La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Aeronáutica Civil por presuntas fallas en la ejecución de un contrato destinado a renovar los sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos de Colombia.
De acuerdo con la investigación del organismo nacional, la actuación examina si hubo falta de gestión para que funcionarios de la entidad verificaran los equipos en las instalaciones del fabricante antes de su envío al país.
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La decisión cobija a los exdirectores generales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), José Henry Pinto Rodríguez, que ocupó el cargo en 2025, y Luis Alfonso Martínez Chimenty, director entre 2025 y 2026.
También fue vinculado Carlos Uriel Barragán Mina, que se desempeñaba como secretario de Servicios a la Navegación Aérea, cargo que ejerció entre 2023 y 2026.
El proceso disciplinario no supone una declaración de responsabilidad. La Procuraduría busca establecer si los entonces directivos incumplieron deberes relacionados con la supervisión y ejecución del contrato.
Las pruebas en el exterior eran previas al despacho de los equipos
La investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación se concentra en los trámites para autorizar los viajes internacionales del personal de Aerocivil que debía presenciar las pruebas técnicas de los Sistemas de Comunicaciones de Voz (VCS) en la sede del fabricante extranjero.
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Esas revisiones estaban contempladas antes del traslado y la instalación de la tecnología en los 18 aeropuertos incluidos en el contrato. Según informó el Ministerio Público, habrían existido deficiencias y falta de gestión para permitir los desplazamientos de los funcionarios responsables de esa tarea.
La contratación, de acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, asciende a $ 36.300 millones y tiene como objetivo actualizar la plataforma de comunicaciones aeronáuticas. El sistema VCS permite la comunicación por voz en las operaciones de navegación aérea, por lo que las verificaciones técnicas formaban parte de las condiciones previstas para su puesta en servicio.
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La ausencia de verificaciones puede afectar el control de calidad y la capacitación
De otro lado, la Procuraduría General señaló que, al parecer, las pruebas requeridas no se realizaron. La situación podría afectar el control de calidad que debía efectuarse antes de que los equipos fueran despachados a Colombia.
El organismo de control advirtió que la falta de esas verificaciones presenciales también podría comprometer la capacitación del personal de Aerocivil, prevista dentro del contrato.
“Circunstancia que podría comprometer tanto el control de calidad previo al envío de los equipos como la capacitación al personal de la Aerocivil, previstos contractualmente”, indicó la entidad.
La investigación deberá determinar qué actuaciones correspondían a cada uno de los exfuncionarios vinculados, cómo avanzaron las autorizaciones de viaje y si las eventuales omisiones incidieron en el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la instalación de los sistemas en los aeropuertos.
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La Procuraduría continuará la recolección de pruebas dentro de la etapa disciplinaria para definir si hay lugar a nuevas decisiones en el proceso.
La Procuraduría también indaga presuntas influencias en decisiones de Aerocivil
Esta no es la primera investigación de la Procuraduría General de la Nación contra la Aeronáutica Civil. En julio de 2026, el organismo de control abrió una indagación previa por posibles irregularidades relacionadas con la vinculación de la creadora de contenido Gabriela Muñoz Olaya y algunos de sus allegados.
La investigación surgió tras denuncias de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que había señalado que Muñoz habría tenido incidencia en decisiones administrativas y en nombramientos de la entidad, pese a desempeñarse como auxiliar 1 del nivel asistencial.
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El Ministerio Público busca establecer si la funcionaria participó de forma irregular en asuntos que excedían sus funciones y si existió un posible tráfico de influencias para favorecer a personas cercanas. Muñoz rechazó los señalamientos y sostuvo que su cargo no le otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, elegir contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni intervenir en procesos de contratación.
La indagación también abarca un contrato cuyo valor inicial rondaba los $400 millones y que, tras modificaciones, habría alcanzado cerca de $12.000 millones. Además, la Procuraduría revisará la eventual habilitación de días y horas no laborables para actuaciones contractuales y la respuesta de Aerocivil a un requerimiento del Ministerio de Transporte sobre información de contratos de prestación de servicios.
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Como parte de las pruebas, el organismo solicitó a Aerocivil que entregue, en un plazo de 10 días hábiles, información sobre los que hayan ejercido la Secretaría General y la coordinación administrativa desde el 1 de enero de 2025, así como datos de la funcionaria Narda Duperly Roa Ibarra. También pidió al Ministerio de Transporte remitir el requerimiento mencionado y precisar qué datos enviados por la entidad resultaron incompletos.
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