La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca por presuntas irregularidades en la operación de una ambulancia aérea destinada al traslado de pacientes hacia centros asistenciales de mediana y alta complejidad en otras regiones del país.
La actuación, anunciada el 10 de octubre, se enfoca en posibles fallas en la dirección, administración, control, supervisión y uso de la aeronave, que es propiedad del departamento de Arauca. El ente de control también revisará si hubo inconsistencias entre los vuelos reportados y los documentos asociados al convenio que regulaba la prestación del servicio.
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Los investigados son Carlos Alberto Sánchez Arango, exdirector del Hospital San Vicente de Arauca Empresa Social del Estado (E.S.E.); Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, quienes ejercieron como subdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021.
Ese acuerdo tenía como fin garantizar el servicio de transporte aéreo medicalizado para pacientes que requerían atención en instituciones de mayor complejidad fuera del departamento. La aeronave bajo revisión está identificada con la matrícula HK-5118.
La Procuraduría revisará la ejecución del convenio entre 2024 y 2025
La investigación busca establecer si, durante las vigencias 2024 y 2025, los responsables del convenio habrían incurrido en omisiones relacionadas con sus deberes de control y supervisión contractual.
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El organismo disciplinario evaluará si los registros sobre la operación de la aeronave coinciden con la documentación del contrato. El análisis incluirá los soportes que permiten establecer cuándo se realizaron los traslados, bajo qué condiciones operó el avión y cuál fue la relación entre esos vuelos y los pagos efectuados.
La Procuraduría también indagará por posibles deficiencias en la protección de los recursos públicos comprometidos en el servicio. La actuación no representa una declaración de responsabilidad de los investigados, sino el inicio de una etapa para recaudar información y determinar si existen elementos que permitan establecer faltas disciplinarias.
La ambulancia aérea tenía como función trasladar pacientes remitidos por el Hospital San Vicente de Arauca a centros médicos de otras regiones. Este tipo de servicio resulta necesario cuando la institución de origen no cuenta con la capacidad técnica o especializada para atender determinados casos clínicos.
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El Convenio de Cooperación 07-079 de 2021 definió las condiciones para la operación del transporte aéreo medicalizado. Ahora, el Ministerio Público revisará cómo se ejecutó ese acuerdo durante los dos años objeto de la investigación.
Como parte de las diligencias, la Procuraduría ordenó al Hospital San Vicente de Arauca y a otras entidades entregar documentación relacionada con el convenio y con el uso de la aeronave HK-5118.
El listado de elementos solicitados incluye informes de supervisión, facturación, registros de vuelos, pagos, garantías, pólizas, modificaciones contractuales y condiciones de operación del avión ambulancia. Con estos documentos, el ente de control busca contrastar los reportes administrativos con la información disponible sobre los traslados realizados.
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Los informes de supervisión permitirán establecer qué seguimiento se hizo a las obligaciones pactadas. La facturación y los comprobantes de pago serán revisados para determinar si corresponden a los servicios que se reportaron. A su vez, las pólizas y garantías harán parte de la verificación sobre la cobertura y las condiciones exigidas para la ejecución del convenio.
La revisión de los modificatorios contractuales también permitirá identificar si el acuerdo tuvo cambios durante su desarrollo, cuál fue su alcance y si se cumplieron los procedimientos requeridos para incorporar eventuales ajustes.
La Procuraduría no detalló en su comunicación pública cuántos vuelos de la aeronave serán revisados ni el valor de los recursos que estaban vinculados al convenio. Tampoco informó sobre un plazo específico para concluir la etapa probatoria.
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Los tres investigados deberán responder dentro del proceso disciplinario
La apertura de la investigación vincula a Sánchez Arango por su paso como director de la institución hospitalaria y a Pérez Orjuela y Anzola Rodríguez por sus funciones administrativas y de supervisión del convenio.
El proceso buscará determinar si los servidores públicos y exservidores cumplieron con las responsabilidades asociadas a la administración del servicio de transporte aéreo medicalizado. En particular, la Procuraduría examinará si existieron controles suficientes sobre la ejecución contractual y sobre el uso de los recursos públicos.
La entidad continuará con la práctica de las pruebas ordenadas y con la recopilación de los documentos requeridos. Con ese material, definirá si archiva la actuación o si avanza hacia otras etapas del proceso disciplinario contra los tres investigados.
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