Rodrigo Lara, saliente ministro del Interior, defendió el proyecto de sometimiento a criminales: “No hay amnistías ni suspensión de órdenes de captura”

La posibilidad de reducir penas para integrantes de organizaciones criminales abrió una nueva discusión en el Congreso, donde el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca avanzar con su proyecto de ley de sometimiento. La iniciativa superó su primera votación el 21 de octubre y pasó a la discusión del articulado, en medio de reparos de sectores de oposición sobre sus alcances jurídicos y las condiciones para acceder a los beneficios.

Durante el debate en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara, el ahora exministro del Interior Rodrigo Lara defendió la propuesta y aseguró que el mecanismo no contempla concesiones que otorguen estatus político a quienes se acojan a la justicia. Según explicó, está dirigido a estructuras vinculadas con economías ilegales y delitos como la extorsión.

“Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle de ninguna manera estatus político, se les ofrece justicia. Segundo principio de esta ley. Aquí no se crea una justicia paralela, ni una justicia a la medida, ni cárceles a la medida, como en tantas ocasiones ha ocurrido en el pasado en este país”, expresó.

Lara insistió en que el sometimiento se tramitaría ante las instituciones judiciales existentes. En su exposición, descartó la creación de tribunales especiales, nuevas jurisdicciones o amnistías para los integrantes de las organizaciones que decidan acogerse al mecanismo.

El Gobierno consiguió respaldo en la primera votación

La ponencia positiva del proyecto recibió 21 votos a favor y uno en contra en el Senado, mientras que en la Cámara obtuvo 21 votos por el “Sí” y 10 por el “No”. En la misma sesión fue negada la ponencia de archivo presentada por la oposición.

Con ese resultado, las comisiones avanzaron hacia el análisis del articulado, que acumula alrededor de 320 proposiciones. Aunque el Gobierno cuenta por ahora con respaldo suficiente para impulsar la iniciativa, el trámite continúa sujeto a la discusión de los cambios planteados por los congresistas.

La aprobación inicial también está condicionada por el calendario legislativo. El proyecto se apoya en la Ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público, cuya prórroga vence el 4 de noviembre. Esa extensión fue aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2272 de 2022, asociada a la política de paz total.

En la discusión, integrantes del Pacto Histórico presentaron reparos y promovieron cuatro proposiciones de archivo. Entre sus argumentos señalaron que la iniciativa no cuenta con concepto del Consejo de Política Criminal ni con aval fiscal, aspectos que, a su juicio, ponen en duda su conveniencia.

También cuestionaron que la propuesta descarte la salida negociada al conflicto, una alternativa que, según señalaron, había estado presente en las distintas prórrogas de la ley de orden público. A esto sumaron sus inquietudes sobre la falta de definiciones relacionadas con el terrorismo en el ordenamiento jurídico colombiano.

Lara asegura que la fuerza pública seguirá operando

Uno de los puntos centrales de la defensa del Gobierno fue la continuidad de las órdenes de captura y de las operaciones de seguridad durante las etapas preparatorias del sometimiento. Lara sostuvo que el proyecto no contempla suspender las acciones estatales mientras avanzan los procedimientos.

“Aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías; aquí lo que hay básicamente es un marco para someterse a la fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la república, con el código de procedimiento penal a la mano. Tercero, aquí de ninguna manera se están suspendiendo las órdenes de captura”,

El ahora exfuncionario agregó que el Estado mantendría las investigaciones y la persecución de las organizaciones criminales mientras se adelantan los actos preparatorios. Con ello buscó responder a las críticas sobre posibles ventajas anticipadas para quienes pretendan acogerse a la ley.

“Aquí no se llega a una mesa y le dice: ‘Mira, toma tu suspensión de orden de captura antes de negociar; mira, ¿sabes qué? Te regalo una suspensión de tu extradición’. No señor, mientras se adelantan los actos preparatorios, la fuerza pública sigue operando y la Fiscalía sigue investigando. Aquí no hay un cese de operaciones de la fuerza pública. Aquí no hay de ninguna manera el beneficio de la inacción del Estado para los grupos criminales. Aquí se les combate porque se deben someter a la justicia”, dijo Lara Restrepo.

La oposición también expresó preocupaciones sobre los criterios para acceder a reducciones de penas, particularmente por el papel que tendrían las víctimas en decisiones relacionadas con la liberación de los sometidos. El representante Jorge Palacio advirtió sobre el riesgo de presiones que pudieran derivar en nuevas formas de revictimización.

Otro cuestionamiento se centró en los cambios propuestos para el régimen de contratación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior. Congresistas críticos señalaron que permitir modalidades directas y reservadas podría abrir espacio a irregularidades.