En el histórico predio de la Hacienda Los Molinos, una construcción de la época colonial ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, sus residentes se preguntan cómo se calcula el consumo de agua de cada usuario. La inquietud surge porque las viviendas reciben cobros por el servicio, pese a no contar con un sistema que permita medir cuánto consume cada hogar.
Por esa razón, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará aforos para establecer cuánta agua utilizan los usuarios y revisar los valores cobrados. La medida surgió de las mesas de trabajo instaladas con la comunidad, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos y la concejala Rocío Dussán Pérez.
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El caso involucra a más de 1.200 familias y cerca de 700 viviendas. Algunas han recibido facturas que superan los $9 millones, una situación que generó reclamos por la diferencia entre los valores facturados y el consumo que los habitantes consideran razonable.
Hacienda Los Molinos es un sector de estrato 2 que no cuenta con una red formal de acueducto y alcantarillado. Los propios habitantes construyeron de manera artesanal la infraestructura para llevar el servicio hasta sus viviendas. A pesar de esa condición, las facturas continuaron llegando a los usuarios.
En las reuniones, el Acueducto reconoció que existen cobros que no se ajustan a la realidad de algunos usuarios no residenciales, entre ellos comerciantes del sector. La explicación expuesta está relacionada con la ausencia de medición: ante la imposibilidad de conocer el consumo efectivo, se recurrió a una estimación que terminó elevando de manera considerable algunos recibos.
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Por eso, los aforos serán uno de los pasos centrales para modificar esa situación. El procedimiento permitirá establecer el consumo de los usuarios y entregar un insumo para revisar los cobros que actualmente aparecen en las facturas. La intención es que el valor facturado tenga relación con el agua efectivamente utilizada y no dependa de una cantidad calculada cuando no existe un mecanismo para medirla.
La discusión no se limita a los establecimientos comerciales. La CRA confirmó durante las mesas que los usuarios tienen derecho a que su consumo sea medido y señaló que no existe una norma colombiana que impida instalar medidores para los usuarios de servicios públicos.
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La entidad también puso la lupa sobre los 11 metros cúbicos (m³) que se están cobrando a las viviendas del sector. Según lo expuesto en las reuniones, esa cantidad no necesariamente corresponde al consumo real de cada hogar. Los 11 m³ están relacionados con el límite utilizado para establecer los subsidios, por lo que la cifra no equivale necesariamente al volumen de agua utilizado por cada familia.
La concejala Rocío Dussán Pérez acompaña las reuniones con las entidades y los líderes de Hacienda Los Molinos. La funcionaria sostuvo que el proceso debe continuar hasta encontrar una fórmula que permita establecer cobros acordes con el consumo de los usuarios. “No es justo que familias de estrato 1 y 2, que construyeron con sus propias manos el acueducto de su barrio, reciban facturas de hasta 9 millones de pesos, hoy el Acueducto y la CRA reconocen lo que la comunidad denunciaba, vamos a seguir en las mesas hasta que el cobro sea justo para cada familia.”, afirmó en la pagina del Concejo de Bogotá.
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Las mesas de trabajo continuarán con participación de la CRA y de las demás entidades involucradas. El propósito es revisar la situación tanto de los usuarios residenciales como de los no residenciales y avanzar hacia cobros sustentados en el consumo real.
El caso de Hacienda Los Molinos abrió además una discusión sobre otros sectores de Bogotá que presentan condiciones de informalidad. De acuerdo con lo planteado en las mesas, la problemática podría tener alcance sobre otros hogares que enfrentan dificultades similares, aunque el proceso actual está concentrado en determinar primero qué ocurrió con los cobros del sector.
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