Consejo de Estado ordenó revisar las tarifas de energía en el Caribe: las pérdidas podrían impactar lo que pagan los usuarios

El precio de la energía que pagan los ciudadanos del Caribe volverá a ser revisado por las autoridades regulatorias, luego de una decisión judicial que exige avanzar en cambios sobre las fórmulas utilizadas para calcular las tarifas. El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó dar cumplimiento a las determinaciones del Consejo de Estado dentro de una acción popular que cuestionó las condiciones del servicio en la región.

La orden compromete al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Ambas entidades deberán continuar y culminar las actuaciones administrativas necesarias para revisar los componentes tarifarios, con la expectativa de contribuir a una reducción del costo y avanzar hacia un precio considerado justo para los usuarios.

Uno de los asuntos que deberá entrar nuevamente en revisión es el tratamiento de las pérdidas de energía. El Consejo de Estado encontró elementos para mantener medidas destinadas a proteger derechos colectivos relacionados con el acceso a los servicios públicos y con una prestación eficiente y oportuna.

La discusión no se limita, por tanto, al valor que aparece cada mes en las facturas. Las autoridades tendrán que verificar si los niveles de pérdidas reportados por los operadores reflejan las condiciones reales del sistema y establecer si los distintos elementos incluidos en las fórmulas se aplican conforme a las normas vigentes.

Dentro de las actuaciones ordenadas aparece una reducción efectiva y significativa de las pérdidas eléctricas, de manera que los resultados de ese proceso puedan tener incidencia sobre el componente correspondiente de la tarifa. También se contemplan acciones para mejorar la infraestructura, proteger las redes y garantizar sistemas de medición capaces de establecer el consumo real.

La decisión incluye además medidas frente a situaciones que afectan el funcionamiento del sistema. Entre ellas están las conexiones ilegales, la manipulación de infraestructura y las alteraciones que puedan afectar el suministro o impedir una medición adecuada del consumo. De esta forma, el fallo aborda factores asociados al servicio y no únicamente al cobro final.

El origen del proceso se encuentra en una acción popular presentada en 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha. Las entidades solicitaron protección para los derechos colectivos de los usuarios frente a las condiciones de prestación y al costo de la energía eléctrica en el Caribe.

La controversia está relacionada con el régimen transitorio especial creado para la Costa Caribe después de la intervención de Electricaribe. Ese esquema permitió aplicar condiciones particulares para la distribución y comercialización de energía y buscaba contribuir a la sostenibilidad del servicio en la región.

Las pérdidas eléctricas ocupan un lugar especialmente sensible en la discusión. Durante el proceso, el Consejo de Estado señaló que había elementos para considerar que los usuarios que cumplen con sus pagos estaban asumiendo costos asociados al deterioro del sistema, la falta de inversiones suficientes y las pérdidas no técnicas.

Por esa razón, la Creg tendrá entre sus tareas establecer si los niveles reconocidos dentro de las tarifas corresponden realmente a las condiciones del sistema. También deberá evaluar si los mecanismos regulatorios empleados hasta ahora están generando los resultados esperados. Otro de los criterios planteados en la decisión es que las variaciones de las tarifas en el Caribe no resulten desproporcionadas frente al promedio nacional. El asunto adquiere relevancia en una región donde las altas temperaturas influyen en el consumo de electricidad y donde el precio del servicio ha provocado reclamos de usuarios, organizaciones sociales y autoridades locales.

Sin embargo, el fallo no significa que exista una rebaja inmediata en las facturas. La decisión no fija un porcentaje específico de reducción ni establece una fecha determinada para que los cobros disminuyan. Su alcance consiste en ordenar que el Ministerio de Minas y Energía y la Creg adelanten y culminen los procedimientos administrativos requeridos para revisar y modificar las fórmulas tarifarias.