Tras el retiro de piezas del Museo Nacional, ordenado por Abelardo de la Espriella, se pronunció la Red Latinoamericana de Historia Pública: “La memoria no se desmonta”

En el manifiesto, la organización precisó que los museos públicos deben preservar y poner en discusión las memorias complejas del país, sin que sus contenidos queden sujetos a imposiciones ideológicas o a las preferencias de una administración

Entre las piezas desmontadas se destacan afiches de campaña de los excandidatos presidenciales Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo, ambos asesinados - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas/X
Entre las piezas desmontadas se destacan afiches de campaña de los excandidatos presidenciales Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo, ambos asesinados - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas/X
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En medio de la polémica por el retiro de más de 30 piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia, vinculadas con la violencia política, con personajes como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa; el feminismo, los derechos de las personas Lgbtiq+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, la Red Latinoamericana de Historia Pública expresó su preocupación por este hecho y exigió explicaciones.

El manifiesto, reproducido por Cambio, reunió las firmas de centenares de antropólogos, historiadores, museólogos, artistas, gestores culturales y ciudadanos de Colombia, América Latina, Europa y Estados Unidos. En este documento, los miembros de esta red reclamaron información sobre las razones del desmonte y el destino de las obras retiradas.

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Entre los adherentes figuran el excomisionado de la Comisión de la Verdad Alejandro Castillejo; el presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, José Fernando Rubio Navarro; la presidenta de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Małgorzata Kazmierczak, y los historiadores Marco Palacios, Mauricio Archila y Francisco Ortega.

créditos @marcela_s_b/X | archivo Colprensa/Sergio Acero | @ABarriosBernal/X
La decisión del desmonte de piezas del Museo Nacional se dio tras la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra de Cultura, Paola Holguín - créditos @marcela_s_b/X - Colprensa - @ABarriosBernal/X

También aparecen la antropóloga Mara Viveros Vigoya; el curador paraguayo Ticio Escobar, del Museo del Barro; la investigadora argentina Ana Longoni; el artista José Alejandro Restrepo; Heidi Abderhalden, de Mapa Teatro, y la Red Colombiana de Lugares de Memoria. “La historia no se borra por decreto”, fue uno de los apartes más claros de esta posición.

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Historiadores y museólogos de América Latina rechazan el retiro de obras del Museo Nacional

En su manifiesto, la Red Latinoamericana de Historia Pública señaló que un museo nacional debe servir a toda la sociedad y no al gobierno de turno. Con ese precepto, Los firmantes cuestionaron que se retiraran objetos relacionados con conflictos, exclusiones, resistencias y luchas por derechos que marcaron la historia colombiana.

El comunicado de la mencionada red también planteó que el patrimonio cultural incluye tanto los objetos asociados a las glorias nacionales como los testimonios de las víctimas, los procesos de paz, las luchas sociales y las memorias de sectores silenciados. Para los investigadores, la exclusión de esos relatos limita la comprensión colectiva del pasado.

La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día
Carlos Pizarro Leongómez fue comandante de la extinta guerrilla del M-19 y excandidato presidencial, tras firmar el Acuerdo de Paz - crédito @PizarroMariaJo/X

“La memoria no se desmonta, la historia no se censura”, reiteró la organización, en una declaración que definió la posición de los firmantes frente a la salida de las piezas de las salas del museo. De hecho, la red remarcó los museos deben “incomodarnos, cuestionarnos y confrontarnos” con aquellos episodios que parte de la sociedad preferiría olvidar.

Desde esa perspectiva, quitar las huellas materiales de hechos violentos -según este colectivo- no cambia lo ocurrido, aunque sí reduce las posibilidades de entenderlo. Con ello, los investigadores señalaron que varios integrantes de la red han dedicado parte de su trayectoria a estudiar la forma en que los museos representan los pasados difíciles.

Además de las violencias y las experiencias de grupos excluidos de los relatos oficiales. A su vez, la organización también vinculó su rechazo con la defensa del patrimonio cultural y el derecho a la memoria, en un pronunciamiento que fue respaldado por personas que mantuvieron relaciones académicas o profesionales con el Museo Nacional de Colombia.

El sicario perpetró el crimen de lesa humanidad de Bernardo Jaramillo Ossa con un subfusil - crédito archivo Colprensa
Bernardo Jaramillo Ossa fue un líder político del partido Unión Patriótica, hasta su asesinato, en marzo de 1990 - crédito Colprensa

Manifiesto pidió conocer los criterios y el destino de las piezas retiradas

En este contexto, la red exigió explicaciones públicas sobre cuatro puntos: “las razones del retiro, los criterios aplicados, los procedimientos institucionales que se siguieron y el destino de los objetos”. Con este documento, se enfatizó en el reclamo de que se garantice la participación de los profesionales del museo y el respeto por su autonomía curatorial.

Para la red, resulta preocupante que las decisiones hayan respondido a instrucciones políticas y no a los procedimientos curatoriales correspondientes. En concepto de los firmantes, la autonomía profesional de los museos “constituye una garantía social”, por lo que las decisiones obedecen a “criterios históricos, museológicos, éticos y académicos”.

En síntesis, expresaron sus reparos sobre las recientes decisiones de las obras que se exhiben, su interpretación y las modificaciones de las muestras del Museo Nacional. “El patrimonio no se censura”, sostuvo la red en otra de las frases centrales del pronunciamiento, en el que diferenció entre una revisión crítica y el retiro de contenidos por resultar incómodos.

El Museo Nacional de Colombia ha sido epicentro de protestas por la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar piezas relacionadas al conflicto armado - crédito AP
El Museo Nacional de Colombia ha sido epicentro de protestas por la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar piezas relacionadas al conflicto armado - crédito AP

Para los firmantes, las instituciones museales deben transformar y revisar sus narrativas; aun así, advirtió que una revisión museológica amplía las posibilidades de interpretación, mientras que la censura restringe esas opciones para el público. Y sostuvo que los avances en la representación de memorias sobre violencia, exclusión, resistencia y derechos ciudadanos surgieron de reflexiones sociales, políticas culturales y procesos de investigación.

La publicación también recordó que los procesos museológicos del Museo Nacional durante los últimos 20 años incluyeron consultas, equipos diversos y participación de organizaciones sociales. En consecuencia, el manifiesto indicó que la memoria histórica “pertenece a la sociedad y no a un presidente, un ministro o un partido político”.

Paola Holguín pidió proteger la memoria de las víctimas tras la protesta en el Museo Nacional, por la decisión de retirar piezas históricas - crédito Lina Gasca/Colprensa - @ColombiaOscura/X
Paola Holguín pidió proteger la memoria de las víctimas tras la protesta en el Museo Nacional, por la decisión de retirar piezas históricas - crédito Lina Gasca/Colprensa - @ColombiaOscura/X

Firmantes alertaron por posibles efectos en otras instituciones culturales

La red expresó su solidaridad con los trabajadores, investigadores, curadores y demás profesionales del Museo Nacional. El comunicado les atribuyó un papel central en la construcción de una institución más abierta, crítica, plural e incluyente; y advirtió en cómo lo que serían acciones de censura podrían repetirse en otras entidades culturales.

Entre ellas mencionó al Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Instituto Caro y Cuervo. Con ello, los firmantes asociaron esa preocupación con la “Contra-revolución cultural” anunciada en la alocución presidencial del 15 de octubre, pues esas instituciones ya habían dado muestras de alinearse con esa orientación.

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