Protección para las víctimas en la JEP disminuyó notablemente en el Gobierno Petro, según Enrique Gómez: “Nadie escuchó a Ramelli llorándole”

Mientras el país espera por el segundo debate que enfrentará la Jurisdicción Especial para la Paz ante el Congreso para definir el presupuesto con el que operará en 2027, en la mañana del martes 6 de octubre, el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, reveló nuevas cifras sobre los rubros de funcionamiento de esa justicia transicional.

A través de su cuenta de X, el congresista afirmó que la protección de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz cayó 92,4% entre 2022 y 2026, mientras el presupuesto total de ese tribunal aumentó y ahora enfrenta un recorte de 170.000 millones de pesos para 2027.

Según las cifras presentadas por el congresista, los recursos para protección de víctimas, entre funcionamiento e inversión, pasaron de $49.563 millones en 2022 a $3.755 millones en 2026. Gómez sostuvo que la mayor asignación del período analizado se registró durante el gobierno de Iván Duque, con $ 124.813 millones acumulados en cuatro años.

“No es por ser cansón, pero realmente la JEP es el colmo y su presidente y Ramelli también. Pare de bolas a este dato: la protección de víctimas tuvo su mayor presupuesto en la historia con Iván Duque, ascendió a 49.000 millones de pesos. ¿Y adivinen qué hizo el compañero Petro apenas llegó? Lo bajó a 10.800 millones de pesos y siguió bajando año por año hasta llegar dentro de la JEP a solo 3.700 millones de pesos”, comentó Gómez.

La reducción comenzó en 2023, de acuerdo con el senador, y continuó durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Gómez contrastó esa disminución con el crecimiento de los fondos generales de la JEP, que pasaron de $395.049 millones en 2022 a $781.470 millones en 2026.

La controversia por el recorte de 2027

La discusión surgió tras la reducción de 170.000 millones de pesos prevista para el presupuesto de la JEP en 2027. Gómez había propuesto ese ajuste, que fue respaldado por el presidente Abelardo de la Espriella y abrió un debate sobre sus efectos en el funcionamiento del tribunal.

El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, advirtió que el recorte podría afectar, entre otros aspectos, la protección de las víctimas. Para Gómez, esa advertencia resulta contradictoria frente a la caída que, según dijo, ya habían registrado esos recursos desde 2023.

El senador cuestionó que Ramelli hubiera señalado la protección a las víctimas como uno de los rubros comprometidos por la disminución presupuestaria. “¿Y qué fue lo primero que Ramelli dijo que iba a quitar del presupuesto? La protección de las víctimas. Como contradictorio, ¿cierto?”, afirmó.

Gómez también reprochó que el presidente de la JEP no hubiera denunciado antes la reducción de esos fondos. “Nadie escuchó a Ramelli suplicando a los organismos internacionales por la reducción en la protección de las víctimas del Gobierno Petro, pero cuando logramos reducir en 170 mil millones de pesos el presupuesto de la JEP para 2027, ahí sí Ramelli reaccionó”, señaló.

En su declaración, el congresista sostuvo que la JEP contó con recursos suficientes para atender esa área pese al aumento de su presupuesto general.

“Nadie escuchó a Ramelli llorándole a Petro por la reducción en la protección de las víctimas, pero cuando logramos reducir en ciento setenta mil millones de pesos el presupuesto de la JEP para 2027, ahí sí Ramelli se despelucó”, dijo.

La JEP calcula que operaría con $651.803 millones en 2027

La posición de la Jurisdicción Especial para la Paz contrasta con los cuestionamientos del senador. La entidad informó que el Gobierno había incluido inicialmente $821.803 millones para 2027, una suma que ya estaba por debajo de los $947.642 millones solicitados para cubrir sus necesidades. Tras la reducción aprobada en primer debate, el presupuesto quedaría en $651.803 millones.

De acuerdo con la JEP, el monto sería $129.667 millones inferior al presupuesto vigente en 2026. Del ajuste de $170.000 millones, $140.000 millones corresponden a inversión y $30.000 millones a gastos de funcionamiento. La jurisdicción advirtió que la disminución coincidiría con el avance de los 11 macrocasos que investiga sobre hechos del conflicto armado.

El tribunal sostuvo que una menor disponibilidad de recursos podría afectar las diligencias judiciales en los territorios, la representación legal y el acompañamiento psicosocial de las víctimas. También señaló posibles repercusiones para las garantías procesales de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a esa jurisdicción.

La JEP afirmó que ha aplicado medidas de ahorro, entre ellas el uso de herramientas virtuales para algunas actuaciones, la programación anticipada de audiencias y cambios en la logística. Según sus cálculos, esas decisiones generaron ahorros cercanos a $21.575 millones entre 2024 y julio de 2026. La entidad insistió en que la solicitud ante el Congreso busca conservar los recursos inicialmente previstos y no ampliar su mandato, cuya vigencia constitucional está fijada hasta 2033.