Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude

La discusión sobre la transparencia de las elecciones presidenciales llegó al Consejo de Estado luego de que el registrador Nacional, Hernán Penagos, solicitara protección judicial frente a los señalamientos de fraude hechos por el expresidente Gustavo Petro. El funcionario insiste en que las votaciones se desarrollaron con garantías y que corresponde a la justicia resolver la controversia sobre las afirmaciones del exmandatario.

Durante la mañana del martes 13 de octubre, Penagos se refirió a la tutela que presentó contra Petro y sostuvo que la reputación de la Registraduría depende ahora de la decisión de los jueces. El recurso fue admitido para estudio por el Consejo de Estado el 30 de septiembre, despacho que le concedió al expresidente tres días para pronunciarse sobre los señalamientos.

El registrador hizo estas declaraciones al comienzo de una sesión técnica convocada por la Corte Constitucional en Riohacha, La Guajira, para evaluar el cumplimiento de las medidas urgentes dirigidas a proteger los derechos de niñas y niños wayuu. Allí defendió el procedimiento utilizado en las elecciones presidenciales y afirmó:

“El proceso colombiano es manual. El conteo de votos y el escrutinio se realizan con las actas manuales. Las comisiones escrutadoras, 9.300 jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral realizaron el escrutinio y declararon quién es el presidente de nuestro país. Por tanto, no hay ninguna duda frente a cómo se gestionó el proceso electoral o cómo se llevaron a cabo las elecciones y así lo certificó toda la observación internacional”, dijo Penagos.

Los señalamientos de fraude y la respuesta de la Registraduría

La tutela sostiene que Petro utilizó sus declaraciones públicas durante los últimos meses de su mandato para instalar dudas sobre los resultados electorales y cuestionar a las instituciones responsables de organizar los comicios. Según el documento, entre el 2 de junio y el 5 de agosto, el expresidente publicó 14 mensajes en X, en los que habló de un posible fraude. También abordó el asunto durante un Consejo de Ministros.

Entre las afirmaciones cuestionadas por Penagos están las supuestas modificaciones del censo electoral y del software utilizado antes de la primera vuelta presidencial. Petro también puso en duda la cantidad de votantes registrada en 5.300 mesas y señaló presuntas fallas en los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14, además de posibles alteraciones en las direcciones IP de los servidores de la Registraduría.

Frente a esos cuestionamientos, la entidad sostiene que el censo electoral quedó cerrado el 30 de abril y que las fechas señaladas por el exmandatario correspondían a la entrega de información a los partidos políticos para sus auditorías. Según la Registraduría, las revisiones técnicas realizadas no detectaron irregularidades y el proceso cumplió con los estándares técnicos previstos.

En el documento presentado ante el Consejo de Estado, Penagos cuestiona que se asigne a la Registraduría la capacidad de modificar o determinar por sí sola los resultados electorales. La tutela afirma que “la imputación (de Petro) no solo atribuye hechos que no ocurrieron: atribuye poderes que no existen”. También precisa: “El registrador no cuenta votos ni declara resultados”.

El registrador explicó que la acción judicial busca defender la confianza en la entidad encargada de organizar las elecciones. “Lo que hemos hecho es pedir que se proteja el buen nombre de la Registraduría Nacional, en vista de que el proceso electoral colombiano transcurrió de manera transparente”, dijo.

El Consejo de Estado deberá resolver la tutela

Penagos considera que las declaraciones del expresidente afectan tanto el buen nombre de la entidad como la confianza ciudadana en el sistema electoral. Por eso, además de actuar a título personal, interpuso el recurso en representación de la Registraduría.

El funcionario sostuvo que la controversia debe ser resuelta por los jueces y recordó que, según su postura, el proceso electoral contó con el respaldo de observadores internacionales y organismos de control colombianos.

“Frente a eso no tenemos nada más que decir, sino que los jueces de la República se pronuncien frente a una realidad que está absolutamente clara y que ha sido evidenciada no solamente por observadores internacionales, sino por todos los órganos de control de Colombia”, indicó.

La decisión de fondo deberá establecer entonces si procede la protección solicitada por Penagos ante las afirmaciones de Petro sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales.