
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pidió a Asobancaria flexibilizar las condiciones de crédito para los arroceros de Casanare, afectados por inundaciones, así como bajos precios, con el objetivo de preservar su capital de trabajo y asegurar las siembras de 2027. La cartera vinculada al arroz en el departamento suma $538.510 millones.
La solicitud fue enviada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, a los presidentes de Asobancaria, Induarroz y la Cámara de Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. El Gobierno busca evitar que los productores pierdan activos, enfrenten embargos o queden excluidos de la financiación para el próximo ciclo agrícola.
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Casanare concentró el 54,8% del área nacional sembrada de arroz durante el primer semestre de 2026, con 177.780 hectáreas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado de Dane y Fedearroz. Esa superficie fue 39.067 hectáreas menor que la registrada en el mismo período de 2025, una caída de 18 %.
Las inundaciones de julio afectaron más de 13.000 hectáreas del cultivo. A la emergencia climática se sumó el descenso de los precios: entre febrero y julio, la tonelada de arroz paddy verde en Yopal se negoció a un promedio de $ 1.264.000, el menor valor entre las cuatro plazas de referencia y por debajo de los costos de producción de numerosos agricultores.
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La deuda arrocera y el riesgo para la próxima siembra

El saldo total de la cartera agropecuaria de Casanare ascendía a $1,17 billones en agosto de 2026, repartido en 22.188 operaciones, según Finagro. El arroz concentraba 46% de esos créditos, por delante de la ganadería de doble propósito, con 20,7%, y la palma de aceite, con 12,6%.
Los préstamos para el cultivo de arroz estaban distribuidos en 2.095 operaciones entre nueve entidades financieras. Banco Davivienda concentraba $203.599 millones, equivalentes a 37,8% del saldo; Bancolombia, $134.836 millones, 25%; Bbva Colombia, $65.788 millones, 12,2%; y Banco Agrario de Colombia, $63.929 millones, 11,9%.
Estas cuatro entidades reunían 86,9% de la cartera arrocera departamental. Banco Agrario atendía la mayor cantidad de operaciones, con 684 créditos, 32,6% del total, y un saldo promedio de $93 millones por operación; en Banco Davivienda, el promedio llegaba a $482 millones.
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Seis intermediarios financieros concentraban 96,6% de toda la cartera agropecuaria de Casanare. Banco Agrario registraba 18.431 operaciones por $426.776 millones; Banco Davivienda, 900 por $260.721 millones; Bancolombia, 749 por $214.885 millones; Bbva Colombia, 640 por $116.881 millones; Banco de Bogotá, 200 por $66.258 millones; y Banco de Occidente, 59 por $45.560 millones.
Los pequeños productores acumulaban 16.953 operaciones, 76,4% del total, con un saldo de $255.422 millones, equivalente a 21,8% de la cartera departamental. Los medianos y grandes productores concentraban 76,5% del saldo, por lo que el ajuste de obligaciones alcanzaría tanto a una amplia base de agricultores como a los proyectos de mayor escala que sostienen parte de la oferta regional.
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La Gobernación de Casanare y Finagro también reportaron obligaciones por $470.000 millones con la industria molinera. El Ministerio consideró que una respuesta coordinada es necesaria para impedir que el incumplimiento de los créditos deteriore la calificación de los deudores y limite su acceso a nuevos recursos.
Plazos ampliados, suspensión de cobros y acuerdos de pago
Dangond solicitó que los créditos de los productores afectados sean ajustados a su capacidad real de pago. También pidió suspender temporalmente los procesos de cobro jurídico, ejecutivos y embargos mientras se atiende la emergencia.
La petición incluye evitar intereses de mora y sanciones, dentro de las políticas y competencias de cada acreedor, además de facilitar acuerdos de pago viables. El Ministerio propuso ampliar los plazos de las obligaciones con molinos, agrocomercios y proveedores de insumos, incluidas aquellas que vencen a comienzos de 2027.
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El precio del arroz en Yopal recuperó 14,7% desde julio, pero el incremento no benefició a quienes ya habían cosechado y comercializado su producción. La cartera agrícola y el menor ingreso por la venta del grano dejaron expuestos a los productores ante los vencimientos financieros.

El ministro sostuvo que la continuidad de la producción depende de las medidas solicitadas: “No podemos permitir que una emergencia climática y una coyuntura de bajos precios terminen sacando del cultivo a los productores de arroz de Casanare. Nuestra prioridad es proteger su capacidad productiva, evitar que pierdan sus activos y garantizar que puedan volver a sembrar en 2027. El arroz que necesitamos mañana se protege con decisiones oportunas hoy”.
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El Ministerio convocará una mesa de trabajo con el sector financiero, la industria molinera y el agrocomercio para definir responsabilidades, mecanismos de alivio y una fórmula de financiación para la siembra del primer semestre de 2027. Casanare ya adoptó una declaratoria departamental ante la gravedad de la situación.
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