
El partido Cambio Radical pidió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigue si la ex primera dama Verónica Alcocer García, así como personas de su entorno, deben ser incluidas o permanecer en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) por presuntos vínculos con narcotráfico y corrupción.
La petición formulada sostiene que las conductas denunciadas podrían tener una dimensión transnacional y reclama impedir que los señalados dispongan de bienes y recursos sometidos a la jurisdicción estadounidense. También solicita que la Oficina de Control de Activos Extranjeros determine si existen fundamentos para aplicar los criterios previstos en la legislación de Estados Unidos.
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El pedido se basa en una entrevista concedida por Eva Ferrer, exasesora de Alcocer, a Vicky Dávila, directora de la revista Semana, donde aseguró que Alcocer llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trasladó USD 2,5 millones a Colombia y advirtió que personas de su entorno estarían relacionadas con el tráfico de armas.

La solicitud también recoge que ese dinero habría sido utilizado para financiar la campaña de su primo Mario Alcocer, y que durante la campaña presidencial de Gustavo Petro se cobraba por concertar reuniones. Además, menciona presuntos testaferros como Carolina Plata —exasesora y amiga de la ex primera dama— y Danilo Romero —su esposo y un empresario del sector de hidrocarburos—, así como supuestos financiadores o testaferros europeos.
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El documento atribuye a Ferrer afirmaciones sobre la influencia de Alcocer en entidades públicas y sobre la entrega de esa influencia al congresista Agmeth Escaf y el exlegislador Mario Fernández.
Entre las instituciones que habría manejado menciona ProColombia, el Instituto de Bienestar Familiar, la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación, el Icetex y la Ungrd. También señala una presunta relación con el manejo de Ecopetrol realizado por Ricardo Roa, como hechos a tomar en cuenta por el Departamento de Estado.
Cambio Radical pidió vigilar a Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrel, y tramitar la pérdida de su nacionalidad colombiana

En una comunicación separada y dirigida al canciller Omar Bula Escobar, Cambio Radical solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que controle la permanencia y el tránsito en Colombia de dos ciudadanos de nacionalidad española: Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell, señalados por Ferrer como presuntos financiadores o testaferros vinculados al entorno de Alcocer.
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El partido también pidió a la cancillería que adelante los trámites ante las autoridades judiciales competentes para la pérdida de la nacionalidad colombiana por adopción y/o la suspensión de la ciudadanía de ambos individuos, en aplicación de la Constitución Política y la Ley 2332 de 2023.
Cabe señalar que la citada ley establece específicamente que la nacionalidad por adopción se perderá producto de una sentencia condenatoria por delitos que afecten o pongan en riesgo el Estado o la Constitución. Por lo tanto, la solicitud de Cambio Radical requeriría, para prosperar, una condena penal en firme.
Manuel Grau anuncia demanda contra Eva Ferrer por injuria y calumnia
El empresario español Manuel Grau (también identificado como Manel Grau) anunció que emprenderá acciones penales y civiles contra Eva Ferrer, luego de que la exconsejera presidencial lo señalara en una entrevista con la revista Semana por presuntamente participar en una red de movimiento de armas, dinero y drogas entre Colombia y Venezuela, vinculada al entorno de la exprimera dama Verónica Alcocer.
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En una carta publicada este miércoles 14 de octubre, Grau rechazó “de manera categórica, por falsos y calumniosos, todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán”. Agregó: “Solo móviles externos explican que pueda inventarse esa cantidad de afirmaciones mentirosas, calumniosas, injuriosas que son absolutamente falsas y sobre las cuales no tiene prueba alguna por la sencilla razón de que no son ciertas”.
El empresario catalán, con quien Ferrer compartió una amistad de más de 25 años, instruyó a sus apoderados para interponer denuncias por los delitos de injuria y calumnia, y no descartó sumar el delito de concurso para delinquir si se comprueban motivaciones externas detrás de las declaraciones. A esto se sumarán acciones civiles orientadas a obtener una reparación económica por los daños causados a su buen nombre y reputación.
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Grau también exigió a Ferrer una retractación pública: “Le deseo a Eva que encuentre la serenidad necesaria en este momento para hacer lo que procede, que es la retractación oficial de sus afirmaciones absolutamente falsas a la revista Semana”.
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