Tribunal ordena alternativas para crisis de agua en Santa Marta si desalinizadoras no son viables

El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó a las autoridades avanzar en soluciones estructurales para enfrentar la crisis de agua potable en Santa Marta y dispuso que, si el proyecto de las dos plantas desalinizadoras resulta inviable técnica o ambientalmente, deberán adoptarse otras alternativas de abastecimiento.

La decisión fue proferida el 30 de septiembre de 2026, con ponencia de la magistrada Maribel Mendoza Jiménez, dentro de una acción popular promovida por la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena.

Según informó Caracol Radio, la acción busca proteger derechos colectivos relacionados con el acceso a servicios públicos eficientes, la salubridad pública y el ambiente sano.

El fallo vincula al Distrito de Santa Marta, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR, el Ministerio de Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación.

Desalinizadoras deberán seguir en evaluación

Sobre las plantas desalinizadoras, el Tribunal ordenó continuar con las actuaciones necesarias para su estructuración, financiación y eventual ejecución, conforme al CONPES 4159 de 2025.

Sin embargo, la decisión deja abierta la posibilidad de que ese proyecto no avance si los estudios concluyen que no es viable desde el punto de vista técnico o ambiental.

En ese caso, las entidades responsables deberán implementar otras soluciones que permitan atender de manera estructural el déficit de agua potable de la ciudad.

El pronunciamiento judicial se conoce después de que el presidente Abelardo de la Espriella descartara el 25 de septiembre el proyecto de desalinizadoras al considerar que no era técnicamente viable.

Posteriormente, el mandatario prometió presentar en un plazo de diez días una solución concreta para la crisis de abastecimiento de Santa Marta.

Ese plazo venció el 15 de octubre, sin que, de acuerdo con la información suministrada, se hubiera presentado públicamente la alternativa anunciada.

El fallo también ordena adoptar las decisiones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para ejecutar las obras priorizadas dentro del Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

Esas actuaciones deberán incluir cronogramas, etapas y fuentes de financiación claramente definidas.

El Curval y Toribio, entre los proyectos priorizados

Entre las medidas establecidas por el Tribunal está la priorización de recursos para la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Curval y para el diseño y construcción de la PTAP Toribio.

También se ordenó implementar un plan de contingencia que garantice el suministro continuo de agua, con prioridad para el consumo humano y doméstico.

La decisión incluye medidas dirigidas a reducir las pérdidas en las redes de distribución, monitorear el acuífero y la posible intrusión de agua marina, ampliar las redes de alcantarillado y ejecutar obras de saneamiento.

Además, contempla acciones de recuperación en las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de la quebrada Bureche.

El Tribunal busca que las soluciones no se concentren únicamente en una obra específica, sino que aborden los problemas de infraestructura, abastecimiento y saneamiento que afectan a la ciudad.

Para vigilar el cumplimiento, la corporación creó un Comité de Verificación que deberá presentar informes cada dos meses sobre los avances alcanzados por las entidades responsables.

Este mecanismo permitirá hacer seguimiento judicial a los compromisos, las inversiones y las decisiones administrativas adoptadas frente a la emergencia.

La orden deja así dos caminos abiertos: continuar la estructuración de las desalinizadoras si superan los estudios correspondientes o reemplazarlas por alternativas técnicamente viables que garanticen una solución permanente para el abastecimiento de agua en Santa Marta.