Defensa de Sneyder Pinilla pidió seguridad para el exsubdirector de la Ungrd debido al traslado a La Picota: “La protección no es una recompensa”

El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Sneyder Pinilla, emitió una dura advertencia al señalar que el traslado de su cliente a la cárcel La Picota de Bogotá pone en riesgo inminente su vida y amenaza con dinamitar el proceso de colaboración que adelanta con la justicia como testigo clave en la macrocausa de corrupción estatal.

Las reacciones de la defensa se dieron tras la expedición de la Resolución Número 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

Mediante este acto administrativo, el instituto ordenó trasladar a Olmedo López, exdirector de la entidad, y a Sneyder Pinilla desde los recintos especiales para la fuerza pública hacia la cárcel La Picota.

Por eso, dos días después de la firma de la resolución, a través de un pronunciamiento oficial en su cuenta en la red social X dirigido a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Inpec, el jurista reiteró que la protección estatal a los delatores de redes criminales no constituye un beneficio indebido, sino un requisito jurídico para garantizar que la verdad salga a la luz sin que la seguridad del declarante se convierta en el costo de cooperar.

En su más reciente mensaje público, el abogado de Sneyder Pinilla fundamentó las objeciones al traslado penitenciario citando precedentes del derecho internacional sobre la protección a los delatores que deciden romper la confidencialidad interna de las estructuras delictivas.

“La experiencia comparada muestra que la colaboración de quienes conocen desde dentro una organización criminal puede quebrar la omertà y permitir a la justicia reconstruir estructuras que el silencio, la intimidación y la compartimentación mantienen ocultas”, indicó el abogado.

En el mismo mensaje señaló: “La experiencia de Giovanni Falcone con Tommaso Buscetta (juez y criminal italianos, respectivamente) constituye un referente histórico de ese fenómeno. Pero la decisión de colaborar también expone al declarante a represalias: por ello, la protección no es una recompensa ni una ventaja indebida, sino una garantía para que pueda aportar información y declarar sin que su seguridad se convierta en el precio de cooperar”.

Frente a la inminencia de la reubicación en un pabellón ordinario, la representación legal exigió la intervención activa del ente acusador para frenar el movimiento ordenado por el instituto carcelario.

“En el caso de Sneyder Pinilla, esa garantía debe leerse junto con el principio de oportunidad y los compromisos de colaboración asumidos ante la Fiscalía”, escribió el abogado.

A renglón seguido, Luis Gustavo Moreno explicó: “La seguridad jurídica exige que las condiciones de cooperación sean claras, previsibles y respetadas bajo control judicial; la seguridad personal exige que el Estado valore y atienda los riesgos vinculados con esa participación”.

El abogado de Sneyder Pinilla lanzó un llamado directo a la Fiscalía para que no baje la guardia frente a la seguridad de su cliente. “La Fiscalía tiene un deber legal de velar por la protección de los testigos que presenta”, enfatizó, al reclamar que se evalúen los riesgos y se activen las medidas necesarias para garantizar su integridad.

Las críticas previas al desacato de la orden judicial

En el mismo día de la expedición del acto administrativo del Inpec, Moreno denunció que mover a su representado desconoce las determinaciones previas de los jueces de control de garantías, quienes habían decretado su reclusión en una unidad militar al verificar la existencia de amenazas reales contra su vida.

“Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, aseveró el abogado en una primera reacción.

El contexto de la medida y los riesgos dentro de La Picota

La determinación del Inpec para reubicar a los delatores se sustentó en investigaciones disciplinarias internas que detectaron presuntas irregularidades y salidas sin autorización oficial por parte de Pinilla y Olmedo López desde la guarnición del Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).

No obstante, el principal argumento planteado por la defensa sostiene que el traslado a La Picota expone físicamente al delator, toda vez que en el mismo centro penitenciario se encuentran recluidos otros dirigentes políticos y exfuncionarios salpicados de forma directa por las confesiones de Pinilla ante la Fiscalía.

Sneyder Pinilla, condenado a 5 años, 8 meses y 1 día de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, se desempeñaba como subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd durante la adjudicación del contrato para la compra de 40 carrotanques en La Guajira por $46.800 millones, operación que arrojó sobrecostos superiores a los $20.000 millones.

Tras acceder a un esquema de delación, el exfuncionario entregó pruebas, registros y conversaciones sobre el presunto desvío de dineros públicos para el pago de sobornos a congresistas y altos funcionarios del Ejecutivo.