
Dos policías de Cali fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación tras exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico que, según les dijeron, se adelantaba en su contra.
El subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas enfrentan cargos por concusión, el delito que se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir o constreñir a alguien a entregar dinero o cualquier otra ventaja indebida.
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La imputación, realizada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía, cubre los hechos ocurridos entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. Ambos uniformados habrían utilizado su condición de agentes activos de la Policía Nacional para presionar a un hombre al que le aseguraron tener detalles sobre un proceso con fines de extradición que se seguía en su contra.
Según la Fiscalía, los dos policías ingresaron a un conjunto residencial en el sur de Cali con el pretexto de atender un caso de maltrato infantil. La diligencia, al parecer, no tenía ese propósito real: les habría servido para identificar a la persona que buscaban y obtener sus datos personales sin que el afectado lo advirtiera.
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Nueve días después del primer contacto, Figueroa y Ruiz Rojas regresaron al lugar. En esa segunda visita, los uniformados habrían abordado al hombre directamente para convencerlo de entregarles dinero a cambio de los supuestos detalles que decían manejar sobre los procesos de tráfico de estupefacientes y el procedimiento de captura con fines de extradición.
Tras una serie de actos investigativos que permitieron establecer la presunta conducta delictiva, ambos fueron capturados en la estación de policía El Caney, en Cali.
Un juez de control de garantías —magistratura encargada de velar por los derechos fundamentales durante la etapa de investigación— determinó que los dos uniformados seguirán vinculados formalmente al proceso.
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Por la muerte de Donovan Balanta tres uniformados fueron capturados señalados de abuso de fuerza

Las investigaciones por la muerte de Donovan Balanta Paz avanzaron con la captura de tres policías, entre ellos un mayor, señalados por su presunta participación en el procedimiento que terminó con el fallecimiento del hombre de 32 años en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá.
El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2026 y quedó registrado en videos grabados por habitantes del sector. Las imágenes muestran a varios uniformados golpeando a Balanta y utilizando un dispositivo taser antes de trasladarlo a una patrulla. La Policía informó que el joven perdió el conocimiento durante la intervención y fue llevado al Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, en Soacha, donde murió a las 7:30 de la noche.
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La familia rechaza la versión de que Balanta participaba en una riña. Marlenys Paz, su madre, afirmó que él regresaba de recoger a su esposa cuando vio que los agentes intervenían a un amigo. Según su relato, el joven lanzó una botella al sentirse rodeado, corrió y luego fue reducido por los uniformados. “Me lo asesinaron, me destrozaron a mí y mi familia”, declaró.

Antes de las capturas, la Policía había separado de sus funciones a siete agentes mediante un proceso disciplinario amparado en la Ley 1952 de 2019. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió esclarecer lo ocurrido y expresó su respaldo a las investigaciones.
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La Defensoría del Pueblo también asumió el acompañamiento de los familiares. La defensora Iris Marín se reunió con ellos el 15 de octubre para recibir sus solicitudes de justicia y definir acciones de protección y reparación. La entidad pidió a la Fiscalía establecer si durante el operativo hubo discriminación racial o perfilamiento, además de determinar si la actuación policial respetó las normas sobre derechos humanos, trato digno y uso de la fuerza.
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