Autor de la proposición que tumbó el Presupuesto General de la Nación culpó al Pacto Histórico: “Una actitud de saboteo”

La falta de conciliación del artículo 65 puso en duda la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de que Senado de la República y Cámara de Representantes avalaran versiones distintas antes del vencimiento del plazo constitucional.

Tras la polémica que obligó al Gobierno nacional a expedir el presupuesto por decreto, el senador del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo, creador de la proposición que habría dado paso a un vicio de trámite, sostuvo que el origen del problema estuvo en el manejo de la propuesta que él retiró durante la plenaria.

El Congreso debía terminar el trámite del proyecto antes de la medianoche del 20 de octubre. Aunque las dos corporaciones realizaron sus votaciones, la diferencia entre los textos del artículo 65 exigía una comisión de conciliación. Esa instancia no se instaló ni alcanzó a someter un informe a votación dentro del término previsto.

El artículo regula operaciones de cobertura fiscal frente a variaciones en los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio. El Senado lo aprobó en los términos de la ponencia, mientras que la Cámara avaló una redacción que incluía dos parágrafos propuestos por Caicedo.

Caicedo dijo que retiró la proposición para destrabar el debate

Según Caicedo, el Senado ya había aprobado el artículo tal como figuraba en la ponencia cuando se planteó incorporar los parágrafos. Para que esa modificación pudiera votarse, explicó, era necesario reabrir la discusión y someter nuevamente el artículo a consideración de la plenaria.

El senador afirmó que la discusión se prolongó y atribuyó la situación a una estrategia del Pacto Histórico para impedir adiciones de recursos. Entre ellas mencionó tres billones de pesos para salud y $ 6,2 billones para la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto, entre las que citó municipios del Eje Cafetero y Valle del Cauca.

“Yo lo que hago es retirar mi proposición y la dejo como constancia”, señaló Caicedo al explicar que tomó esa decisión para cerrar el debate y permitir que continuara el trámite del Presupuesto General de la Nación. El congresista aseguró que, pese al retiro, la Cámara incorporó la proposición en su propia votación, lo que generó la diferencia frente al texto aprobado por el Senado.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, había dado su aval formal a la modificación, de acuerdo con la información conocida durante la discusión legislativa.

“Y en el marco de ese debate, el Pacto Histórico, claramente en una actitud de saboteo para no permitir que nosotros le adicionáramos tres billones de pesos a la salud, para no permitir que nosotros le adicionáramos 6.2 billones a la reconstrucción del eje cafetero, del Valle del Cauca y de todas las zonas afectadas por el terremoto, empezó a dilatar la discusión. Y yo, en aras de cumplirle al país en los temas de salud, de reconstrucción del terremoto, qué dije: “No, yo lo que hago es retirar mi proposición y la dejo como constancia, y ahí queda zanjado el debate y nosotros podemos destrabar esa situación y continuar con el trámite y la aprobación del presupuesto general de la nación”. Eso fue lo que ocurrió puntualmente”, señaló el congresista.

La diferencia entre las dos cámaras requería una conciliación

El secretario general del Senado, Diego González, dejó constancia en una comunicación divulgada en la madrugada del 21 de octubre de que se publicaría el enlace con las proposiciones aprobadas. En esa revisión quedó consignado que el Senado mantuvo el texto original del artículo 65 y la Cámara aprobó una versión modificada.

Cuando Cámara y Senado aprueban textos distintos de una misma disposición, la Ley 5 de 1992 contempla la conformación de una comisión accidental de conciliación. Su tarea consiste en acordar una redacción única, que luego debe ser aprobada por ambas plenarias.

La falta de ese paso abre una discusión sobre los efectos del vicio de trámite. Una interpretación sostiene que la ausencia de conciliación impide que el proyecto se convierta en ley. Otra postura, apoyada en decisiones previas de la Corte Constitucional, plantea que la invalidez podría concentrarse en las normas sobre las que no hubo coincidencia, sin afectar necesariamente la totalidad del articulado.

El Gobierno prevé expedir el presupuesto por decreto

Ante la imposibilidad de cerrar el procedimiento legislativo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027. El vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que el Ejecutivo aplicará el mecanismo previsto para los casos en los que el Congreso no concluye el trámite dentro del plazo.

Restrepo afirmó que el presupuesto no fue “hundido ni tumbado” y sostuvo que el decreto recogerá las modificaciones aprobadas en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.

Según su explicación, el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que, en esta circunstancia, rige el proyecto presentado por el Gobierno con los cambios aprobados en esa etapa.

El monto proyectado asciende a $634,9 billones. Bajo esta vía, se conservarían las distribuciones y adiciones avaladas en el primer debate, pero quedarían por fuera los ajustes que solo avanzaron en las plenarias y no lograron completar el trámite legislativo.