
Colombia restableció las exportaciones de carbón térmico a Israel mediante el Decreto 1514 de 2026, con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la prohibición vigente desde 2024 por los cambios que identifica en el escenario internacional y por sus compromisos comerciales.
La medida devuelve al régimen general de comercio exterior los despachos de hulla térmica hacia ese destino, aunque las empresas deberán cumplir las obligaciones aduaneras, tributarias y de control aplicables. Tampoco reactiva el Tratado de Libre Comercio bilateral.
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El mercado israelí había representado ventas por USD 225,2 millones de carbón térmico colombiano en 2024, equivalentes al 82,5% del valor de las exportaciones nacionales a ese país. Sin embargo, los despachos de ese producto llegaron a cero durante 2026.
Según cifras del Ministerio de Comercio citadas en el decreto, las exportaciones hacia Israel cayeron USD 140,7 millones entre 2024 y 2025, mientras el volumen exportado se redujo en 1.363 toneladas. Israel había concentrado el 5,6% de las ventas externas de carbón colombiano en 2023 y el 3,7% en 2024, de acuerdo con cálculos de la Federación Nacional de Productores de Carbón.
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La derogación de las restricciones impuestas desde 2024

El Decreto 1514 de 2026 elimina el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, que prohibió exportar carbón térmico a Israel, y el Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, que suprimió las excepciones para operaciones previamente autorizadas y convirtió la medida en una restricción absoluta.
La prohibición había sido adoptada durante el Gobierno de Gustavo Petro, en medio de la guerra en Gaza y del proceso impulsado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Con la derogación, las hullas térmicas identificadas bajo la subpartida arancelaria 2701.12.00.10 vuelven a regirse por las normas generales de exportación. Las operaciones seguirán sujetas a las restricciones que puedan derivarse de resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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El Gobierno fundamentó el cambio en la Resolución 2803, adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 17 de noviembre de 2025, que respaldó un plan de cese al fuego en Gaza, contempló una Junta de Paz y autorizó una Fuerza Internacional de Estabilización.
También tuvo en cuenta el documento S/2026/418, del 15 de mayo de 2026, que señaló que, tras meses de alto el fuego, las armas fueron silenciadas en gran medida en la Franja de Gaza por primera vez en dos años. El Ejecutivo sostuvo que esas circunstancias modificaron el contexto que había motivado la restricción comercial.
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El litigio entre Sudáfrica e Israel continúa en la fase de alegatos escritos y no cuenta con una decisión de fondo. El decreto considera que los plazos previstos para las próximas actuaciones, fijados para noviembre de 2027 y mayo de 2029, no ofrecen un horizonte temporal definido para mantener una medida que el Gobierno considera transitoria.
Los compromisos comerciales y los procesos aduaneros pendientes

La norma también revisó las obligaciones colombianas ante la Organización Mundial del Comercio, en particular los artículos XI y XIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Esas disposiciones se refieren a las restricciones cuantitativas a las exportaciones y a la aplicación no discriminatoria de medidas comerciales según el país de destino.
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El Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel, incorporado mediante la Ley 1841 de 2017, también fue considerado en la decisión. El levantamiento de la prohibición al carbón no restablece ese acuerdo, cuya vigencia había terminado tras la denuncia presentada por el Gobierno de Petro en 2025.
El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó eliminar la restricción mediante el Acta 403 del 18 de agosto de 2026. El proyecto de decreto fue sometido a comentarios ciudadanos entre el 11 y el 15 de agosto de ese año.
Las exportaciones que ya estuvieran en trámite al entrar en vigor la norma continuarán bajo el régimen general restablecido, siempre que la Dian hubiera aceptado la Solicitud de Autorización de Embarque. Las investigaciones sancionatorias y los decomisos iniciados exclusivamente por las prohibiciones derogadas deberán resolverse de oficio mediante el principio de favorabilidad.
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