El Concejo de Bogotá realizará un cabildo abierto el sábado 7 de noviembre de 2026 para debatir de forma exclusiva la implementación de la asistencia militar en las calles de la capital, como una propuesta directa para contrarrestar la delincuencia organizada y los elevados índices de robos y homicidios.
El mecanismo de participación ciudadana fue impulsado por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, integrantes del Centro Democrático, que lograron la certificación de 37.056 firmas válidas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para forzar la citación oficial del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
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La discusión central del encuentro girará en torno a la activación del artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Esta figura jurídica faculta al alcalde, en su condición de primera autoridad de policía en el Distrito, a solicitar el apoyo extraordinario y temporal de las Fuerzas Militares para apoyar a la Policía Metropolitana cuando sus capacidades operativas resulten desbordadas por alteraciones graves del orden público.
En la práctica, la aprobación e implementación de esta medida implicaría el despliegue de patrullajes mixtos entre uniformados del Ejército Nacional y la Policía en los sectores más críticos de la ciudad.
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La presencia de tropas militares en los barrios supondría un cambio en el esquema de vigilancia pública, orientando al personal del Ejército a labores defensivas, puestos de control en vía pública, requisas preventivas e intervenciones en zonas de alto impacto de los delitos de mayor recurrencia.
Asimismo, la militarización permitiría liberar unidades de la Policía para labores de investigación judicial e inteligencia, delegando en los contingentes militares la custodia de puntos neurálgicos, corredores de movilidad y sectores comerciales de la capital.

Los argumentos de los promotores de la militarización
Frente a la convocatoria del cabildo abierto, los citantes insistieron en que el uso de las Fuerzas Militares en Bogotá es un recurso legal plenamente aplicable ante el deterioro de las garantías de convivencia en las localidades.
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“Hay que militarizar Bogotá. La ciudad no puede conformarse con la disculpa de que algunos delitos bajaron mientras decenas de miles de ciudadanos siguen siendo víctimas de hurto y cientos pierden la vida. El próximo 7 de noviembre queremos respuestas: ¿qué más está dispuesto a hacer el Distrito y por qué no utilizar todas las herramientas legales disponibles para recuperar la seguridad?”, afirmó el concejal Julián Uscátegui.
En esa misma línea, el representante José Jaime Uscátegui señaló que la movilización de unidades militares debe evaluarse objetivamente como una solución de choque en beneficio de la ciudadanía: “Bogotá no puede seguir normalizando la inseguridad. Este cabildo será la oportunidad para que los ciudadanos sean escuchados y para que la Administración Distrital explique qué está dispuesta a hacer para recuperar el control de la ciudad”.
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“La asistencia militar es una herramienta legal que debemos discutir sin prejuicios y con la seguridad de los bogotanos como prioridad”, sostuvo el legislador en un comunicado en conjunto frente a la propuesta.
Los indicadores delictivos que sustentan el debate
La viabilidad de la militarización se pondrá sobre la mesa debido a las estadísticas registradas por las autoridades entre enero y agosto de 2026, periodo en el que se reportaron 73.563 hurtos a personas, 5.805 robos a establecimientos comerciales, 4.289 asaltos a viviendas, 2.923 robos de motocicletas y 2.029 de vehículos particulares.
El balance oficial del mismo periodo confirmó la ocurrencia de 740 homicidios y la operación de 205 Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (Gdco) dedicados al microtráfico, la extorsión y el sicariato en las diferentes localidades de la capital.
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Logística y citación formal para el encuentro
El cabildo abierto se desarrollará el sábado 7 de noviembre de 2026 en el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en la Carrera 11 #101-80, a partir de las 9:00 a. m.
Por mandato legal, la jornada contará con la asistencia obligatoria del mandatario local Carlos Fernando Galán, los secretarios de la Alcaldía de Bogotá y las directivas de los organismos de seguridad, quienes deberán fijar la postura del gobierno local respecto al despliegue de las Fuerzas Militares en el territorio bogotano.
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