La Procuraduría investigará a dos exvicepresidentes de Colpensiones por irregularidades en contrato de casi $10 mil millones

La indagación disciplinaria examinará las decisiones de María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia sobre ajustes formalizados en 2022 y 2023 a un acuerdo suscrito en 2020 para la entidad estatal

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra dos exvicepresidentes de Colpensiones por presuntas irregularidades contractuales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra dos exvicepresidentes de Colpensiones por presuntas irregularidades contractuales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia, exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones, por presuntas irregularidades en un contrato firmado en 2020 para el mejoramiento tecnológico de la entidad.

El acuerdo tuvo un valor de 9.400 millones de pesos y fue modificado mediante los otrosíes número dos y cinco, suscritos en 2022 y 2023. La indagación busca establecer si esos cambios contaron con el respaldo técnico y financiero requerido.

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“Irregularidades relacionadas con un contrato suscrito en 2020, por $9.400 millones, para el mejoramiento tecnológico de la entidad”, se observa en el comunicado expedido por el Ministerio Público.

Modificaciones sin soportes técnicos ni financieros

El traslado a Colpensiones suele favorecer a afiliados con más de 1.300 semanas cotizadas y salarios de cuatro o cinco salarios mínimos o más - crédito Procuraduría General de la Nación
El contrato para el mejoramiento tecnológico de Colpensiones se pactó en 2020 por un valor de $9.400 millones - crédito Procuraduría General de la Nación

Los documentos habrían alterado componentes del contrato con el argumento de variaciones en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que refleja el valor del dólar frente al peso colombiano, y en el salario mínimo mensual legal vigente.

“Al parecer, los otrosíes 2 y 5, firmados en 2022 y 2023, habrían modificado los componentes del contrato argumentando variaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), sin dejar ningún soporte, análisis detallado o justificación técnica de este cambio”, se añade en el documento.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, las modificaciones no tendrían soportes, análisis detallados ni justificación técnica que explicara los ajustes realizados en las condiciones del acuerdo.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales para revisar los aspectos técnicos y financieros vinculados con la firma de los otrosíes.

“La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales con el propósito de conocer, entre otros, los aspectos técnicos y financieros relacionados con la suscripción de los otrosíes”, concluye el comunicado de la Procuraduría.

Pruebas documentales en una etapa inicial

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales vinculadas a los otrosíes - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales vinculadas a los otrosíes - crédito Procuraduría General de la Nación

Morón Baute y Melo Velandia serán investigados por decisiones tomadas durante su paso por la Vicepresidencia de Gestión Corporativa de Colpensiones, área relacionada con la gestión administrativa de la entidad estatal encargada de administrar las pensiones de los colombianos.

La actuación disciplinaria se encuentra en una etapa inicial y las pruebas solicitadas buscan determinar cómo se sustentaron las modificaciones incorporadas al contrato tecnológico.

En febrero de 2025 la Procuraduría formuló cargos contra los mismos exdirectivos de Colpensiones por adiciones en otros contratos

Una mano sostiene una pluma fuente y firma un documento de papel con una firma tachada sobre una mesa de madera. Al fondo, estantes con carpetas y sellos.
Imagen de referencia. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia por presuntamente autorizar adiciones que superaron el límite del 50% del valor inicial en dos contratos de prestación de servicios.

El proceso disciplinario se centra en decisiones adoptadas durante los períodos de Morón Baute, quien ocupó el cargo entre 2019 y 2024, y de Melo Velandia, vicepresidente durante 2023. El organismo de control consideró que las actuaciones pudieron vulnerar el principio de moralidad en la contratación estatal.

Uno de los contratos investigados fue suscrito inicialmente por $41.296 millones para vincular personal al Centro de Atención Telefónico de Colpensiones. Ambos exfuncionarios firmaron un otrosí que autorizó adiciones que, sumadas a las aprobadas con anterioridad, excedieron el máximo permitido.

Dos contratos bajo revisión por adiciones acumuladas

La Procuraduría advirtió que con los despidos se pueden estar transgrediendo los derechos laborales de los exempleados - crédito Procuraduría General de la Nación/página web
Las pesquisas del ente de control abarcan los períodos de María Elisa Morón entre 2019 y 2024 y de Wilson Melo en 2023 en Colpensiones - crédito Procuraduría General de la Nación/página web

El segundo contrato tenía un valor inicial de $32.700 millones y buscaba incorporar trabajadores en misión mediante empresas de servicios temporales. En este caso, Morón Baute firmó dos otrosíes cuyas adiciones acumuladas también superaron el límite legal.

La Procuraduría sostuvo que los investigados “aparentemente aumentaron los valores de los citados bilaterales por un monto más allá del límite permitido por el estatuto de contratación estatal, contrariando los deberes que les imponían sus cargos en virtud de la delegación para comprometer y ordenar el gasto, así como celebrar los contratos y convenios, necesarios para el buen funcionamiento de la administradora”.

El órgano de control calificó provisionalmente los hechos como una falta grave cometida con culpa grave. Ambos exvicepresidentes deberán responder en juicio disciplinario por las autorizaciones otorgadas sobre esos contratos.

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