La atención de pacientes pasó a ocupar el primer lugar en los hospitales públicos golpeados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, y esa presión terminó afectando otras tareas esenciales. Entre ellas está la entrega de información al Estado, para la que el Gobierno estableció una flexibilización temporal de los plazos.
La medida quedó consignada en el Decreto 1484 del 1 de octubre de 2026, que adiciona un parágrafo al Decreto 780 de 2016. La norma permite al Ministerio de Salud modificar temporalmente los términos para reportar información al Sistema de Información Hospitalaria, conocido como Siho.
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El ajuste busca que las entidades puedan cumplir con sus obligaciones sin desconocer las dificultades que enfrentaron durante la emergencia. A la vez, pretende mantener los datos necesarios para el seguimiento, monitoreo, evaluación y planeación del sector salud. El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó. Según el decreto, sus efectos alcanzaron infraestructura pública, servicios esenciales y la capacidad operativa de entidades territoriales y prestadores de salud en distintos departamentos.
Los reportes elaborados por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud identificaron afectaciones estructurales y funcionales, evacuaciones y una reducción de la capacidad instalada en los servicios sanitarios de las zonas afectadas. La emergencia además complicó la prestación de servicios de hospitalización y triage. Hubo dificultades con el suministro de agua, energía e insumos, mientras las autoridades debieron concentrar capacidades humanas, técnicas, administrativas y financieras en la respuesta.
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Para las Empresas Sociales del Estado (ESE), esa situación significó reorganizar prioridades. La atención y estabilización de pacientes, la continuidad de urgencias y hospitalización, la redistribución del talento humano y la reorganización de los servicios pasaron a ocupar buena parte de sus esfuerzos.
La emergencia también golpeo la operación administrativa
El impacto llegó hasta las labores administrativas. El decreto reconoce que las condiciones provocadas por el desastre “han generado una presión significativa sobre su capacidad administrativa y operativa”. También menciona fallas o intermitencias en la conectividad, limitaciones administrativas y daños en sedes asistenciales. Con personal reasignado a la atención de la emergencia y recursos dirigidos a la población afectada, se hizo más difícil consolidar, validar y remitir dentro de los tiempos habituales los datos requeridos por el Siho.
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Ese sistema reúne información financiera, presupuestal y contable de los prestadores públicos, además de datos sobre capacidad instalada, recurso humano, calidad, producción, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. La modificación de los plazos busca responder a las condiciones excepcionales que enfrentaron las entidades afectadas.
El Decreto 1484 establece que el Ministerio de Salud tendrá seis meses para definir los términos aplicables a los reportes. La disposición cobija la información correspondiente al período comprendido entre abril y junio de 2026 y los siguientes períodos que resulten aplicables a las entidades ubicadas en los territorios afectados.
El nuevo plazo no elimina la obligación de reportar
La flexibilización no significa que los hospitales queden exonerados de informar. El objetivo es que el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación sigan disponiendo de los datos necesarios para ejercer sus funciones sobre los prestadores públicos de servicios de salud. La decisión se relaciona con la declaratoria nacional de desastre adoptada mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026. Esta cobijó a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander y demás departamentos afectados.
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El desastre nacional fue declarado por 12 meses. Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 1261 de 2026 para declarar la Emergencia Económica, Social y Ecológica. El ámbito territorial de esta última medida fue modificado después mediante el Decreto 1348, de acuerdo con la evolución reportada oficialmente.
La nueva disposición ordena al Ministerio considerar las afectaciones derivadas del terremoto, la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios y las funciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de las autoridades públicas del sector.
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