Nuevo golpe contra la criminalidad en Colombia: cinco capturados, arsenales incautados y laboratorios de droga destruidos

La ofensiva contra la criminalidad y la delincuencia en Colombia no se detiene. En la mañana del martes 6 de octubre de 2026, se presentó un nuevo balance de los operativos de la fuerza pública contra los grupos armados y minería ilegal en varias regiones de Colombia, con capturas, sometimientos, destrucción de explosivos y maquinaria.

Inicialmente, el Ejército detuvo a cinco presuntos integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la que fueron incautados un arma larga, tres armas cortas, munición, entre otros materiales de intendencia.

Del mismo modo, las autoridades anunciaron la detención de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en acciones realizadas en Santa Fe de Antioquia y Tierralta, Córdoba.

En Florencia, Caquetá, dos integrantes de la estructura Raúl Reyes de las disidencias de las Farc se sometieron a la justicia y entregaron tres armas largas, un dron y tres artefactos explosivos para drones.

De otro lado, en Sardinata, Norte de Santander, la Policía realizó la destrucción controlada de 100 artefactos explosivos que al parecer pertenecían al ELN. El procedimiento tenía como objetivo impedir su uso contra la Fuerza Pública o la ciudadanía.

A su vez, en Chaparral y Coyaima, departamento de Tolima, la Policía intervino cinco unidades de producción minera ilegal sobre el río Saldaña, en la que destruyó seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales.

La maquinaria estaba avaluada en $3.198 millones, mientras que la extracción de oro de esos puntos podía alcanzar $4.000 millones mensuales, respectivamente.

Igualmente, el Ejército también afectó 24 unidades de producción minera ilegal y 21 dragas. Por último, se reportó la destrucción de 26 motobombas y ocho clasificadoras, por parte de uniformados de la Policía Nacional, en el municipio de Ayapel, Córdoba.

Ante ello, el presidente Abelardo de la Espriella destacó la labor de las autoridades y reiteró el compromiso para afectar a las organizaciones armadas ilegales en el país.

“Mi orden ha sido clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. ¡Vamos por todos!”, explicó De la Espriella en su cuenta de X.

Fuerza de Tarea Urano

Por otra parte, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó el 5 de octubre en Valledupar (Cesar), la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad con base en Aguachica, Cesar, destinada a perseguir las redes de mando y financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) vinculadas al robo de hidrocarburos.

La operación buscará intervenir toda la cadena criminal, desde la sustracción y el almacenamiento del combustible hasta su transporte, comercialización y renta.

La nueva estructura reunirá aproximadamente 1.200 hombres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Durante el acto, De la Espriella sostuvo que el Estado puede derrotar a las organizaciones armadas y pidió a los integrantes de la unidad actuar con “inteligencia, disciplina y apego a la Constitución y la ley”.

Las tropas ya fueron desplegadas en Cesar mientras se definían los mecanismos operativos de la fuerza. Su área de cobertura incluirá el Magdalena Medio, Catatumbo, Cesar y los corredores que conectan esas zonas con Norte de Santander.

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano tendrá presencia en los trayectos Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, además de sectores próximos al poliducto. Los ministros señalaron que la prioridad estará puesta en el corredor entre Tamalameque y Aguachica, donde se concentrará la ofensiva contra el hurto de gasolina y las organizaciones criminales asentadas en la zona.

El control de las vías y de la infraestructura energética apunta a limitar la capacidad logística de los grupos armados que obtienen recursos mediante actividades ilegales. La misión incluye afectar sus redes de abastecimiento y sus fuentes de financiación.

La campaña fue definida por el Ministerio de Defensa como un esfuerzo “coordinado, diferencial, dinámico y transitorio”. La dirección estratégica estará a cargo del Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad, por medio de la Dirección de Seguridad Nacional, que deberá articular las acciones sin intervenir en las líneas de mando operativas.

El Comando General de las Fuerzas Militares contará con 15 días desde la expedición de la directiva para emitir las órdenes de implementación y activar una organización conjunta de carácter modular. La creación formal de esa estructura requerirá la aprobación del ministro de Defensa.