Contraloría General deberá reanudar concurso de méritos que había sido suspendido por el terremoto: juez dio plazo de 48 horas

Un juez de familia del Circuito de Mocoa dejó sin efectos la suspensión del Concurso Abierto de Méritos de la Contraloría General de la República CGR 2024-2026 y ordenó reanudar el proceso, paralizado desde el 17 de septiembre de 2026 por las dificultades derivadas del terremoto registrado el 10 de agosto.

El fallo de primera instancia respondió a una acción de tutela presentada por Andrés Alberto Rocha Guevara contra la Contraloría, el contralor general y el Consejo Superior de Carrera Administrativa. El juez Mario Alberto Delgado dio 48 horas a la entidad para reactivar el proceso de selección.

“DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por el Consejo Superior de Carrera Administrativa de la Contraloria General de la República en sesión extraordinaria del 17 de septiembre de 2026, consignada en el Acta No. 005 y divulgada mediante el comunicado de la misma fecha, exclusivamente en cuanto dispuso suspender integralmente el Concurso Abierto de Méritos CGR 2024-2026 hasta el 31 de diciembre de 2026”, se lee en el documento citado por Caracol Radio.

La medida había detenido el concurso mientras la Universidad de Antioquia evaluaba antecedentes y respondía reclamaciones. Los resultados, previstos inicialmente para el 2 de diciembre, podían postergarse hasta marzo o abril de 2027, ya que se tenía previsto que la reanudación del concurso iba a comenzar desde el 1 de enero del año entrante.

La Universidad de Antioquia, operadora del concurso, sostuvo que las fases pendientes podían continuar porque correspondían principalmente a actuaciones documentales, internas y regladas. Esas tareas no requerían una intervención adicional de los aspirantes.

La institución también había advertido que extender la paralización durante unos 2,8 meses implicaría $747.943.228 en costos adicionales por personal, infraestructura tecnológica, custodia y seguridad vinculados al concurso.

Detalles del fallo

En cuanto a la decisión, el juez consideró que la Contraloría no tuvo en cuenta esa posición ni justificó por qué debían detenerse actividades que podían realizarse sin participación de los concursantes. La suspensión, según su visión, se aplicó a personas respecto de las cuales no se acreditó una relación material con la emergencia.

“Se reconoció de manera general el riesgo para aspirantes afectados por el terremoto, pero no se acreditó durante la deliberación la afectación concreta de participantes del concurso, no se individualizan las etapas que exigían su intervención, no se estableció por qué las actuaciones administrativas que podían adelantarse sin participación de aquellos debían igualmente paralizarse”, se lee en el fallo citado por el medio de comunicación.

Así mismo, la providencia no discutió la facultad general del Consejo Superior de Carrera Administrativa para suspender un concurso, pero estableció que su ejercicio debe cumplir condiciones de necesidad, proporcionalidad y motivación específica.

“Esta conclusión no desconoce la amplitud preventiva que el Decreto Legislativo 1384 de 2026 atribuyó a las autoridades administradoras de concursos”, precisa la decisión.

Finalmente, la decisión judicial sostuvo que el régimen excepcional no permitía presumir que cualquier actuación pendiente de un concurso nacional afectara necesariamente a las personas damnificadas por el terremoto.

El concurso de méritos de la Contraloría General de la República 2024-2026 tiene como propósito proveer 3.144 cargos de carrera administrativa.

Los candidatos ya habían presentado el examen escrito cuando se ordenó la interrupción. La Contraloría se encontraba en la fase de análisis de antecedentes, que permitirá asignar puntajes y consolidar la lista de quienes ocuparán las vacantes ofertadas.

El Decreto 1384 fue expedido durante la emergencia económica, social y ecológica declarada tras el sismo. La norma ordenó aplazar hasta el 31 de diciembre de 2026 los procesos de selección para empleos y cargos públicos en todo Colombia, con el propósito de proteger a las personas alcanzadas por la emergencia.

La suspensión no implica que cada convocatoria pública deba detenerse de manera automática. Las entidades responsables deberán establecer si sus etapas pueden seguir sin afectar a quienes viven, residen o resultaron directamente perjudicados en las zonas incluidas en la declaratoria.