Jennifer Pedraza se despachó contra Abelardo de la Espriella por aparición de militares armados durante protestas en Bogotá: "Le estorba una herramienta básica"

La congresista Jennifer Pedraza denunció que militares con fusiles fueron enviados a los puntos de las manifestaciones por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y pidió la intervención de organismos públicos para garantizar el derecho a la protesta.

La dirigente cuestionó la presencia de integrantes de las Fuerzas Militares con armamento de alto calibre cerca de los lugares de concentración, antes del inicio de la movilización convocada por sindicatos, centrales obreras y sectores de la oposición.

Pedraza etiquetó a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Gobierno de Bogotá en un mensaje difundido en redes sociales. “El gobierno de Abelardo de la Espriella mandó militares con fusiles a los puntos de las marchas. Esto es inaceptable y desproporcionado”, escribió.

El material audiovisual compartido por la congresista muestra a los uniformados transitando cerca de los manifestantes. La secuencia abrió un debate entre quienes respaldan el despliegue para prevenir alteraciones del orden público y quienes sostienen que la militarización compromete las libertades democráticas y la seguridad de las movilizaciones pacíficas.

El cuestionamiento al decreto sobre el uso de la fuerza pública

La congresista vinculó el despliegue militar con el decreto que regula el uso de la fuerza pública durante las protestas. En una entrevista con El Tiempo, afirmó que esa norma fue demandada por considerarla regresiva e inconstitucional.

“¿Cómo puede ser posible que no han iniciado las jornadas de protesta y el presidente Abelardo de la Espriella ya mandó militares con fusiles a las zonas de convocatoria de la jornada de movilización a la que han llamado los sindicatos y las centrales obreras y algunos sectores de la oposición?”, señaló

La congresista insistió en que mantendrá su demanda al decreto expedido apenas un día antes de las movilizaciones nacionales motivadas por el expresidente Gustavo Petro y la cúpula del Pacto Histórico.

“Es por esta narrativa y por este tipo de decisiones que hemos demandado el decreto que regula el uso de la fuerza pública sobre la protesta. Porque además de ser un decreto regresivo, es un decreto inconstitucional, que al reglamentar el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la protesta, sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la República”, continuó.

Pedraza señaló que el decreto modificado había sido expedido durante el gobierno del expresidente Iván Duque y construido a partir de mesas de concertación con organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de una tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Es decir, este no es solamente un decreto ilegal, sino que es un decreto regresivo que deja claro que al Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella le estorba una herramienta básica de la democracia, como lo es la protesta pacífica”, indicó Pedraza a El Tiempo.

La senadora aseguró que, aunque los manifestantes deben comprometerse a mantener la protesta de forma pacífica, no se puede limitar el uso de la vía pública y de espacios comunes aunque irrumpan con la normalidad de las actividades.

“Claro que debe ser pacífica, sin duda alguna, pero la protesta también es en sí mismo un derecho disruptivo. Es decir, que el ministro del Interior no puede salir a decir, como lo ha hecho en cuanto medio de comunicación ha podido, que si alguien pone un pie sobre un carril de Transmilenio le va a mandar a la policía”, señaló.

La congresista citó los llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de entidades internacionales para que Colombia garantice el ejercicio ciudadano de la protesta. También afirmó que las políticas del actual Gobierno impulsarán nuevas movilizaciones para defender derechos reconocidos por la Constitución del 91.

“El derecho a la protesta es tan importante porque a partir de él defendemos nuestros derechos a un salario digno, a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y al final, retroceder un centímetro en todas las garantías de la protesta sería retroceder kilómetros en nuestros derechos sociales, económicos y culturales”.