Representante José Jaime Uscátegui pidió anular la nacionalidad de Xavier Vendrell, Eva Ferrer, Manel Grau y Jorge Glas, los extranjeros aliados de Petro

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, radicó el 14 de octubre una demanda ante el Consejo de Estado para anular las cartas de naturalización concedidas a personajes como los catalanes Xavier Vendrell, Manel Grau y Eva Ferrer; además del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Si el alto tribunal acepta la solicitud del congresista, los cuatro perderían la nacionalidad otorgada por adopción dadas por la anterior administración; en una decisión que en su momento causó controversia, debido al trámite exprés en el que fueron certificados como connacionales sin, según Uscátegui, cumplir con los requiisitos para tal propósito.

“Todos han tenido problemas con la justicia. Eso es un concierto para delinquir y queremos revisar si hubo irregularidades en ese trámite de nacionalidad por adopción y que adicionalmente, con los recientes escándalos, las denuncias de Ferrer, se traslade toda esa documentación a la Fiscalía para ver (...) todo lo que rodea ese oscuro círculo presidencial en Colombia”, dijo Uscátegui.

La acción busca que se revisen los expedientes de cada caso, los requisitos que fueron exonerados y las verificaciones que efectuó el Gobierno antes de conceder las nacionalidades. De acuerdo con Uscátegui, los cuatro ciudadanos accedieron al trámite mediante un procedimiento excepcional de exoneración parcial de trámites ante el Ejecutivo.

La petición también reclama establecer cuál fue el régimen jurídico aplicado en cada decisión. La nacionalidad de Glas, uno de los casos que pidió el parlamentario que se estudie, fue anunciada de manera pública en 2025, mientras que la Ley 2332 de 2023 derogó la Ley 43 de 1993, una norma que regulaba aspectos del proceso de naturalización.

Las causales legales que plantea la demanda interpuesta por Uscátegui

La demanda invoca dos causales especiales previstas en la Ley 2332: que la carta de naturalización haya sido expedida con documentos falsos o que el beneficiario hubiera cometido, antes de radicarse en Colombia, un delito en otro país que permita su extradición; por lo que el Consejo de Estado deberá determinar qué se produjo en cada uno de los casos.

A su vez, Uscátegui pidió además que se revisen los antecedentes judiciales de Xavier Vendrell. Medios españoles informaron que reconoció ante un magistrado en 1992 su participación en dos atentados ocurridos en 1989 y 1990, aunque esas actuaciones fueron sobreseídas en 1996; pese a ello, el congresista expresó sus reparos frente a estos hechos.

También figuran investigaciones del caso urbanístico Villa Bugatti y con Tsunami Democràtic, ambas archivadas. La solicitud exige examinar los documentos judiciales originales vinculados con esos procesos, a lo que se sumaría el escándalo por su presunta participación en lo que habría sido la recepción de dineros de alias Papá Pitufo a la campaña de Petro.

Por su parte, en lo que respecta al exvicepresidente ecuatoriano Glas, la Fiscalía de Ecuador reporta condenas en las causas de la multinacional brasileña Odebrecht y los sobornos en los que al parecer participó. Sobre él pesa una condena de 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, una sentencia anunciada en junio de 2025.

La demanda solicita verificar el estado procesal de esas decisiones y establecer si cumplen las condiciones legales necesarias para sustentar una eventual nulidad de su carta de naturalización colombiana; que se gestó en medio de la polémica que se registró con su detención, pues fue extraído de la embajada de México en Quito, en abril de 2024.

Sobre Manel Grau, medios colombianos reportaron una denuncia ante la Fiscalía por una presunta estafa y señalamientos surgidos de una grabación vinculada con Ecopetrol. La autenticidad de ese registro también deberá ser establecida por el alto tribunal, que es el encargado de revisar este tipo de requerimientos legales, relacionados con la nacionalidad.

Por último, Ferrer fue llamada a declarar bajo juramento junto con otras cinco personas, como parte de las actuaciones relacionadas con información difundida por medios de comunicación. Aunque estas actuaciones no prueban por sí mismos responsabilidad ni constituyen automáticamente una causal para anular la nacionalidad, sí cursan mérito para tal fin.