Olmedo López buscará regresar a una guarnición militar a través de una tutela: la defensa cuestionó su traslado a cárcel La Picota en Bogotá

El 6 de octubre de 2026, el Inpec ordenó trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, dos de los principales involucrados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desde los lugares especiales de reclusión de la fuerza pública hacia la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá.

La decisión quedó consignada en la Resolución 008041, suscrita por el director general del instituto, coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

López, quien se encontraba recluido en el Cantón Militar Caldas, será objeto de una acción de tutela que su defensa presentará ante un juez de Bogotá. El propósito de la actuación judicial es solicitar que sea nuevamente recluido en una guarnición militar, al considerar que existía una orden judicial relacionada con su permanencia en ese tipo de establecimiento.

La defensa de López sostiene que esa determinación debe ser revisada por las autoridades judiciales, particularmente por las condiciones de seguridad que, según el abogado José Luis Moreno, deben garantizarse debido a la participación de su representado como testigo dentro del proceso por el manejo irregular de recursos de la Ungrd.

Argumentan riesgo para el testigo

El abogado Moreno manifestó que mantener a su representado en La Picota representa un riesgo para su vida, debido a la información que ha entregado a las autoridades y a su condición de testigo de cargos contra funcionarios y particulares vinculados con las investigaciones.

“Si a Olmedo López lo callan, quienes se van a beneficiar son los máximos responsable de este entramado de corrupción”, dijo el abogado Moreno. El defensor señaló que López es testigo de cargos contra al menos 27 altos funcionarios del anterior Gobierno, entre ellos exministros, excongresistas y contratistas.

La defensa también cuestionó que López haya sido trasladado al mismo establecimiento penitenciario en el que permanecen otros de los principales involucrados en el caso, entre ellos los excongresistas Iván Name, Wadith Manzur y Andrés Calle.

Según Moreno, el Inpec habría vulnerado la orden judicial que disponía que López permaneciera detenido en una guarnición militar. Por esa razón, anunció que acudirá ante los jueces especializados para solicitar la protección de los derechos que considera afectados por la decisión administrativa.

“Se debe proteger al señor Olmedo López en el centro de reclusión y se deben adelantar las investigaciones disciplinarias pertinentes. No estamos solicitando su libertad, ni un privilegio. Estamos exigiendo que se proteja la vida de un testigo esencial y la verdad en el caso de Gestión del Riesgo”, sostuvo el abogado.

El defensor agregó: “Ante los jueces especializados vamos a radicar la tutela para salvaguardar ese derecho al debido proceso, a la vida, en contra de esta decisión que pone en riesgo la vida del testigo más importante de la Unidad de Gestión del Riesgo”.

La acción de tutela se suma a una medida correctiva que está pendiente de revisión por parte del juez 25 de control de garantías de Bogotá, despacho que deberá determinar si fue procedente el traslado de López a la Penitenciaría La Picota.

Abogado de Sneyder Pinilla también cuestionó el traslado

La decisión del Inpec también generó una reacción por parte de la defensa de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Desastres de la Ungrd, quien permanecía detenido en la Escuela de Artillería.

El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera pidió dejar sin efectos la decisión que ordenó trasladar a su representado a La Picota. Su posición se fundamenta en la existencia de una orden judicial que, según sostuvo, dispone que Pinilla permanezca en un centro de reclusión militar.

En el caso de Pinilla, la medida afecta a un exfuncionario que fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Antes del traslado, se encontraba en un centro de reclusión militar.

A través de una publicación en su cuenta de X, el abogado Moreno Rivera sostuvo que la decisión administrativa desconoce las determinaciones adoptadas por los jueces y planteó que las condiciones de seguridad de su representado deben ser consideradas dentro del proceso de cooperación con la justicia.

“Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, sostuvo el abogado.

El representante legal también hizo referencia a la condición de Pinilla como colaborador de la justicia y reclamó que se mantengan las garantías relacionadas con su proceso.

“Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas. No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”, agregó el abogado en su publicación.