Salario mínimo de 2027: así se elevarán los costos de las pensiones y la nómina del Estado con el aumento que se establezca

La próxima discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2027 tendrá una presión adicional sobre las cuentas públicas: el alza incidirá en los costos de nómina y en el pago de pensiones, en medio de lo que se describe como una situación de “alta estrechez fiscal”. La negociación aún no comienza de manera formal, pero ya se abrió un diálogo entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios.

Al respecto, el Centro de Pensamiento Económico Anif emitió un documento denominado “Salario mínimo 2027: a la vuelta de la esquina”, en el que considera que la definición debe preservar la capacidad de compra de los trabajadores frente a la inflación, sin dejar de lado sus consecuencias sobre el mercado laboral, los precios y el gasto público. Para la entidad, el debate no puede limitarse al porcentaje de aumento.

Dice que “el incremento del mínimo trasciende el ingreso de quienes lo reciben de manera directa porque repercute sobre obligaciones laborales y pensionales”. Según precisó, “ese efecto adquiere peso en un escenario en el que el Estado enfrenta restricciones para asumir mayores compromisos fiscales”.

Aumento del pago de las pensiones

Precisamente, de acuerdo con Colpensiones, en el frente pensional, el impacto se divide según el monto de la mesada. Para 2026, los pensionados que devengan un salario mínimo vieron un incremento automático del 23,7%, algo que igualó el nuevo piso legal de $1.750.905. Por el contrario, quienes reciben pensiones superiores a este monto no se benefician de esta subida, sino que sus mesadas se reajustan exclusivamente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado al cierre de 2025, manteniendo la regla de indexación de la ley colombiana.

Por su parte, la nómina estatal y los salarios de los empleados públicos experimentaron una dinámica mixta. De acuerdo con los acuerdos vigentes de la negociación colectiva del sector público, el aumento general para los servidores del Estado se calcula sumando el IPC de 2025 más un 1,9%. No obstante, aquellos funcionarios que se encuentran en el escalafón más bajo y devengan la remuneración básica legal se nivelaron de forma obligatoria con el incremento total del 23,7% fijado para el salario mínimo.

Dicho panorama representó una fuerte presión fiscal para el Presupuesto General de la Nación (establecido en $556,9 billones en 2026), ya que el masivo reajuste de las mesadas mínimas y de la base salarial del sector público eleva sustancialmente el gasto corriente del Estado. El Ministerio de Hacienda y las entidades públicas deberán ajustar sus flujos de caja para absorber este incremento en el costo laboral y prestacional, en un año clave para la estabilidad macroeconómica del país.

Antecedente del aumento del 23,7% en 2026

Anif pidió incorporar a la discusión los resultados que atribuye al aumento del 23,7% decretado para 2026 por el expresidente Gustavo Petro y que dejó la remuneración en $2.000.000 si se suman sueldo base ($1.750.905) y auxilio de transporte ($249.095). De acuerdo con el análisis, esa decisión produjo “compresión salarial”, elevó la creación de ocupaciones informales y coincidió con presiones inflacionarias derivadas de excesos de demanda y de un crecimiento moderado del aparato productivo.

Se sostiene en el informe que el mayor umbral para ingresar a la formalidad incidió en la expansión de las ocupaciones informales, fenómeno que supera el 54%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). También advierte que un aumento sin soporte técnico podría desestabilizar la economía, aunque reconoce la necesidad de recuperar el poder adquisitivo erosionado por la inflación.

Ahora, la discusión llega además con expectativa por una posible decisión del Consejo de Estado sobre las demandas presentadas contra el alza de 2026, que se dio bajo el concepto de “salario móvil y vital”. La información disponible señala que ese tribunal podría emitir un fallo en los próximos días, sin precisar el sentido de una eventual resolución.

Como se recordará, la Administración de Abelardo de la Espriella celebró el 1 de octubre la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcsl). En el encuentro participaron delegados del Gobierno nacional, los gremios empresariales, las centrales sindicales y las organizaciones de pensionados.

La reunión no abrió de manera formal la negociación salarial para 2027, aunque dejó instalada una agenda permanente de asuntos laborales y regulatorios. Los participantes acordaron crear una mesa técnica y jurídica para examinar disposiciones sobre plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, negociación colectiva, tercerización e intermediación laboral.

Calendario e insumos de la concertación

Anota Anif que la negociación para definir el aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte en Colombia comenzará de manera formal a finales de noviembre de 2026. Después de revisar indicadores de productividad, empleo, inflación, crecimiento y proyecciones macroeconómicas, las partes buscarán un acuerdo antes del 15 de diciembre; si no lo logran, el Gobierno fijará la cifra por decreto a más tardar el 30 de diciembre de 2026.

La convocatoria corresponde al Ministerio del Trabajo, y en años anteriores las reuniones solían comenzar en la primera semana de diciembre. En los últimos años, sin embargo, la discusión se adelantó a finales de noviembre para que las posiciones se basen en “datos actualizados”.

A comienzos de diciembre se conocerá la inflación de noviembre, junto con otros elementos sobre el desempeño de la economía y las perspectivas macroeconómicas. La productividad laboral, el comportamiento del producto interno bruto y la tasa de desempleo figuran entre las variables que alimentarán las propuestas.

La mesa suele contar con aportes técnicos del Dane, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Comercio. También pueden participar centros de pensamiento que contribuyan con evaluaciones para la concertación. “Una vez presentados esos insumos, las centrales obreras y los gremios deberán poner sobre la mesa sus propuestas para el salario mínimo y el auxilio de transporte. En ocasiones, cada sector lleva una cifra unificada; en otras, las organizaciones presentan posiciones distintas”, apuntó Anif.

Anife recordó que los trabajadores suelen defender un aumento real considerablemente superior a la inflación. Argumentan que una mayor remuneración eleva la demanda de bienes y servicios, impulsa la producción empresarial y favorece la generación de empleo.

“Los empleadores, por su parte, plantean incrementos más próximos a la inflación y alertan sobre los costos de contratación. Según su posición, un ajuste desproporcionado puede afectar sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, reducir las plantas de personal e incentivar el paso a la informalidad. Los gremios también sostienen que los mayores costos laborales pueden trasladarse a los precios de productos y servicios”, apuntó el centro de pensamiento económico.

Dentro de los rubros sensibles mencionan las cuotas de administración de conjuntos residenciales, debido a que diversos gastos están vinculados directa o indirectamente al salario mínimo.

Plazos para definir el salario mínimo de 2027

Con las propuestas en discusión, la Comisión buscará acercar las posiciones mediante jornadas de negociación y contrapropuestas. El Gobierno tendrá la tarea de promover consensos entre las partes y de ponderar la protección del ingreso real frente a las condiciones económicas y laborales del país.

De acuerdo con la ley colombiana, el primer límite legal para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no hay una cifra concertada para entonces, trabajadores y empleadores deberán presentar salvedades y observaciones que expongan las razones de la discrepancia y sustenten sus posiciones finales. Después de esa etapa, “el Ministerio del Trabajo podrá sostener diálogos por separado con los gremios y con las centrales obreras para buscar puntos de coincidencia. Si la falta de consenso persiste, el presidente de la República deberá establecer el aumento mediante decreto a más tardar el 30 de diciembre de 2026″.

La decisión final deberá considerar el ingreso de los trabajadores, pero también el costo que cada ajuste incorpora a la nómina estatal y al sistema de pensiones. “En un panorama fiscal restringido, esas obligaciones harán que la negociación salarial tenga alcance más allá de la mesa de concertación”, cerró el Centro de Pensamiento Económico Anif.