Juan David Quintero, concejal de Bogotá, señaló que la creación de Sencia surgió de un conflicto de intereses

El estadio Nemesio Camacho El Campín volvió a generar controversia por la gestión de Sencia, la empresa que administra el escenario desde 2024.

La suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas, el 13 de octubre de 2026, apenas 15 minutos antes del inicio y por el mal estado de la gramilla, reavivó los cuestionamientos sobre el contrato que otorgó el manejo del estadio a un operador privado y sobre la responsabilidad del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) en su vigilancia.

La Personería de Bogotá anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el director general del Idrd, Daniel Andrés García Cañón, y otros cuatro funcionarios de la entidad por presuntas irregularidades en el seguimiento de los contratos IDRD-CTO-2772-2024 e IDRD-SG-359-2024, vinculados al mantenimiento de El Campín y al aprovechamiento del césped del parque La Florida.

Mientras avanzan las investigaciones de los organismos de control, el concejal Juan David Quintero, uno de los más visibles frente a las denuncias, participó en el pódcast Historias Secretas, de Alejandro Pino Calad, donde profundizó en una serie de irregularidades que, según su versión, explican el origen de los problemas que enfrenta el estadio.

Un exfuncionario del Idrd terminó como directivo de la empresa que administra El Campín

Quintero centró buena parte de su denuncia en la trayectoria de Jaime Luque, a quien identificó como el funcionario del Idrd responsable de estructurar las asociaciones público-privadas (APP) del distrito.

Según el concejal, Luque conocía de primera mano toda la información técnica y financiera del proyecto antes de pasar a ocupar la gerencia de Sencia. “Este señor Luque era el que estaba contratado por el Idrd, o sea, tenía funciones públicas para revisar la APP del Movistar Arena, la APP del Salitre y finalmente lo que será la APP del Campín”, explicó Quintero, quien agregó que esa misma persona terminó como “el primer CEO de Sencia como tal, cuando CDC se convierte en Sencia”.

El concejal fue enfático al calificar ese tránsito del sector público al privado como una práctica que debe ser objeto de escrutinio, por un posible conflicto de intereses. “Él era el que conocía las fórmulas financieras, las fórmulas de explotación, los miedos que tenía el Idrd, absolutamente todo. Y esa información es con la que después se va a hacer el gerente de Sencia”, afirmó.

Según Quintero, actualmente no hay rastro público de la participación de Luque en la empresa: “Hoy no sabemos dónde estará el señor Luque, porque no aparece ni como CEO ni como accionista; lo desaparecieron”, manifestó. Ante esto, Pino Calad señaló que figura en los contratos como segundo representante legal de Sencia.

Un contrato pensado para especular y no para construir un nuevo estadio

Para Quintero, el fondo del problema no es solo el conflicto de interés de un funcionario, sino la naturaleza misma del negocio que se estructuró. El concejal sostuvo que los socios originales del contrato, agrupados en la empresa Concéntrica, la firma logística Producción y Eventos 911 y la sociedad liderada por el hoy CEO Mauricio Hoyos, carecían de la capacidad financiera para ejecutar una obra de la magnitud del nuevo estadio.

El concejal fue lapidario en su concepto: “Aquí el negocio no era hacer un estadio, era hacer un negocio especulativo”, afirmó, agregando que “el objetivo no era hacer el estadio, era venderlo a un buen marrano” una vez obtenido el control de la concesión.

Esa hipótesis, según Quintero, se confirmó cuando Corficolombiana reportó en sus estados financieros, el 6 de enero de 2026, la compra de una participación mayoritaria en Sencia por cerca de 86.000 millones de pesos.

“Apenas Galán les arregla el contrato, Corficolombiana sale y les compra las acciones a los de Sencia. Eso en finanzas se llama un cash out. Eso prueba la tesis mía de que aquí lo que existía era un negocio especulativo, que estos tipos se ganaron el estadio con la cédula, especularon y mintieron, y gracias a esa mentira fue que lograron venderle a Corficolombiana”, aseguró.

Compromisos de infraestructura que, según Quintero, el Distrito no puede cumplir

El concejal cuestionó que el contrato comprometiera al Idrd a ejecutar obras de infraestructura vial y de transporte que, a su juicio, exceden las competencias legales de la entidad. Puntualmente, se refirió a la ampliación de la calle 53B en la localidad de Teusaquillo y a la construcción de una nueva estación de Transmilenio, necesarias ante el potencial aumento de aforo del estadio de 45.000 a 60.000 espectadores.

“El Idrd, hasta donde yo sé, no hace vías ni hace estaciones de Transmilenio. Entonces, ¿cómo el Idrd va a firmar una APP donde se compromete a la ciudad a hacer una vía y una estación gigante de Transmilenio?”, planteó.

Quintero advirtió además sobre el riesgo que representa habilitar el mayor aforo sin que esas obras estén terminadas: “Si eso no se hace, se van a tirar los barrios, como está ocurriendo en este momento. Los vecinos me decían: ‘¡Oiga, compadre, no podemos ni salir de las casas!’”, manifestó.

El concejal señaló a la Secretaría de Movilidad por una supuesta flexibilización en los planes de manejo de tránsito exigidos para un proyecto de ese impacto, sin que hasta el momento se conozcan las razones.

Un pago de 26.000 millones de pesos que el concejal considera irregular

Uno de los señalamientos más puntuales de Quintero tiene que ver con el reconocimiento económico que recibió la empresa originadora del proyecto. Según explicó, la normativa de las APP establece que, si el originador de una iniciativa no resulta finalmente adjudicatario del contrato, el nuevo concesionario debe pagarle los costos en que incurrió al estructurar el negocio.

El problema, dijo, es que en este caso el originador y el adjudicatario terminaron siendo el mismo grupo empresarial. “Yo con yo me voy a autorizar un pago anticipado de 26 mil millones de pesos [...] Yo me autoricé con yo mismo un pago por estructurar el negocio que me gané por veintiséis mil millones de pesos”, relató el concejal, quien agregó haber detectado diferencias entre la minuta original publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y el texto finalmente firmado del contrato.

El caso BTS y la polémica de la grama del parque La Florida

Quintero también relató un episodio que, según dijo, ilustra la forma en que Sencia obtiene ingresos adicionales al margen del cumplimiento de sus obligaciones con el escenario. El concejal señaló que la empresa recibió cerca de 900.000 dólares por permitir que la agrupación surcoreana BTS instalara un escenario de 360 grados sobre la cancha para sus dos fechas a inicios de octubre, una cifra que, según le confirmó el propio Hoyos, habría sido incluso mayor.

En paralelo, Sencia retiró parte de la grama del parque La Florida para reemplazar la del Campín, bajo el compromiso de devolver ese césped “en especie” y no en dinero, hecho duramente criticado por Quintero. “¿Pero cómo así que ustedes les dieron 900 mil dólares en cash y ustedes le van a pagar a la ciudad en especie? ¡No sean sinvergüenzas!”, afirmó el concejal.

Según Quintero, el deterioro de la cancha también se relaciona con un cambio en la tecnología de mantenimiento del césped, con la adopción del sistema conocido como big rolls, utilizado en Europa, pero poco adecuado, a su juicio, para el clima de Bogotá. “Estos tipos me lo reconocieron. Dijeron: ‘No, pues nosotros estamos haciendo la curva de aprendizaje’”, relató el concejal, quien calificó ese método como un acto de improvisación frente a la administración de un bien público.

La posibilidad de demandar el contrato de Sencia

El concejal explicó que uno de los principales obstáculos para exigirle responsabilidades a Sencia es que el Idrd delegó toda la supervisión del contrato en una interventoría externa, sin conservar capacidad de control directo.

A eso se suma, dijo, que el contrato no definió un indicador específico para medir el estado del césped. “No hay ningún incumplimiento, porque en el contrato no hay indicador de servicio”, sostuvo Quintero, quien agregó que esa ausencia de parámetros permite que la empresa sostenga que la cancha está en condiciones adecuadas pese a la evidencia en contrario.

Consultado sobre si el contrato podría caerse por la vía judicial, Quintero no descartó impulsar una demanda. Fundamentó esa posibilidad en varios elementos: la trayectoria de Luque entre el sector público y la empresa privada, el pago de los 26.000 millones de pesos por costos de estructuración, las diferencias entre la minuta y el contrato firmado y el compromiso del Idrd de ejecutar obras que, según el concejal, no corresponden a sus funciones. “Es un mal negocio para la ciudad”, concluyó, al tiempo que anunció que continuará revisando el contrato junto con otros concejales que integran una comisión de seguimiento al caso.