El presidente Abelardo de la Espriella compartió desde su cuenta de X el marte 6 de octubre la grabación en la que se observan al exdirector de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión y Riesgos de Desastres), Olmedo López; y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, encadenados de pies y manos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El 6 de octubre de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó llevar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, figuras clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá.
El documento, firmado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, cita la Ley 65 de 1993 para señalar que la entidad tiene facultades para trasladar personas privadas de la libertad entre establecimientos, por decisión motivada o a petición de parte.
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La resolución fundamenta el cambio en razones de seguridad para los internos o para otras personas recluidas. Además, establece que el traslado deberá realizarse con “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad” para proteger a López y Pinilla y prevenir fugas, rescates o atentados.
Frente a la decisión del Inpec, los apoderados de Olmedo López y Sneyder Pinilla preparan un recurso judicial para impedir su traslado desde una guarnición militar a la cárcel La Picota, tras considerar que el cambio de reclusión compromete la seguridad de los dos exdirectivos de la Ungrd.
La solicitud de urgencia fue presentada el miércoles 7 de octubre de 2026 ante los jueces de control de garantías de Bogotá. Las defensas pedirán medidas para proteger la vida e integridad de López y Pinilla, quienes han entregado declaraciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia dentro de las investigaciones por el caso, según informó Semana.
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El trámite quedaría inicialmente en manos del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. Allí, los togados expondrán que sus representados se encuentran en una situación de riesgo extremo por la información que han aportado durante los últimos tres años.
La defensa sostiene que existe una orden para mantenerlos en una guarnición militar
El abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, señaló el martes 6 de octubre de 2026 que existe una decisión judicial vigente que dispone la permanencia de su cliente en un centro de reclusión militar. “Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, afirmó.
La defensa se refiere a una decisión de septiembre de 2024. En ese momento, un juez de control de garantías acogió una solicitud de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ordenó el traslado de López y Pinilla a una guarnición militar.
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Ambos permanecían en el Centro de Reclusión Militar para Funcionarios de la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Artillería N.° 13 de Bogotá. Para sus apoderados, esa medida respondía a las condiciones de seguridad derivadas de su colaboración con las autoridades.
El abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, cuestionó el traslado ordenado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para su cliente y para Sneyder Pinilla, dos de los principales involucrados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El jurista aseguró a través de un video que compartió el mismo martes 6 de octubre de 2026 desde su perfil de Instagram (día en que se conocieron las imágenes de ambos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro encadenados de manos y pies) que la decisión de mover a López desde el Centro de Reclusión Militar Caldas hacia la cárcel La Picota de Bogotá desconoce una orden judicial previa y las advertencias de la Fiscalía General de la Nación sobre los riesgos que enfrenta el exdirector de la Ungrd por su colaboración con la justicia.
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Moreno indicó que el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó que Olmedo López permaneciera recluido en el Centro de Reclusión Militar Caldas.
Según el abogado, la decisión judicial incluyó una boleta de detención dirigida expresamente a ese establecimiento. Por dicha razón, sostuvo que el Inpec no debería modificar el lugar de reclusión mientras no exista una nueva orden emitida por el juez competente. “Mientras la orden judicial no sea modificada por el juez competente, se debe proteger al señor Olmedo López en el centro de reclusión”, puntualizó Moreno.
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