
Los abogados María Soledad Morales Torrejano y Johnny Batalla Mena asumieron la defensa de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, tras revelar una serie de señalamientos contra Verónica Alcocer, exprimera dama de la Nación, por una presunta red con intereses económicos y políticos.
La designación de los profesionales fue comunicada por la firma María Morales Henao Abogados y Asociados, que precisó el alcance de la representación y los principios que orientarán su intervención en los procedimientos correspondientes.
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En el pronunciamiento, los abogados indicaron que su trabajo se desarrollará ante las autoridades competentes y estará sujeto a criterios de independencia, evaluación de las pruebas y verificación de la información relacionada con los hechos denunciados por Ferrer.
“La intervención profesional estará presidida por la independencia, el rigor técnico y la racionalidad probatoria. Esto exige distinguir los hechos de las hipótesis, evaluar críticamente la pertinencia y fiabilidad de las fuentes, y sustentar toda inferencia en información verificable y susceptible de corroboración”, manifestaron los abogados.

De acuerdo con el comunicado, el trabajo de Morales y Batalla tendrá un ámbito específico y no se extenderá de manera general a cualquier actuación relacionada con las declaraciones de su representada.
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“Se circunscribe exclusivamente a las actuaciones ante los organismos de control del Estado colombiano y ante las autoridades internacionales con competencia en asuntos relacionados con eventuales delitos transnacionales, de conformidad con las atribuciones que les confieran las normas aplicables”, señalaron desde la firma de abogados.
El pronunciamiento establece así que la intervención de los abogados se concentrará en los procedimientos que correspondan ante las instituciones con competencia para conocer los asuntos mencionados. También señala que la actuación profesional estará guiada por la valoración crítica de las fuentes y la necesidad de respaldar las afirmaciones con información susceptible de comprobación.
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Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

El anuncio oficial de la defensa se conoce después de que Eva Ferrer hiciera públicas sus acusaciones contra Verónica Alcocer en una entrevista con la revista Semana. Tras esas declaraciones, la Procuraduría citó a la exconsejera presidencial para que declare sobre los hechos que expuso.
En dicha entrevista, la exconsejera señaló a la ahora ex primera dama de supuestamente articular una red con intereses económicos y políticos que habría operado desde la campaña presidencial de Gustavo Petro y durante su llegada a la Casa de Nariño.
Entre los señalamientos mencionó presuntas actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes, lavado de activos, tráfico de armas, financiación irregular de campañas políticas, utilización indebida de bienes públicos y cobros a cambio de nombramientos en entidades estatales.
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Uno de los asuntos expuestos por la exconsejera se refiere al supuesto uso de aviones oficiales asignados a Alcocer para realizar viajes confidenciales a Venezuela. Ferrer afirmó que en esos desplazamientos se habría movilizado droga y dinero entre ambos países. Al referirse a ese señalamiento, declaró: “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.
También sostuvo que el asesor Manel Grau supuestamente le habría confirmado la presencia de estupefacientes en esos viajes.

La exconsejera mencionó, además, una presunta entrada no declarada de 2,5 millones de dólares en efectivo a Colombia que, según su versión, habría tenido como finalidad financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer.
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En relación con posibles operaciones de lavado de activos, Ferrer habló de presuntas transacciones en España e Italia mediante la adquisición de inmuebles de alto valor. Entre los casos mencionados se encuentra una residencia valorada en tres millones de euros, cuya compra habría sido gestionada, según sus declaraciones, a través del exembajador Eduardo Ávila.
La exfuncionaria también mencionó a Carolina Plata, Danilo Romero, Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino al referirse a una supuesta red de personas que habrían administrado bienes, cubierto compras de lujo o figurado como propietarios de inmuebles. Asimismo, relacionó a empresarios italianos con presuntas actividades de tráfico de armas y aseguró haber recibido llamadas de advertencia sobre esos asuntos.
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