Exdirectoras de la Biblioteca Nacional alertan riesgos para las políticas de lectura y patrimonio cultural tras decisiones del Gobierno De la Espriella

Cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional de Colombia hicieron un llamado sobre las consecuencias que podrían tener las recientes decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella para el funcionamiento de la institución y la continuidad de las políticas públicas relacionadas con la lectura, el libro, la literatura y la preservación del patrimonio documental.

La declaración fue difundida en el Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre, con el propósito de exponer el papel de la entidad y de las bibliotecas públicas en el país.

Las firmantes, Ana Roda, quien dirigió la institución entre 2008 y 2013; Consuelo Gaitán, directora entre 2013 y 2019; Diana Patricia Restrepo, quien estuvo al frente entre 2019 y 2022, y Adriana Martínez-Villalba, directora entre 2022 y 2026, expresaron su respaldo al trabajo desarrollado durante generaciones y advirtieron sobre los riesgos de interrumpir procesos institucionales que han contribuido a consolidar una política pública en este campo.

En el documento, las exdirectoras señalaron que las bibliotecas cumplen funciones relacionadas con la conservación de la memoria colectiva, la investigación, la circulación de información y la garantía de los derechos culturales. También plantearon que la continuidad de los programas debe mantenerse bajo criterios técnicos, con participación de los sectores involucrados y recursos suficientes para asegurar su ejecución.

“Desconocer esta continuidad de esfuerzos, frenar sus procesos o imponer visiones e ideologías, lo que pone en riesgo no es un edificio o un programa, sino la garantía del derecho de los colombianos a la lectura, la educación, la investigación y la cultura”, afirmaron en el pronunciamiento.

Sobre la Biblioteca Nacional como patrimonio cultural

Las exdirectoras recordaron que la Biblioteca Nacional de Colombia cumplirá 250 años de existencia en enero de 2027 y destacaron que tanto su edificio como sus colecciones forman parte del patrimonio nacional. La institución reúne más de 3.700.000 ejemplares en sus colecciones bibliográficas y documentales, conformadas, entre otros mecanismos, mediante la ley de depósito legal.

Este mecanismo permite recopilar las publicaciones producidas en Colombia y contribuye a conservar materiales que sirven como fuentes para la investigación y la consulta pública. Las firmantes señalaron que las colecciones han permanecido abiertas al público y han permitido a ciudadanos, investigadores nacionales y extranjeros acercarse a distintos momentos de la historia del país.

En el texto, las exdirectoras identificaron la salvaguarda, la preservación y el acceso al patrimonio bibliográfico y documental como una de las tres responsabilidades fundamentales de la institución. Las otras dos corresponden a la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y, desde 2024, a la coordinación del grupo del libro y la literatura.

Sobre esta última función, explicaron que comprende el diseño y la ejecución de políticas públicas y programas relacionados con la creación literaria, la edición y la circulación del libro en Colombia. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la Red Relata de escrituras creativas y tertulias literarias, el fortalecimiento de editoriales y librerías, la internacionalización de la literatura colombiana y la secretaría técnica del Consejo Nacional del Libro, instancia asesora de la política pública en la que participan asociaciones del sector.

La continuidad de las bibliotecas públicas y las políticas de lectura

El pronunciamiento también destacó la dimensión de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por la Biblioteca Nacional. De acuerdo con las cifras incluidas en el documento, la red está compuesta por 1.569 bibliotecas municipales, departamentales, rurales y étnicas, además de 689 Bibliotecas Rurales Itinerantes distribuidas en el territorio nacional.

Las firmantes señalaron que estos espacios responden a las características de sus comunidades y desarrollan servicios relacionados con las necesidades culturales y sociales de sus usuarios. Por ello, sostuvieron que el trabajo bibliotecario no puede entenderse únicamente como la administración de edificios o programas, sino como parte de una estructura que facilita el acceso a la información, la lectura y el conocimiento en distintas regiones del país.

En esa línea, defendieron la continuidad de los esfuerzos realizados por diferentes administraciones y afirmaron que las bibliotecas colombianas son el resultado de una política de Estado construida a lo largo de varias generaciones.

En el documento, señalaron que desconocer esa trayectoria puede afectar tanto los procesos institucionales como el ejercicio de los derechos culturales. “Las bibliotecas jamás prohíben, por el contrario, orientan, acompañan, ofrecen conversación y posibilidades. Las bibliotecas no imponen nunca una sola lectura: procuran que podamos encontrarnos en la diversidad de sus colecciones y pensar por nosotros mismos. Las bibliotecas no destruyen el conocimiento, lo ponen en circulación”, expresaron.

El pronunciamiento concluyó con una advertencia sobre las consecuencias sociales de limitar el acceso a la cultura y a las fuentes de información y conocimiento. “Una sociedad a la que se limita el acceso a la cultura y las múltiples fuentes de conocimiento e información está abocada a polarizarse y a escoger herramientas distintas a las palabras para tramitar la convivencia”, señalaron Roda, Gaitán, Restrepo y Martínez-Villalba en el documento conjunto.