Listo el nuevo decreto de protesta social en Colombia: presidente De la Espriella lo va a firmar el viernes 11 de octubre de 2026

El Ministerio del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que el presidente Abelardo de la Espriella firmará este viernes 11 de octubre de 2026 el proyecto de reforma al decreto de protesta social, una iniciativa que, según el jefe de cartera, busca distinguir las manifestaciones pacíficas de los actos violentos y, además, definirá la respuesta de las autoridades.

“¿Cuál es el espíritu de esta reforma, de este nuevo decreto? Básicamente, separar la protesta pacífica de los actos violentos y proteger la protesta pacífica. Eso lo resumimos básicamente en la siguiente frase: ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”, dijo el ministro.

Lara informó que el texto, que modifica el Decreto 003 de 2021, fue ajustado tras un proceso de recepción de comentarios públicos y reuniones con organizaciones sociales, los accionantes del fallo judicial que dio origen a la norma y la fuerza pública. No obstante, la propuesta aún requiere la firma presidencial para entrar en vigor.

El proyecto define conductas que serían consideradas “violentas”

En medio de las críticas que levantó la propuesta impulsada por el mismo jefe de Estado, el ministro Lara sostuvo que la principal modificación consiste en establecer criterios para diferenciar la violencia de las actuaciones que no constituyen delito ni afectan en forma grave la convivencia.

Según explicó en un video que publicó en su perfil de X, la definición pretende dar certezas a manifestantes, alcaldías y autoridades sobre el tratamiento de cada situación.

Entre las conductas que el Gobierno incluiría como violentas figuran las agresiones contra personas, el lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves, la retención de personas y la utilización de niños en las protestas. Lara afirmó que la reforma apunta a “proteger a quienes se movilizan de manera pacífica frente a eventuales infiltrados o participantes que cometan actos violentos”.

El Decreto 003 fue expedido a partir de una tutela fallada por la Corte Suprema de Justicia en 2021. La decisión ordenó al Gobierno precisar las directrices sobre el uso de la fuerza pública durante las movilizaciones ciudadanas.

“¿Cuál es el problema principal que resuelve este decreto? Pues que el decreto anterior no definía qué era violencia y qué no es violencia. Entonces, por ejemplo, un grafiti. ¿Eso qué es? ¿Es violencia? ¿Es agresión? Algunos podrían pensar que sí y otros que no. O podía simplemente llevar a la inacción de la fuerza pública o a algo peor: el uso discrecional y de pronto abusivo de la fuerza. ¿Qué definimos aquí? Pues en primer lugar, qué no es violencia. Pues en primer lugar, lo que no constituye un delito y en segundo lugar, lo que no es contrario gravemente a la convivencia (...) Yo creo que nadie está en desacuerdo con nosotros”, dijo.

El diálogo seguiría siendo una regla, con causales para darlo por agotado

“¿Cuál es la regla general? Siempre, no es la violencia, es el diálogo. El problema es que ese diálogo, pues podía durar, mejor dicho, indefinidamente. Entonces, pues el alcalde y la policía dicen: ‘Diálogo, pero ¿esto cuando se termina o cuándo empieza?’. Pues nosotros precisamos básicamente ocho causales, pues que justifican el agotamiento del diálogo”, dijo.

La propuesta mantiene el diálogo como mecanismo principal ante una protesta, pero plantea ocho causales para considerar agotada esa etapa, de acuerdo con la explicación del ministro. Entre los supuestos mencionados están los bloqueos a misiones médicas, la afectación de servicios públicos, el riesgo de desabastecimiento de alimentos o medicamentos, el porte o uso de armas y las agresiones contra personal médico o periodistas.

Lara sostuvo que esos escenarios buscan evitar que las conversaciones se prolonguen sin un criterio definido y dar un marco de actuación a alcaldes y cuerpos de seguridad. “Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”, afirmó al resumir el enfoque de la reforma.

El texto propone una respuesta escalonada ante las movilizaciones. La primera instancia correspondería a los gestores de convivencia, seguida por el diálogo directo de las autoridades locales y, de ser necesario, una mediación.

Si se presentan elementos de violencia, el proyecto contempla una fase de disuasión que deberá ser ordenada por el alcalde en un Puesto de Mando Unificado (PMU). En el último nivel podría intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), el cuerpo que reemplazó al antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El ministro insistió en que el uso de la fuerza sería excepcional y la última alternativa.

Otra de las medidas anunciadas es la creación de corredores solidarios, que tendrían que mantenerse durante las manifestaciones. Lara dijo que la figura impediría cierres permanentes de carreteras y de carriles de TransMilenio, y citó como ejemplo los bloqueos prolongados que han afectado la vía Panamericana.

El ministro defendió que la reforma no restringe el derecho a la movilización y señaló que el proyecto conserva el marco establecido por la tutela de 2021. El documento pasará este sábado a consideración del presidente De la Espriella, quien deberá decidir si lo firma.