Colombia se adhirió al Consenso de Ginebra con tajante postura: “No existe un derecho internacional al aborto”

El Gobierno nacional anunció su adhesión oficial a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, alineándose con una coalición internacional de más de 40 países para defender la vida y la soberanía nacional frente a las políticas sobre interrupción del embarazo.

La firma de la declaración política fue efectuada en la sede de la Misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el embajador Alejandro Ordóñez Maldonado, en coordinación con la Secretaría de Salud de Estados Unidos, entidad que ejerce la secretaría ejecutiva del mecanismo.

Desde la Cancillería se precisó que la incorporación a este acuerdo multilateral responde a una postura diplomática del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, orientada a afianzar alianzas conservadoras en escenarios globales.

A través de su cuenta en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el trámite no altera la base normativa al interior de Colombia ni la jurisprudencia de las altas cortes.

“Esta adhesión no modifica por sí misma la legislación colombiana. Representa un compromiso político y diplomático del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que amplía nuestras alianzas y fortalece la cooperación internacional en torno a estos principios”, señaló la Cancillería.

Ante el anuncio de la formalización del documento, el embajador Ordóñez Maldonado reiteró los ejes centrales del texto firmado por los 47 estados miembros de la coalición política, por medio de un video que acompañó el post de la Cancillería.

“El Consenso de Ginebra es una declaración política de cuarenta y siete estados, los cuales se comprometen a promover dentro de los espacios multilaterales la defensa de la vida, la promoción del derecho a la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia como célula vital de la sociedad”, señaló Ordoñez en el video.

Y agregó que: “Igualmente, reconocemos que no existe un derecho internacional al aborto y que los estados no tienen la obligación de promoverlo o facilitarlo”.

El diplomático precisó la distinción entre los compromisos internacionales y el ordenamiento constitucional de la nación: “No tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos, porque los temas jurídicos se definen de acuerdo a las normas y a los procedimientos establecidos en cada ordenamiento jurídico”.

Los pilares de la Declaración del Consenso de Ginebra

El documento internacional, surgido en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud en 2020, fija directrices para que los países firmantes coordinen posiciones en foros internacionales sobre salud pública, derechos de las mujeres y la familia.

Entre sus puntos centrales, el manifiesto reafirma el derecho igualitario de hombres y mujeres al disfrute de todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, destacando la necesidad de garantizar una cobertura sanitaria universal holística para las mujeres en todas las etapas del embarazo y el parto.

En materia de políticas reproductivas, el texto enfatiza que la interrupción del embarazo no debe ser promovida como método de planificación familiar y que cualquier regulación sobre el tema compete de forma exclusiva al proceso legislativo de cada país.

La declaración sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo. Asimismo, reafirma la soberanía de cada país para implementar programas y políticas de acuerdo con su legislación nacional.

La declaración promueve el reconocimiento de la familia como la unidad fundamental y natural de la sociedad, instando a los gobiernos a asignar recursos públicos para proteger la maternidad, la infancia y la nutrición en sectores de vulnerabilidad.

Con la adhesión firmada por el embajador Ordóñez, Colombia se compromete a respaldar estos lineamientos en los debates del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, al promover la cooperación bilateral en materia de salud pública y desarrollo social sin modificar los códigos vigentes en el país.