El Centro de Memoria recordó los abusos contra secuestrados de las Farc-EP tras la versión de Rodrigo Londoño en la JEP sobre el “buen trato” en cautiverio

El recuerdo de los policías y militares que fueron secuestrados por las extintas Farc-EP volvió al centro del debate tras la difusión de declaraciones de Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, sobre un supuesto “buen trato” a los cautivos, en una audiencia de comparecencia en la que el exsecretario del grupo guerrillero participó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019.

En especial, después de que víctimas de los secuestros, como el mayor general de la Policía Nacional Luis Mendieta, se pronunciaron frente a las declaraciones de Londoño en la diligencia judicial —reveladas por la senadora del Centro Democrático María Clara Posada—, el Centro Nacional de Memoria Histórica evocó una imagen de personas detrás de un alambre.

Frente a la imagen, la institución señaló: “Así trataban las Farc-EP a sus secuestrados”. La entidad precisó que muchos de los retratados fueron llevados durante la toma de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 3 de agosto de 1998.

“129 policías y soldados, quienes también son víctimas, y también tienen memoria”, agregó la entidad en su publicación, que puso de nuevo el foco sobre los uniformados privados de la libertad durante el conflicto armado.

No obstante, la entidad no fue la única que recordó la situación de los rehenes en las temporadas más álgidas del grupo armado. En redes sociales se divulgaron videos en los que se registraron maltratos y encierros.

Las víctimas cuestionaron la versión de un “buen trato”

Por su lado, las reacciones de víctimas y la postura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contrastaron con esa versión. La discusión se intensificó luego de que se conocieron declaraciones de Londoño, en las que aseguró que la organización tenía lineamientos internos sobre la atención a las personas retenidas.

“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida”, afirmó el exjefe guerrillero. También sostuvo que la tortura y los golpes estaban prohibidos dentro de esas directrices.

Sin embargo, antiguos secuestrados rechazaron esa descripción. El mayor general Mendieta, retenido durante cerca de 12 años después de la toma de Mitú en noviembre de 1998, respondió que “mi dolor supera todo lo que he leído en estas redes sobre lo reciente revelado de la JEP”.

Mendieta relató, en entrevista con La FM, que padeció encadenamientos, enfermedades, aislamiento y lesiones durante su cautiverio. En otro mensaje afirmó: “Casi dos décadas de cadenas, de llagas, de enfermedad, de hambre, de tortura resumidas en una risa perversa (...) El cinismo de estos criminales no tiene límites”.

El coronel retirado Enrique Guillermo Blanco, que también fue secuestrado en Mitú y recuperó la libertad en la Operación Camaleón de junio de 2010, cuestionó con ironía las afirmaciones de Londoño.

“Qué alivio para las víctimas. Debió ser maravilloso estar secuestrado en los campamentos de las Farc. Gracias por la aclaración, Timochenko”, escribió.

La JEP señaló que las directrices internas no se cumplieron

Frente a la controversia, la Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que en el Caso 01, que investiga la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad atribuidas a las Farc-EP, se documentó la existencia de disposiciones internas que hablaban de un trato humano a los cautivos.

No obstante, como respuesta a las revelaciones de las audiencias, el tribunal precisó que esas reglas no se aplicaron de forma efectiva en los campamentos. Sus decisiones, indicó, se sustentan en testimonios de víctimas, análisis de contexto y pruebas periciales, no únicamente en las explicaciones de antiguos integrantes de la guerrilla.

Según la JEP, los responsables de la custodia tuvieron un amplio margen de actuación sobre los retenidos, una situación que derivó en torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, homicidios y desapariciones forzadas.

Por estos hechos, la jurisdicción imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 antiguos integrantes de las Farc-EP, entre ellos los siete miembros del antiguo Secretariado. La entidad ha sostenido que la mención de un reglamento interno no reduce las responsabilidades judiciales ni equivale a una validación de las condiciones de cautiverio.