Ley de sometimiento: el Ministerio de Justicia radicará proyecto en el Congreso antes de tercera semana de octubre

El ministro de Justicia, Iván Cancino González, aseguró que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso una iniciativa de sometimiento para organizaciones armadas ilegales. “Esta semana, o a más tardar la otra, el país conocerá la ley de sometimiento”, afirmó el funcionario en una comunicación oficial, el lunes 5 de octubre.

Cancino sostuvo que la propuesta no abrirá negociaciones políticas con grupos armados, sino que establecerá un mecanismo jurídico para quienes abandonen las armas y colaboren con el esclarecimiento de hechos criminales. El proyecto deberá surtir cuatro debates reglamentarios, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, antes de una eventual aprobación.

“Este Gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones”, declaró el ministro.

El Gobierno descarta negociaciones políticas con estructuras ilegales

El jefe de la cartera de Justicia planteó que cualquier organización interesada en acceder a beneficios tendrá que someterse a las reglas que establezca el Estado. Según explicó, la discusión será jurídica y no tendrá un componente político.

Cancino señaló que las personas que entreguen las armas, aporten información y protejan a las víctimas podrán acceder a herramientas legales. A la vez, advirtió que quienes rechacen la posibilidad de someterse y persistan en actividades criminales serán perseguidos por las autoridades. “Quien rete al Estado, que no acepte esto, que quiera seguir delinquiendo, va a ser perseguido con toda la contundencia que permita la Constitución y la ley”, afirmó.

El ministro enmarcó la propuesta en el respeto de los tratados internacionales, la Constitución y los compromisos asumidos por Colombia. Insistió en que el eventual marco de sometimiento buscará combinar incentivos para dejar la violencia con consecuencias para quienes incumplan las condiciones fijadas.

Las víctimas tendrán incidencia en los beneficios y las suspensiones de penas

Uno de los puntos centrales expuestos por Cancino fue el papel que tendrán las víctimas dentro del proyecto. El funcionario aseguró que podrán intervenir en las decisiones sobre beneficios extraordinarios y eventuales suspensiones de condenas para integrantes de estructuras ilegales.

“Las víctimas seguirán siendo el eje central”, sostuvo. De acuerdo con su explicación, los grupos armados que aspiren a los beneficios deberán ofrecer información sobre sus rutas de movilización, fuentes de financiación y vínculos con hechos de corrupción y actores políticos.

El ministro afirmó que la entrega de recursos económicos no será suficiente. Quienes pidan un tratamiento especial tendrán que contribuir con la verdad, el perdón, el esclarecimiento de los hechos y la reparación efectiva de las personas afectadas por el conflicto.

“Quien pide beneficios extraordinarios al Estado tiene que cumplir obligaciones extraordinarias frente a las víctimas”, dijo Cancino, que señaló que la reparación debe reflejarse en resultados concretos y no limitarse a decisiones judiciales o al reconocimiento de montos económicos.

Cancino planteó acelerar los procesos pendientes de Justicia y Paz

La intervención del ministro estuvo centrada en los 20 años de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Cancino sostuvo que esa experiencia dejó avances en el conocimiento de estructuras criminales, patrones de violencia y afectaciones a víctimas, aunque también expuso demoras y dificultades en la ejecución de las reparaciones.

El funcionario recordó que, según un balance consolidado de la Rama Judicial con corte a marzo de 2025, las salas de Justicia y Paz habían emitido cerca de 100 sentencias sobre casi mil postulados. Además, registraban más de 16.000 hechos judicializados, alrededor de 74.000 delitos y más de 127.000 víctimas reconocidas con algún tipo de reparación.

Ese mismo reporte incluyó cerca de $6 billones en indemnizaciones reconocidas judicialmente y 831 bienes con extinción del derecho de dominio. Cancino advirtió que esas cifras deben traducirse en reparaciones que lleguen efectivamente a las víctimas.

El ministro consideró que uno de los principales problemas de la justicia transicional ha sido el paso del tiempo. Señaló que una decisión judicial o una reparación que tarda décadas puede perder parte de su capacidad reparadora, aunque mantenga valor para el esclarecimiento de los hechos.

El Ministerio de Justicia propone priorizar expedientes y proteger archivos

Frente a los casos que siguen abiertos, Cancino anunció que el Ministerio de Justicia buscará acelerar los procesos pendientes mediante criterios de priorización, concentración de esfuerzos y mejores instrumentos de gestión judicial.

También planteó proteger y sistematizar la información producida durante las dos décadas de funcionamiento de Justicia y Paz. Según explicó, esos archivos tienen valor judicial, histórico y preventivo, ya que contienen elementos sobre el funcionamiento de organizaciones armadas, redes criminales y afectaciones en distintos territorios.

“No basta con dictar sentencias, hay que verificar que las órdenes realmente se cumplan”, expresó el ministro. En ese sentido, propuso revisar la situación de los postulados que cumplieron los compromisos asumidos y de quienes ocultaron bienes, omitieron información o continuaron con actividades delictivas.

Cancino indicó que el Gobierno también deberá definir una estrategia de cierre para Justicia y Paz, con plazos, recursos e instituciones responsables de conservar el conocimiento y los archivos cuando termine la fase judicial. Mientras tanto, la expectativa queda puesta en la presentación del proyecto de ley de sometimiento, que el ministro prevé radicar en el Congreso antes de la tercera semana de octubre.