Estatuto Antiterrorista: el ministro Rodrigo Lara afirmó que organizaciones criminales podrán salir de la lista si se someten a la justicia

El Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno incluirá reglas para determinar qué organizaciones podrán ser consideradas terroristas y qué consecuencias jurídicas enfrentarán sus integrantes y estructuras. La propuesta, que reúne más de 130 artículos, será presentada este jueves ante el Consejo de Política Criminal, antes de avanzar hacia su eventual trámite en el Congreso.

Uno de los puntos previstos es un mecanismo para retirar de esa clasificación a grupos que decidan someterse a la justicia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que esa posibilidad estará relacionada con la ley de sometimiento que adelanta el Ministerio de Justicia junto con su cartera.

“Ahí hay un procedimiento garantista para incluir a esas organizaciones, también para excluirlas. Podrán ser excluidas, por ejemplo, cuando se sometan a la ley de sometimiento que está trabajando el ministro Iván Cancino con nosotros, el Ministerio del Interior”, afirmó Lara a medios de comunicación.

La iniciativa está siendo construida de manera conjunta por los ministerios del Interior, Justicia y Defensa. El proyecto plantea crear una lista de organizaciones terroristas y establecer disposiciones específicas para quienes sean incluidos en ella. La incorporación y el retiro de nombres deberán seguir el procedimiento definido por la propuesta y quedar en manos de las autoridades competentes.

Lara sostuvo que el criterio no estaría determinado por la manera en que una organización se presenta políticamente, sino por las conductas que ejecute. Al referirse al ELN, puso como ejemplo acciones que, según explicó, llevarían a aplicar esa clasificación. “Si una organización comete actos terroristas, como tirarle granadas o tirarle drones o sembrar minas, pues es una organización terrorista que debe ser tratada como tal”, manifestó.

El proyecto incorpora además herramientas dirigidas a golpear la capacidad económica de estas estructuras. Entre ellas aparecen mecanismos para identificar sus organizaciones en listas y medidas para perseguir sus recursos. La propuesta contempla un régimen de aprehensión de bienes que el Gobierno diferencia de la extinción de dominio, además de disposiciones para afectar las finanzas de las organizaciones incluidas.

Otro componente está relacionado con el aumento de las penas para delitos cometidos por estas estructuras. La iniciativa también plantea un régimen penitenciario especial dirigido a sus cabecillas, como parte de las medidas que busca establecer el nuevo estatuto. La propuesta incluye, además, disposiciones relacionadas con las operaciones militares. Entre las posibilidades contempladas aparece la determinación de qué organizaciones podrían ser objeto de operaciones con superioridad aérea, incluso bombardeos, siempre bajo las condiciones que establezca el proyecto y respetando las normas del Derecho Internacional Humanitario.

El cumplimiento de esas reglas será un elemento central para la aplicación de las medidas. El texto establece que las actuaciones previstas deberán ajustarse al Derecho Internacional Humanitario, incluido el uso de las herramientas militares contempladas para enfrentar a las organizaciones señaladas.

El Gobierno también prevé incorporar disposiciones para responder ante asonadas y ante situaciones en las que grupos armados utilicen a la población civil. A esto se suma un capítulo dirigido a las estructuras relacionadas con la minería criminal, otro de los fenómenos que el Ejecutivo busca abordar mediante el nuevo marco jurídico.

Según Lara, el objetivo general de la propuesta es ampliar las herramientas disponibles para enfrentar a las organizaciones consideradas terroristas y perseguir sus fuentes de financiación. El ministro explicó que el documento será sometido primero a la revisión del Consejo de Política Criminal.

Después de ese análisis, el Gobierno espera presentar el proyecto ante el Congreso para que continúe el trámite legislativo. La discusión parlamentaria será la siguiente etapa para definir el alcance definitivo de las medidas, los procedimientos para incluir o excluir organizaciones de la lista y las condiciones bajo las cuales podrán aplicarse las herramientas previstas en el Estatuto Antiterrorista.