En la tarde del miércoles 14 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella actualizó el balance de extradiciones autorizadas desde el inicio de su gobierno, ascendiendo a 131 procesos durante los primeros 67 días de mandato.
El mandatario aseguró que la cifra hace parte de la estrategia de su administración frente a las redes criminales nacionales y extranjeras. El mandatario anunció además que se sumaron 11 decisiones adicionales dentro de los trámites dirigidos a entregar solicitados a la justicia de otros países.
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En un video divulgado en sus redes sociales, el jefe de Estado sostuvo que los expedientes permanecían sin avance antes de que su gobierno asumiera el trámite. “Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada”, afirmó al referirse a las solicitudes de extradición que, según su versión, estaban pendientes de definición.
La declaración estuvo centrada en el uso de la extradición como herramienta de cooperación judicial. De la Espriella señaló que el mecanismo permite responder a requerimientos de autoridades extranjeras y evitar que personas investigadas o condenadas por delitos en otros territorios encuentren en Colombia un lugar para eludir los procesos que enfrentan.
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El presidente afirmó que los expedientes estaban paralizados
El mandatario vinculó el balance a la ofensiva contra redes delictivas nacionales y extranjeras, mientras Andrés Barreto confirmó que la jornada incluiría otras 11 resoluciones, según el anuncio divulgado el miércoles 14 de octubre - crédito Abelardo de la Espriella
Durante su intervención, De la Espriella describió un escenario de inactividad en el que, dijo, algunas estructuras delictivas interpretaban la falta de decisiones como una posibilidad de permanecer en el país sin consecuencias judiciales. “Esto era tierra de nadie no solamente para los bandidos de aquí en Colombia, sino para los bandidos de otras latitudes”, expresó.
El mandatario agregó que, a su juicio, esa situación permitía que personas vinculadas a delitos cometidos fuera del país buscaran refugio en territorio colombiano. También sostuvo que algunos de quienes operaban desde Colombia consideraban que no serían llevados ante las autoridades que los reclamaban.
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“Terminaban refugiados en Colombia o que delinquían afuera y pensaban que iban a quedar impunes”, declaró el presidente en el video. La frase formó parte de su argumentación sobre la necesidad de reactivar los procedimientos y dar curso a las decisiones que correspondan en cada solicitud.
El Gobierno anunció 11 firmas adicionales en la jornada
El secretario jurídico de Presidencia, Andrés Barreto, acompañó el anuncio y confirmó que el balance presentado por el Ejecutivo correspondía a 131 procesos de extradición en los 67 días iniciales de la administración. Según lo informado, durante la jornada se firmarían otros 11 expedientes, con lo que el Gobierno buscaba avanzar en solicitudes que ya estaban bajo revisión.
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La firma de una extradición constituye una etapa dentro de un procedimiento que involucra la cooperación entre Colombia y el Estado requirente. El anuncio presidencial no detalló en el video la identidad de las personas incluidas en los nuevos casos, los países que formularon los requerimientos ni los delitos asociados a cada expediente.
De la Espriella presentó las decisiones como una señal de que su administración dará prioridad a los trámites pendientes. El mensaje fue dirigido tanto a las personas requeridas por autoridades de otros países como a las organizaciones a las que el Gobierno atribuye actividades de delincuencia organizada.
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De la Espriella dijo que mantendrá la presión contra organizaciones criminales
El presidente afirmó que no cederá ante las organizaciones criminales y aseguró que la ley se aplicará contra quienes cometan delitos. En ese sentido, definió la cooperación internacional como una vía para impedir que los investigados utilicen las fronteras nacionales como una barrera frente a la acción judicial.
“La extradición es un mecanismo de cooperación internacional”, sostuvo el mandatario al explicar el enfoque de su gobierno. La declaración vinculó el aumento de las firmas con la política de seguridad y con la respuesta estatal frente a estructuras que actúan dentro y fuera del país.
El Gobierno indicó que continuará utilizando las herramientas previstas por la ley para tramitar las solicitudes de entrega que lleguen desde otras jurisdicciones.
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