Gustavo Petro reaccionó a la aprobación del proyecto de ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella: “Impunidad a testaferros y financiadores del narcotráfico”

A través de sus redes sociales, el expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en la mañana del jueves 22 de octubre la aprobación en primer debate del proyecto de ley de sometimiento y sostuvo que la iniciativa, que es promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, abre la puerta a beneficios para testaferros y financiadores del narcotráfico.

El ex jefe de Estado publicó su postura en su cuenta de X, después de que las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes avalaron la propuesta, tras una discusión que se extendió por más de 10 horas y que se alcanzó a efectuar con la presencia del destituido ministro del Interior, Rodrigo Lara, que participó del debate en el legislativo.

“Se ha presentado un proyecto de impunidad a testaferros y financiadores del narcotráfico”, escribió Gustavo Petro al referirse al texto que ahora deberá discutirse en las plenarias de ambas cámaras. Y agregó que los beneficios jurídicos deben depender de la contribución de los solicitantes al esclarecimiento de los hechos en los que están involucrados.

“Como lo dijo la Corte Constitucional, si no se amarra el beneficio jurídico a la verdad, no es más que impunidad y promoción de más narcotráfico y más violencia”, señaló el expresidente en su declaración, con la que puso en entredicho lo que sería esta proposición, que en la práctica promete poner fin a la política de Paz Total que impulsó en su administración.

Petro cuestionó el contraste con los procesos promovidos durante su gobierno

En su mensaje, el ex primer mandatario comparó el proyecto aprobado con los mecanismos de negociación que defendió durante su gestión. Según indicó, aquellas iniciativas tenían como ejes la entrega de información y el desmantelamiento de las estructuras criminales, aspectos que no se tendrían en cuenta, según él, en el articulado impulsado en el Congreso.

“Toda la crítica que se hacía a los procesos de paz que promovimos, anclados a decir la verdad y desmantelar el narcotráfico a través de la negociación sociojurídica, hoy palidece ante la impunidad y promoción del narcotráfico que genera el proyecto de (Rodrigo) Lara”, escribió el expresidente, que hizo mención del saliente titular de la cartera, que impulsó el proyecto.

Del mismo modo, Petro también relacionó esa discusión con el exprocurador Alejandro Ordóñez, y aludió como una figura como Lara fue “defenestrada por la extrema derecha”, a dos meses y 15 días de haber comenzado el actual Gobierno. No obstante, no precisó en esa publicación a qué apartado concreto del proyecto atribuía los beneficios para testaferros y financiadores.

Proyecto busca reemplazar la política de Paz Total

La Ley de Sometimiento aprobada en primer debate por las comisiones primeras del Congreso plantea un cambio frente a la política de Paz Total implementada durante el gobierno de Petro. La iniciativa propone que el tratamiento de las organizaciones criminales quede bajo la justicia ordinaria, sin reconocimiento político ni espacios de negociación con el Ejecutivo.

El texto tampoco prevé la suspensión de órdenes de captura o de solicitudes de extradición, ni contempla centros de reclusión especiales para los integrantes de las estructuras que decidan acogerse. La propuesta fija rebajas de hasta el 30% de la pena para jefes o miembros con funciones de mando. Para los demás integrantes, las reducciones podrían llegar al 50%.

Los beneficios establecidos en el proyecto dependerán de la entrega de bienes de origen ilícito, el desarme y la revelación de información sobre rutas de narcotráfico, desapariciones, secuestros y posibles vínculos con casos de corrupción política. En ese sentido, las víctimas tendrán participación en las decisiones con la entrega de beneficios o la suspensión de condenas.

Para que sea ley, el proyecto deberá superar dos debates más, uno en la plenaria del Senado y otro en la Cámara de Representantes. El trámite legislativo enfrenta el límite de la vigencia de la Ley de Orden Público, la Ley 418, que vence a principios de noviembre de 2026, por lo que se espera un trámite ágil teniendo en cuenta que la iniciativa contaría con las mayorías en el legislativo.