Este fue el monto que le quitaron a la JEP en el Presupuesto General de la Nación de 2027 aprobado por el Congreso: supera los $180.000 millones

En la madrugada del martes 20 de octubre, al borde del límite previsto por la ley, se aprobó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2027, por el orden de los $634,9 billones. Pero así como hubo importantes adiciones a carteras clave del Ejecutivo, se dio vía libre a fuertes recortes; entre ellos, el que tuvo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La bancada del Centro Democrático consiguió que el presupuesto de esa entidad, surgida tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, incorporara un recorte total de $181.402 millones para el año entrante. Y es que al monto inicial de $170.000 millones, que se destinará al sector justicia, logró $11.402 millones de reajuste, en recursos que se trasladará al Ministerio de Defensa, con un propósito que causó polémica.

En efecto, según el articulado al que se le dio el visto bueno, estos rubros serán destinados a esta dependencia para cubrir sentencias ejecutoriadas por la muerte de integrantes de la fuerza pública. Con ello, la reducción quedó incluida en el referido presupuesto, que tuvo ajustes importantes con base en el monto que ya había recibido el aval del legislativo.

En consecuencia, este nuevo recorte saldrá del programa de fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa partida estaba destinada a soluciones tecnológicas y herramientas administrativas del tribunal transicional, que sufrió un nuevo ‘tijeretazo’ a sus finanzas, pese a los llamados de su presidente, Alejandro Ramelli.

Nuevo monto será trasladado para cumplir con las sentencias pendientes de la fuerza pública

En la discusión del presupuesto, el Ministerio de Defensa Nacional informó al Congreso que mantiene pendientes 850 sentencias ejecutoriadas por la muerte de miembros de la fuerza pública. Las obligaciones suman $ 685.778 millones, de ellas $ 399.823 millones corresponden a capital, $ 285.338 millones de intereses y $ 617 millones de costos juridicos.

La cartera señaló, en una respuesta fechada el 8 de septiembre de 2026, que actualmente paga turnos asignados en 2019. El atraso alcanza siete años y, según el ministerio, responde a apropiaciones presupuestales insuficientes durante una década; por lo que recibirá el monto de $11.402 que eran destinados inicialmente al funcionamiento de la jurisdicción especial.

De hecho, los retrasos en el cumplimiento de las determinaciones juiciales ya implicaron para el Estado el pago de $ 114.999 millones en intereses correspondientes a 358 sentencias. La nueva asignación busca atender los pagos de acuerdo con el orden de los turnos ya establecidos, aunque el monto total no alcance a cubrir el desfase por estos conceptos.

En este orden de ideas, el aumento para este rubro ocurre pese a que Defensa recibirá para 2027 una ampliación presupuestal de 16,8%, la mayor entre los ministerios de mayor tamaño. Con el traslado, el presupuesto de funcionamiento de la entidad pasará de $28,262 billones a $28,273 billones, en medio de la controversia que causó esta determinación.

La inversión de la JEP y los recursos sin ejecutar, según el Centro Democrático

En su argumentación, el partido de Gobierno, cuyo líder político es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido $1,23 billones para inversión desde 2018. La entidad reconoció que esos recursos no financian proyectos restaurativos, la ejecución de sanciones propias ni la reparación directa de las víctimas.

Para 2027, la JEP contaba con dos programas de inversión: uno misional, con $ 22.717 millones, y otro de apoyo a la gestión institucional, con $11.402 millones. El segundo quedó sin apropiación tras la modificación aprobada; en un panorama que mostraba cómo al corte del 28 de septiembre, la jurisdicción había comprometido solo el 62% de sus recursos.