Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027 y David Racero anunció demanda: “Es ilegal”

El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027, cuyo monto será de $634,9 billones, pese a que el proyecto recibió aprobación en el Congreso de la República en la madrugada del martes 20 de octubre.

Sin embargo, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, detectó el vicio de trámite que impidió completar la conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado. La diferencia se originó en el artículo 65, que regula las coberturas financieras ante variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y el dólar.

Mientras el Senado mantuvo la redacción original, la Cámara aprobó una modificación al incorporar, después de las 3:00 a. m. del martes 20 de octubre, una proposición que la otra corporación ya había retirado. El hecho dejó textos distintos en ambas cámaras y evitó que el Congreso concluyera el procedimiento dentro del plazo.

Pese a ello, el vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que el Gobierno recurrirá al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la norma que regula el escenario en que el Congreso no culmina la aprobación del proyecto dentro del plazo legal.

Por ello, el decreto conservará el monto mencionado, pero dejará sin efecto los cambios incorporados en el segundo debate, donde las cámaras aprobaron textos distintos sin llegar a una conciliación antes del cierre del trámite.

David Racero anunció una demanda contra el decreto presupuestal

Pese a la decisión del Gobierno, desde la bancada de la oposición también contemplan acciones jurídicas contra el decreto que expedirá el Ejecutivo que fija el Presupuesto General de la Nación, a partir del 1 de enero de 2027.

El senador del Pacto Histórico, David Racero, anunció que acudirá ante las instancias judiciales para demandar la futura medida expedida por el Ejecutivo. El congresista, a través de su cuenta de X, cuestionó, en particular, que el texto incluya facultades para efectuar traslados presupuestales, pues considera que estas requieren aprobación mediante una ley del Congreso.

“Anuncio que demandaré dicho decreto porque los artículos que facultan la posibilidad de lo que el vicepresidente afirma como “traslados presupuestales”, son facultades extraordinarias que SOLO el congreso puede aprobar. Dichas facultades no pueden ser decretadas sino aprobadas por ley!!”, escribió el parlamentario en las redes sociales.

El senador también sostuvo que el Gobierno pretende inducir a error al presentar como aprobado un proyecto que, según su interpretación, no completó el proceso legislativo. “Aunque se haya aprobado en primer debate no se aprobó en plenaria, es decir, no se aprobó como ley”, afirmó Racero.

Por último, el congresista de oposición recalcó que el futuro decreto “es ilegal”, al considerar que “el gobierno pretenda darse facultades para hacer modificaciones a futuro con el presupuesto como se le dé la gana”. Su anuncio anticipa una controversia judicial sobre el alcance del decreto y las disposiciones que autoricen reorientaciones del gasto público.

Vicepresidente Restrepo explicó a detalle el decreto del Presupuesto 2027

En una declaración a la opinión pública, el vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que el presupuesto “no ha sido ni hundido ni tumbado por nadie” y aseguró que contó con respaldo mayoritario en ambas corporaciones.

Según el alto funcionario, el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto permite que, ante la falta de culminación del trámite, rija el proyecto presentado por el Gobierno junto con los ajustes discutidos y aprobados en primer debate.

Restrepo explicó además que el decreto mantendrá las adiciones acordadas con las bancadas en las comisiones económicas, incluida la distribución de recursos revisada en esa instancia y las facultades para efectuar traslados presupuestales. “Este presupuesto general de la nación que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”, declaró.

Como consecuencia de la expedición por decreto, no entrarán en vigor los cambios aprobados en el segundo debate. Entre ellos figuran una reducción de $8 billones en el servicio de la deuda para trasladarlos a inversión regional, $3 billones adicionales para salud, $6,5 billones para pensiones, $3 billones para subsidios de energía y gas y $700.000 millones para universidades públicas. Tampoco se mantendría la asignación adicional de $6,4 billones para el sector defensa.