
El Presupuesto General de la Nación de 2027 quedó en entredicho por un presunto vicio de trámite durante su discusión en el Congreso. Según reveló la senadora Esmeralda Hernández, una proposición que no fue votada en el Senado terminó incluida en el texto aprobado por la Cámara de Representantes, lo que generó una diferencia entre las versiones avaladas por ambas corporaciones.
Semana señaló que el error se habría originado en el seguimiento que los abogados del Ministerio de Hacienda hicieron al trámite legislativo. La situación se conoció el 20 de octubre, fecha límite para aprobar la iniciativa, después de que las plenarias adelantaran sus respectivas votaciones.
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La controversia podría comprometer recursos adicionales previstos para distintas entidades estatales. Entre las partidas señaladas por la revista están $3 billones para el sector salud, además de asignaciones para educación, infraestructura vial, justicia y subsidios de gas.
Los recursos que estarían en riesgo si se hunde el Presupuesto 2027
De acuerdo con la información publicada por el medio ya mencionado, estas son las partidas adicionales que podrían quedar comprometidas si el proyecto no entra en vigor en los términos aprobados durante el trámite legislativo:
- Salud: $3 billones.
- Educación: $100.000 millones.
- Registraduría Nacional del Estado Civil: $100.000 millones.
- Invías: $100.000 millones.
- Rama Judicial: $100.000 millones.
- Defensoría del Pueblo: $30.000 millones.
- Ministerio de Ambiente: $26.500 millones.
- Subsidios para el gas licuado de petróleo (GLP): $70.000 millones.
También estarían en discusión recursos adicionales para los sectores eléctrico y de defensa, aunque la información suministrada no precisa sus montos.
El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, se refirió a las posibles consecuencias para el sector salud. “A mí lo que más me duele es que se pierden 3 billones para la salud”, afirmó, según recogió el medio.
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El alcance de las afectaciones dependerá de la interpretación jurídica sobre el trámite del proyecto y de las decisiones que adopte el Gobierno para definir cómo se aplicará el presupuesto de 2027.

¿Cuál fue el error en el trámite del Presupuesto 2027?
El problema se originó en una proposición que tenía el aval del Gobierno, pero que no fue votada en el Senado.
Pérez explicó que esa corporación aprobó el artículo 65 sin incorporar una modificación presentada por Juan Caicedo, quien retiró la proposición y la dejó como constancia. Sin embargo, la Cámara aprobó el artículo con esa modificación incluida.
La diferencia entre los textos habría requerido una conciliación para unificar lo aprobado por ambas cámaras. Ese procedimiento no se realizó antes de que venciera el plazo legislativo.
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“En sana técnica legislativa necesitaba conciliación y no se concilió”, señaló Pérez, de acuerdo con el medio.
La controversia se centra en las consecuencias jurídicas de esa diferencia. Según lo informado por Semana, todavía está por determinarse si el presunto vicio afecta la totalidad del proyecto o únicamente el artículo cuestionado.
Qué establece el artículo 65 cuestionado
La disposición está relacionada con las operaciones de cobertura previstas en la Ley 2010 de 2019, que contempla el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), y la Ley 1955 de 2019, vinculada con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El artículo permite estructurar, contratar y ejecutar conjuntamente operaciones destinadas a mitigar riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones de los precios del petróleo y los combustibles líquidos, así como de la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense.
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También contempla que los costos de esas operaciones puedan cubrirse con cargo al servicio de la deuda pública cuando los recursos disponibles en los fondos correspondientes sean insuficientes.
La disposición establece, además, que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional pueda administrar esas operaciones mediante cuentas independientes mientras se incorporan a los fondos respectivos.
Según la información publicada por la revista, la dificultad legislativa surgió porque el Senado aprobó el artículo sin la modificación, mientras que la Cámara incorporó el texto que contenía la proposición.
¿Qué pasaría si el Gobierno expide el presupuesto por decreto?
Una de las alternativas planteadas consiste en recurrir al presupuesto aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso.
Según explicó Pérez, en ese escenario el monto global se mantendría en aproximadamente $634,9 billones, pero no se incluirían algunas de las adiciones aprobadas posteriormente durante el trámite legislativo.
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Por tanto, la diferencia estaría en las asignaciones destinadas a determinados sectores y entidades, y no necesariamente en el monto total de los recursos previstos.
Pérez también planteó la posibilidad de que el Gobierno sancione la ley y permita que la Corte Constitucional determine los efectos del presunto vicio de procedimiento. No obstante, reconoció que no existe claridad sobre esa alternativa debido a la complejidad jurídica del caso y a la falta de antecedentes claros.

La alternativa para recuperar las partidas presupuestales
Otra opción expuesta por el representante consiste en convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en enero de 2027 para presentar un proyecto de adición y traslado presupuestal, eventualmente con mensaje de urgencia.
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Ese procedimiento permitiría tramitar nuevamente recursos para salud y otros sectores que no quedaran incorporados en el presupuesto aplicable. Sin embargo, la alternativa dependería de la aprobación del Legislativo.
Por ahora, las consecuencias del presunto vicio de trámite y el alcance de sus efectos están pendientes de definición jurídica. Esa determinación permitirá establecer qué partidas podrán ejecutarse y qué mecanismos podría utilizar el Gobierno para gestionar los recursos que queden por fuera del presupuesto de 2027.
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