
La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar la tasa de interés a 12,25% dejó una votación fragmentada y dos diagnósticos opuestos sobre la economía colombiana.
Cuatro miembros respaldaron el incremento de 25 puntos básicos, dos propusieron mantenerla y otro pidió un ajuste de 50 puntos, en una discusión protagonizada por el riesgo de una inflación persistente y el temor a frenar el crédito, la inversión y la actividad.
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Las minutas de la reunión del mes de octubre mostraron que la discrepancia no estuvo centrada solo en la magnitud del alza. Mientras la mayoría concluyó que era necesario reforzar la restricción monetaria para llevar la inflación hacia la meta de 3%, los votos disidentes sostuvieron que la tasa ya imponía un costo elevado sobre los hogares y las empresas, con efectos que todavía no se habían trasladado por completo a la economía.
El resultado fue una política monetaria más restrictiva, aunque sin consenso pleno sobre el balance entre controlar los precios y evitar una desaceleración mayor. La discusión también incorporó los posibles efectos de El Niño, la reconstrucción posterior al terremoto y el ajuste fiscal que defina el nuevo Gobierno.
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Para los cuatro directores que apoyaron el incremento, la inflación dejó de concentrarse en choques puntuales de oferta. La variación anual pasó de 6% en julio a 6,2% en agosto, más del doble de la meta. Los alimentos subieron 6,1%, los precios regulados 6,8% y los servicios 7,2%.
La atención de ese grupo se concentró en la inflación básica, que excluye alimentos y regulados y alcanzó 6,1%, su mayor registro desde junio de 2024. A su juicio, ese comportamiento indica que las presiones se extendieron a una parte mayor de la canasta de consumo y justifican conservar una postura firme.
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Las expectativas reforzaron esa lectura. La encuesta de septiembre ubicó la previsión de inflación para el cierre de 2026 en 6,8%, después de que retomara una trayectoria ascendente desde el segundo trimestre. A dos años, la estimación bajó a 4%, pero siguió por encima de la meta, al igual que las medidas implícitas en el mercado de deuda pública.
El director que planteó un aumento de 50 puntos básicos consideró que los riesgos aún se inclinan al alza. Su posición fue que una reacción más fuerte podría reducir la necesidad de mantener las tasas elevadas durante más tiempo, en un contexto de expectativas que no se han estabilizado y aumentos generalizados de precios.
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El riesgo climático y el escenario externo inclinaron la balanza

Los que votaron por elevar la tasa advirtieron que El Niño puede trasladar nuevas presiones a los alimentos, la energía y otros rubros regulados. También consideraron que el conflicto en Medio Oriente puede encarecer el petróleo y los insumos agrícolas, con consecuencias sobre los costos de producción.
Por su parte, la actividad económica ofreció señales mixtas. El producto interno bruto creció 3,4% anual en el segundo trimestre, impulsado por el consumo final y actividades terciarias como la administración pública y las artísticas. Sin embargo, el Índice de Seguimiento de la Economía registró un crecimiento anual de 1,1% en julio, frente al 3,5% de junio.
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La industria manufacturera cayó 2,3% anual en julio, mientras las ventas reales del comercio minorista aumentaron 5,3%. Para la mayoría, el aumento de 22,3% en dólares de las importaciones apuntó a una demanda interna que crece por encima del PIB y amplía el desequilibrio externo.
El bloque favorable al ajuste añadió que unas condiciones financieras internacionales menos favorables podrían elevar la prima de riesgo de Colombia, revertir la apreciación cambiaria y sumar presión sobre los precios. La perspectiva de políticas monetarias más restrictivas en las economías avanzadas, señalaron, reduce el apetito de riesgo de los inversores.
Los votos disidentes alertaron sobre una restricción excesiva

Entre tanto, los dos directores que votaron por mantener la tasa plantearon un diagnóstico distinto. Consideraron que la política monetaria ya era altamente contractiva: con una tasa de 12% en agosto y una inflación anual de 6,2%, estimaron una tasa de interés real cercana al 6%.
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Además, recordaron que la tasa había aumentado 275 puntos básicos desde el cierre de 2025 y que una parte del efecto de ese ajuste aún no llegaba a la economía debido a los rezagos de la política monetaria. Por eso cuestionaron el beneficio de una nueva alza frente a sus posibles efectos sobre la producción, la inversión, el crédito y el tipo de cambio.
Para este grupo, la capacidad de la tasa para responder a parte de las presiones era limitada en el corto plazo. Los alimentos y los precios regulados dependen en gran medida de factores de oferta, mientras los servicios están influidos por mecanismos de indexación, como los arrendamientos.
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La inquietud se extendió a la política fiscal. Uno de los directores advirtió que una mayor restricción monetaria, sumada a recortes de gasto en sectores que sostienen la inversión pública, podría contraer en exceso el producto, afectar el empleo y debilitar la acumulación de capital.
También señalaron que el diferencial entre las tasas colombianas y las de las economías desarrolladas favorece operaciones de carry trade, en las que los inversores se financian en países con intereses bajos para invertir en mercados con rendimientos más altos. Esos flujos elevan la demanda de pesos y favorecen la apreciación de la moneda.
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Según los directores que se opusieron al incremento, la combinación de una tasa real alta y un peso apreciado deteriora las condiciones financieras y competitivas de los productores de bienes y del sector agropecuario. A ello sumaron la necesidad de crédito e inversión para la reconstrucción posterior al terremoto y los riesgos de El Niño sobre la inseguridad alimentaria y la pobreza.
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