publicación.

Así mismo, Pedraza afirmó que esa interpretación supondría subordinar decisiones de la política mineroenergética a la aprobación de Washington y crearía una exigencia que no tendría reciprocidad para Colombia.

“Lo anterior sería inconstitucional porque viola el principio rector de la soberanía nacional (artículo 9°) al subordinar nuestra política mineroenergética al visto bueno de Trump. Lo más absurdo es la ley del embudo, pues ese compromiso es en una sola vía, nos arrodillamos”, indicó.

También sostuvo que el instrumento podría entrar en conflicto con las facultades del Congreso para regular la explotación del subsuelo y con la libertad de empresa, al imponer a inversionistas nacionales o extranjeros el deber de informar a Estados Unidos sobre sus negocios y compradores de minerales.

“Desconoce que la regulación de la explotación de los recursos del subsuelo es de competencia del Congreso por la ley (Art 334), más si contempla medidas para restringir o poner requisitos previos para el ejercicio de la actividad económica”, agregó.

La senadora cuestionó además las políticas orientadas a desalentar la comercialización de minerales con países que Estados Unidos considere una amenaza para su seguridad nacional. “Viola la libertad de empresa (artículo 333), al crear un requisito previo al inversionista nacional o extranjero, obligando informar a EE.UU. sin justificación alguna sobre su negocio, así como a quién le vende los minerales”, complementó. A su juicio, esa disposición podría restringir negocios con China, incluso cuando resulten convenientes para Colombia. Sin embargo, Pedraza destacó que el propio memorando precisa que no crea obligaciones internacionales vinculantes.

Señaló que un compromiso de ese alcance requeriría la aprobación del Congreso y el control posterior de la Corte Constitucional.

“Para que eso ocurra, el Gobierno debería presentar un tratado al Congreso de la República (artículos 150.16, 189.2 y 224). Además, de ser aprobado por ambas cámaras, tendría que ser objeto de control por la Corte Constitucional. art. 241.10. Allí no superaría el análisis de constitucionalidad”, advirtió.

Por esa razón, anunció que ejercerá control político sobre eventuales actos administrativos que desarrollen las medidas previstas en el documento. “En todo caso, sabemos que a este presidente la Constitución le fastidia, no la soporta ni en las paredes de los museos. Por lo mismo, realizaré control político a decretos y resoluciones que son coincidentes con este absurdo MOU”, concluyó.

El Pacto Histórico pidió divulgar el documento completo

Por otra parte, el senador del Pacto Histórico, Cristian Kevin Gómez Paz, afirmó que el Gobierno mantuvo el documento sin divulgación por más de un mes y solicitó que se conozca su contenido completo. El 24 de octubre, sostuvo que el acuerdo comprometería la autonomía del país sobre la explotación de minerales críticos y tierras raras.

Gómez cuestionó un supuesto mecanismo denominado “First Look”, que interpretó como una obligación de notificar a Estados Unidos antes de vender o licitar activos relacionados con minerales críticos. “Firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de EE.UU.”, afirmó el legislador en X.

La información oficial estadounidense menciona herramientas de revisión por razones de seguridad nacional para la venta de activos mineros, pero no detalla un derecho de veto de Washington sobre las decisiones de Colombia ni señala que Estados Unidos pueda elegir a los operadores de proyectos en el país.

El congresista también cuestionó la cooperación para elaborar y compartir información geológica y el compromiso de simplificar procedimientos para permisos. El anuncio del Departamento de Estado incluye la cartografía geológica y la facilitación normativa, aunque no plantea la transferencia del control del subsuelo colombiano ni menciona medidas específicas sobre fracturación hidráulica.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Aída Avella acusó a De la Espriella de entregar parte de la riqueza nacional a Estados Unidos y cuestionó que el país norteamericano tenga incidencia en decisiones relacionadas con tierras raras.

“Don Abelardo,ciudadano estadounidense, cree que Colombia es su finca, y firmó con el Sr Rubio un acuerdo en el que entrega parte de la riqueza de este país a los EEUU. Ahora son ellos quienes deciden quien explota las tierras raras. Regale lo que es suyo. ¡Respete a los ciudadanos!”, escribió.